Si algo no falta en el arsenal legislativo actual son leyes antidiscriminación. Esto indica un sano aprecio por la igualdad, y el deseo de rectificar yerros del pasado. Pero también llega un momento en que uno se plantea si hace falta añadir una ley más o simplemente hacer cumplir las que ya tenemos. En el caso de las normas para evitar la discriminación por orientación sexual, más que un vacío legal hay un llenazo.
En la Unión Europea, la prohibición de trato discriminatorio por distintos motivos, entre ellos la orientación sexual, está recogida en numerosos textos legales: la Carta de Derechos Fundamentales, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; las Directivas sobre Igualdad en el empleo, sobre igualdad de trato independientemente del género, la del acceso a bienes y servicios; la Lista de acciones para el progreso de la igualdad de LGTB… A esto hay que sumar las leyes adoptadas en cada Estado miembro con este fin. Ahora la Comisión Europea acaba de añadir su Estrategia de igualdad para lesbianas, gais, bisexuales, trans, no binarios, intersex y queer (sic), para el quinquenio 2020-2025. La novedad terminológica de la Estrategia LGTBIQ es esa Q final, que repara el lamentable olvido de los queer. En estos temas, en cuanto te descuidas excluyes a alguien.
Para justificar la necesidad de esta nueva Estrategia, la presentación alude a la encuesta on line llevada a cabo en 2019 por la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales entre casi 140.000 personas mayores de 18 años que se consideran LGTBIQ. Para ver si se avanza o no, los resultados de esta encuesta se comparan con los de otra similar realizada en 2012. Hay que tener en cuenta que el cuestionario pregunta casi siempre por la discriminación sentida más que por hechos concretos.
La encuesta nos da la mala noticia de que el 43% de los participantes se sienten discriminados en sus derechos en la vida diaria. Es más, el informe dice que “comparando los resultados de las encuestas de 2012 y 2019 apenas se nota progreso, si es que hay alguno”. Es llamativo que, después de tantos esfuerzos, apenas se haya mejorado. Pero quizá es que los LGTB están cada más sensibilizados para interpretar como discriminatoria una frustración de sus deseos.
Por ejemplo, el 21% dicen que se han sentido discriminados en el trabajo, y entre ellos, un 11% “al buscar empleo”. Pero ¿cómo podía saber el empleador que el candidato era LGTB? Porque no creo que lo haya puesto en el curriculum vitae. Lo cierto es que fácilmente uno se siente discriminado por el hecho de no ser escogido para un empleo o para un ascenso, cualquiera que sea su orientación sexual. Pero lo que sentimos no tiene por qué coincidir con lo real. Sin embargo, el informe concluye: “La discriminación en el ámbito del trabajo sigue siendo una realidad”.
Puestos a rastrear la discriminación, el informe desciende al detalle de que el 60% evitan ir de la mano en público con su pareja del mismo sexo. Pero quizá esto solo indica que les parece fuera de lugar que dos hombres hechos y derechos vayan de la mano. De todos modos, la intolerancia no debe de ser tan amenazadora cuando la proporción de los que se presentan a menudo o siempre como LGTB ha crecido del 36% en 2012 al 59% en 2019.
Más preocupante –por referirse a hechos y no a sentimientos– es que el 5% de los LGTB afirmen que en el último año han sufrido un ataque físico o sexual. El cuestionario no distinguía las distintas formas del ataque, pero solo el 14% de los que las sufrieron (es decir, 980 de los 144.000 encuestados) las consideraron suficientemente relevantes para denunciarlas a la policía.
Estas manifestaciones de intolerancia dan pie al informe para adoptar el título de: A long way to go for LGTBI equality. En esta materia, por mucho que se reconozcan derechos y aun protecciones especiales a este colectivo, parece que el camino hacia la igualdad siempre se alarga. O quizá también al colectivo le interesa mantener su condición de víctima del pasado para hacer avanzar su propia agenda, aunque la situación actual sea muy diferente.
La Comisión Europea da por buenos estos datos de la encuesta para justificar su recién presentada Estrategia en favor de la igualdad para los LGTB. Algunas de las acciones clave previstas en la Estrategia van en la línea de luchar contra la discriminación en el empleo de los LGTB. Sin duda, se trata de que los integrantes de este colectivo tengan los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Pero cabe preguntarse si la Comisión Europea se muestra tan activa y mantiene políticas específicas para el empleo de otros trabajadores que lo tienen crudo, como los mayores de 50 años, las mujeres con tres hijos o los jóvenes que arrastran contratos temporales.
La Estrategia asegura que los LGTB son objeto con más frecuencia de delitos de odio y de lenguaje del odio, por lo que se propone ampliar la lista de estos delitos para proteger a este colectivo. Pero sería más sensato aplicar la legislación existente en vez de ampliar la lista de delitos por discurso de odio, un concepto controvertido entre los juristas por su definición imprecisa y su incidencia en la libertad de expresión. Y más teniendo en cuenta la facilidad con que los activistas LGTB intentan acallar cualquier crítica acusando al discrepante de homófobo y de estar inspirado por el odio.
Otra de las iniciativas de la Estrategia será proteger los derechos de las que llama “familias arcoíris”, de modo que las diferencias de legislación entre los países miembros no impidan que sean reconocidas cuando se trasladan a otro país. Es decir, que un Estado miembro tendría que reconocer a una pareja de gais que han conseguido en Ucrania un hijo por un vientre de alquiler, aunque su legislación no reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo ni la maternidad subrogada. Y eso, a pesar de que la legislación sobre familia sea una competencia puramente nacional.
En fin, la Comisión Europea se compromete a “integrar la lucha contra la discriminación que afecta a los LGTBIQ en todas las políticas de la UE y en sus principales iniciativas”. Realmente es difícil encontrar otra causa a la que la Comisión preste un respaldo tan rotundo y omnicomprensivo. ¿La integrará también en la política agraria común y en la lucha contra el cambio climático?
Pero cabe preguntarse si, en nombre de la igualdad, es necesario hacer leyes y políticas especiales sobre los derechos de los LGTB, un trato que no suele darse a otros colectivos.
