Puente de la Concordia (Madrid), construido por Ferrovial, en diciembre de 2021, antes de que se inaugurara (foto: David Spence del Valle/Shutterstock)
Si al final Ferrovial decide trasladar su sede social a los Países Bajos, el gobierno de Pedro Sánchez no podría impedirlo. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales por parte de los gobiernos de la UE. De todos modos, el gobierno está haciendo todo lo posible para interferir en la libre autodeterminación de los accionistas. Desde asegurar por escrito que con la legislación actual es posible que las acciones de Ferrovial coticen a la vez en Wall Street y en el Ibex –algo discutido por otros expertos bursátiles y que ninguna empresa española ha utilizado–, hasta la amenaza no tan velada de que la operación podría tener un coste fiscal importante, si la Agencia Tributaria Española considera que el traslado a los Países Bajos no responde a motivos económicos sino a la búsqueda de un beneficio fiscal.
