La protesta de los enfermos de hepatitis C, que exigen que el gobierno les pague un tratamiento carísimo pero con tasas de curación del 90% al 95% de los casos, se presenta como la reclamación de un deber de justicia. ¿Cómo se puede regatear una terapia en la que a veces está en riesgo una vida? “¡No son muertes, son asesinatos!”, claman las pancartas.
Las informaciones dicen que los fármacos, producidos por laboratorios de EE.UU., cuestan unos 50.000 euros por enfermo, un precio exorbitante que el gobierno intenta rebajar negociando con los propietarios de las patentes. Según los reclamantes, hay que pagar lo que sea cuando hay vidas en riesgo. Entonces, ¿serviría igual el argumento si el coste fuera 500.000 o un millón por paciente?
La realidad es que, aunque la vida humana sea preciosa, también la sanidad tiene que hacer sus cuentas si quiere ser sostenible. En España hay 50.000 enfermos diagnosticados de hepatitis C. El gobierno ha anunciado que en 2015 entre 5.000 y 6.000 enfermos recibirán esos tratamientos, si el médico lo prescribe. La Asociación española para el estudio del hígado se rebela ante esa limitación y asegura que 30.000 necesitan ya esa terapia.
Si es así, el coste sería –a 50.000 € por paciente– 1.500 millones de euros, que habría que añadir a la factura de Sanidad. Como en las cifras millonarias es fácil perder de vista la magnitud, a título de comparación se puede tener en cuenta que esa cantidad superaría todo lo que el Estado dedica a las becas educativas (1.470 millones en 2014).
“Pago mis impuestos, quiero tratamientos”, dicen los enfermos. Pero no creo que haya muchos que paguen 50.000 € al año en impuestos, porque en tal caso podrían sufragarse directamente los fármacos. Así que, como el dinero no sale del bolsillo de Rajoy, lo que están haciendo los manifestantes es apelar a la solidaridad del resto de los ciudadanos. ¿Estamos dispuestos a pagar esos 1.500 millones? ¿Debemos pagarlos?
Aunque sea solo un burdo cálculo, si hubiera que repartir los 1.500 millones entre los 19,4 millones de contribuyentes, nos tocaría a 77 € más per cápita. ¿Nuestra solidaridad con estos enfermos llega hasta querer pagar ese suplemento?
También cabe preguntarse por qué hay que financiar esos caros tratamientos cuando se trata de curar a pacientes de hepatitis C, si no se hace lo mismo con los de otras enfermedades. Porque, aunque el sistema sanitario español tenga una alta calidad, también podrían salvarse vidas de pacientes que aquí mueren y que quizá serían curados si ingresaran en la clínica Mayo. De hecho, de vez en cuando vemos casos de padres angustiados que recurren a cuestaciones públicas en televisión para poder llevar a su hijo a un centro prestigioso del extranjero. ¿Estos no tienen derecho a la financiación pública porque la enfermedad de su hijo es más minoritaria?
Nos puede parecer muy injusto el precio que los laboratorios exigen por esos fármacos. Pero si existen esos medicamentos es porque las farmacéuticas hicieron las grandes inversiones necesarias para descubrirlos, con la esperanza de sacarles una alta rentabilidad. Si fuéramos un país pobre, quizá podríamos invocar, para producir genéricos, las excepciones a los derechos de patentes que la Organización Mundial de Comercio prevé en casos de extrema necesidad, como se ha hecho para abaratar los fármacos contra el sida. Pero como no es el caso, solo nos queda que el Ministerio de Sanidad logre negociar un precio más barato con los laboratorios. Y eso sí se le puede pedir al gobierno.
Para rebajar la factura sanitaria también puede ayudar evitar el gasto innecesario en que no pocas veces incurre la sanidad, tanto pública como privada. La pasada semana la Sociedad Española de Radiología Médica publicaba un informe en el que decía que una de cada tres pruebas radiológicas –como las radiografías y las mamografías de cribado– es innecesaria, porque no aporta información relevante y además supone un riesgo añadido. Así que un “recorte” en este aspecto parece que mejoraría las finanzas sanitarias y la salud de los pacientes.
Si no hay suficiente dinero, tampoco se entiende que todavía haya comunidades autónomas que sigan financiando la fecundación artificial de mujeres cuya infertilidad no responde a una patología sino a que han elegido como pareja a otra mujer. Este es el caso de Cataluña y Andalucía –dos comunidades que incumplen el objetivo del déficit público– y de Extremadura, una de las más pobres.
Es comprensible el afán de los enfermos de hepatitis C por lograr el acceso a fármacos que pueden salvar o facilitar sus vidas. Es deseable que se consiga a un precio razonable. A la vez, en el tono de la protesta –y en la utilización política de algunos grupos– se advierte la creencia en el gratis total del Estado de Bienestar. Una enfermedad que por ahora no tiene vacuna.
