De un tiempo a esta parte, para la aprobación de las leyes no solo se busca una mayoría de votos, sino también el aval de la “evidencia científica”. Esto sirve hasta para las leyes más ideológicas, como la ley trans recién aprobada en el Congreso. En su Exposición de motivos, la ley apela a que la OMS “eliminó la transexualidad del capítulo sobre trastornos mentales, trasladándola al de condiciones relativas a la salud sexual”. Lo que supone, sigue diciendo, “el aval a la despatologización de las personas trans”.
Algo que no impresionó a la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual y el Observatorio de Salud Sexual (ONSEX), que adoptaron una posición común en la que recordaban que, si bien la OMS dejó de considerar la transexualidad un trastorno, esto no significa que reconocer su existencia en los casos concretos pueda depender únicamente, a efectos legales, del deseo de la persona concernida. Las instituciones firmantes criticaban además que el borrador de ley, en el que advertían la influencia de teorías pseudocientíficas, reforzase la idea de que “al final ser hombre o mujer no es una realidad biológica, sino una especie de rol utilizable en el mercado de las identidades”.
Pero como el presupuesto central de la ley es “despatologizar” la transexualidad, se hace tabla rasa de los criterios médicos que hasta ahora identificaban un caso de disforia de género, para basarse solo en la identidad sentida por la persona.
Un criterio que, en cambio, no sirve si la persona busca libremente no la transición de género sino una ayuda médica para superar un problema de incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género. Esta ley tan tolerante prohíbe cualquier terapia destinada a “modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona interesada”. Es curioso que, aunque un menor puede a partir de los 12 años iniciar el cambio de sexo, una persona mayor de edad no tiene el derecho a buscar la ayuda médica que precisa para identificarse con su sexo. Aquí el Estado se inmiscuye en la relación entre el paciente y el médico, descartando cualquier intervención como si todas fueran fraudulentas “terapias de conversión”.
Así que el Estado se mete a decidir por ley qué es una patología, qué terapias son o no aceptables, por qué unas se prohíben y otras –si van en la Iínea de la transición– pasan a formar parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Todo en nombre de la evidencia científica. Pero la realidad es que en España, los especialistas en problemas de identidad de género se han mostrado muy reticentes respecto a la base científica en la que pretende ampararse esta ley.
No menos contundente fue la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, que, entre otras reservas, manifestaba su preocupación ante el modo de abordar el problema en los menores de edad. Se preguntaba: “¿cómo se valorará la estabilidad de la identidad trans si no se exige una valoración por parte de un profesional médico/psicólogo?”.
También les preocupaba que tenga más fuerza el consentimiento informado que la valoración del especialista, y también que la ley condicione la libertad de práctica clínica: “el profesional está casi ‘obligado’ a posicionarse en un marco de razonamiento único que impide la exploración y contextualización individual”.
A su vez, la Asociación Española de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia manifestó el pasado mes de octubre que la ley podría causar en los niños “dificultades en su desarrollo socio-emocional e identitario”. Señalaba que “se ignora un término/realidad tan relevante como el sexo”. También calificaron de “negligencia grave institucional” que no se haya contado con la experiencia y conocimiento de los psiquiatras de niños a la hora de elaborar la ley.
Por su parte, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos se pronunció reclamando la exigencia de un diagnóstico médico multidisciplinar de la disforia de género.
En fin, si alguna sociedad científica se hubiera manifestado en apoyo de la ley, el gobierno habría hecho todo lo posible para destacarla, pero ha preferido ignorar los pronunciamientos. Ya se sabe: los críticos padecen transfobia, que es la nueva patología que ha surgido de la despatologización de la transexualidad.
Capacidad de gestar
La ley trans no solo permite cambiar de identidad de género a voluntad, sino que también necesita inventarse una neolengua. Términos tan acreditados como padre y madre son retorcidos para adecuarlos a la nueva normativa. En el Código Civil (art. 120, 1º), donde se habla de la filiación no matrimonial, se sustituye el término “padre” por “padre o progenitor no gestante”, con lo cual se tiene en cuenta a parejas de hombres cuando uno de los miembros sea “un hombre trans con capacidad de gestar”. O sea, lo que indicaría que no es un hombre sino una mujer, en realidad nos dice que es un hombre con una capacidad femenina. El BOE lo aguanta todo sin rechistar.
También se aclara que “el término de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes”. O sea, que cuando hablamos de madre biológica también puede ser una persona de sexo biológico femenino pero que ahora tiene la identidad de un señor. Esperemos que se implique a fondo en la crianza del hijo, que puede estar bastante confuso respecto a sus progenitores A y B.
Como la ley no puede garantizar que el “progenitor no gestante” alimente a su hijo legal, no tendrá más remedio que recurrir a las leches de fórmula. Y un artículo publicado en British Medical Journal ha analizado las virtudes saludables que aparecen en los envases o en los anuncios de estos sustitutivos de la leche materna, y su conclusión es que tienen escasa o nula evidencia científica. De 608 productos analizados, en la mitad de los casos no se identificaba el supuesto ingrediente beneficioso y en el 74% de los productos no se ofrecía ninguna referencia científica para justificar las afirmaciones sobre sus efectos saludables. Sus conclusiones ponen en guardia contra la publicidad de las leches de fórmula, y recuerdan que, siempre que sea posible, no hay nada tan saludable y barato como la leche materna.
Deberíamos tener la misma precaución frente al activismo trans, que pretende que una sociedad más sana es aquella en la que el sexo biológico no determina la identidad. En esto también se apela a una teoría, que en realidad es la ideología queer, para vendernos que lo que la naturaleza nos enseñaba hasta ahora no es tan verdadero como lo que dictamina la ideología.
Habría que analizar la consistencia científica de las teorías que propugnan que los menores puedan empezar cuanto antes un proceso de cambio de sexo, impidiendo con hormonas y cirugías su desarrollo natural. A quienes invocan en este caso el “interés superior del menor” habría que exigirles que mostraran su “evidencia científica”, igual que a las leches de fórmula se les reclama que justifiquen sus afirmaciones.
