Cuando se habla de la corrupción, solemos pensar en alguien –especialmente un político– que se ha embolsado algún dinero público. Pero, en términos cuantitativos, es mucho más grave el volumen de fondos públicos despilfarrados en proyectos fantasiosos e innecesarios, emprendidos por políticos aquejados de manías de inversión. Así se han multiplicado las universidades públicas con las mismas titulaciones en provincias vecinas, los museos de arte moderno sin colección, las autopistas sin tráfico que las justifique y las pistas de aeropuerto empleadas para aparcar aviones no comerciales.
Los aeropuertos han sido, en particular, el juguete favorito de los visionarios de la época de vacas gordas. Había que hacer o ampliar los aeródromos en cualquier capital que se preciase, ya que, cómo no, el crecimiento potencial era evidente, el tráfico solo podía aumentar, y el impacto en la economía regional sería notable. El entusiasmo por volar alto era aún mayor cuando se disparaba con pólvora, no del rey, sino de la Unión Europea, tan generosa con sus fondos estructurales. Así, entre 2000 y 2013, España recibió unos 700 millones de euros para la inversión en infraestructuras aeroportuarias.
Ahora el Tribunal de Cuentas de la UE, encargado de auditar los fondos públicos, ha apuntado a España como uno de los Estados que más ha despilfarrado la financiación europea en aeropuertos. En concreto, critica la ausencia de rentabilidad de ocho aeropuertos que obtuvieron fondos públicos para su expansión: Córdoba, Badajoz, Burgos, Fuerteventura, la Palma, Murcia, Vigo y Madrid-Barajas. En la mayoría de los casos, el Tribunal de Cuentas considera demostrado que no había ninguna necesidad de ampliarlos. El que sale peor parado es el aeropuerto de Córdoba, que el gobierno español decidió aumentar en 2008 “sin que el crecimiento potencial, un análisis de coste-beneficio o cualquier otra circunstancia pudiese justificarlo”, dice el documento del Tribunal de Cuentas. La cifra de viajeros registrada en lo que va de año asciende a 6.186, lo que queda muy lejos de los 179.000 previstos cuando se decidió la inversión, y además acusa una bajada del 3,6% respecto al año anterior.
En medio de este despilfarro en aeropuertos, es un consuelo saber que hay quien sabe sacarle partido a las infraestructuras infrautilizadas. En estos días un reportaje de El País hablaba de una treintena de personas sin hogar que viven en la terminal 4 (T4) de Barajas, mimetizadas con los 110.000 pasajeros que pasan cada día por el aeropuerto. Viven allí porque el aeropuerto es un sitio caliente, seguro, con buenos aseos, con sobras de los restaurantes, y con la posibilidad de sacar algo de dinero trapicheando con los servicios de carritos, plastificado o transporte de maletas. Eso sí, hay que ir decentemente vestido y aseado, no montar líos y no crear problemas. Con esos requisitos, los guardas de seguridad no se meten con estos inquilinos de la T4, ya que un aeropuerto es a todos los efectos legales un espacio público. Según dicen, lo mismo pasa en Barcelona y en otros aeropuertos.
Resulta un alivio que en una época de desahucios estos sin techo hayan encontrado un espacio más o menos acogedor, gracias a los delirios de grandeza de políticos visionarios. A falta de pasajeros, algunos aeropuertos tienen huéspedes fieles.
