En el clímax de la pandemia, los hospitales han aplazado muchas intervenciones no esenciales, para centrarse en la atención de los enfermos de coronavirus. Pero los criterios de lo que es esencial e inaplazable son variados, más por razones ideológicas que médicas. Por ejemplo, en Canadá varias clínicas de Ontario han dejado de practicar eutanasias para prevenir ocasiones de contagio y liberar recursos sanitarios. Inmediatamente han surgido las críticas de otros, para quienes la eutanasia (bautizada allí como “ayuda médica a morir”) debe ser considerada “un derecho humano de los pacientes” y por lo tanto como “un servicio esencial” que no puede ser postergado.
Con un criterio puramente pragmático, y habida cuenta de lo letal que es el virus con los más mayores, quien desee morir en estos días lo tiene fácil: basta que procure contagiarse. No necesitaría gastar recursos médicos. Sin embargo, lo que muestra la reacción ante la pandemia es que la gente es esencialmente provida, y espera que el sistema sanitario se vuelque en recuperar también a pacientes de más de 70 años, a los que quizá les quedan pocos años. Lo llamativo es la actitud de los médicos pro eutanasia, según comentaba MercatorNet: “Mientras todo el país –¡todo el mundo!– se moviliza para salvar tantas vidas como sea posible, ellos se quejan de que han tenido que dejar de matar a sus pacientes”.
La atención médica a los partos sigue siendo un servicio esencial en estos tiempos de muerte. En cambio, los activistas proaborto han aprovechado la cuarentena en el Reino Unido para lograr algo por lo que vienen batallando desde hace años: favorecer el aborto doméstico. Hasta ahora la píldora abortiva tenía que administrarse en un medio hospitalario, bajo supervisión médica, por las posibles complicaciones y para garantizar que no se ejercía coerción sobre la mujer. Sin embargo, ahora el Ministerio de Sanidad ha anunciado que se permitirá que la píldora abortiva se tome en casa para embarazos de menos de diez semanas (no está claro cómo se puede controlar que este plazo se respeta).
Así que después de abogar tanto por el “aborto seguro”, ahora se acepta el riesgo de los posibles efectos secundarios de la píldora abortiva sin supervisión médica. Si, por ejemplo, la mujer tiene un sangrado prolongado y necesita una transfusión, va a requerir una ambulancia y un tratamiento médico urgente, cuya disponibilidad no está garantizada en estos días.
Mientras que antes se consideraba fundamental que cuando una mujer pedía el aborto hablara a solas con el médico para asegurarse de que no lo hacía forzada, ahora se elimina esta salvaguarda. Y se quita precisamente en el contexto de una cuarentena en la que se teme un probable aumento de los casos de abusos en el seno de la pareja.
La realidad es que la mujer que quiera abortar también puede ir a una clínica, pues siguen abiertas; pero los grupos proaborto han aprovechado la crisis para lograr lo que siempre han querido, que es eliminar la supervisión médica para dejar el aborto como mero asunto privado.
Pero el lobby pro-choice nunca deja pasar una crisis sin mover ficha en favor de su agenda. Ya se vio en 2016 en Brasil y Colombia, cuando la propagación del virus Zika dio lugar a especulaciones de una posible oleada de bebés con microcefalia, que luego no se confirmó. Pero sirvió como instrumento en la campaña a favor de la extensión de los supuestos legales de interrupción del embarazo. Ahora el virus es otro, pero sirve también.
Basta ver un artículo publicado por un grupo de médicos en The Lancet (11-04-2020) que pone en relación la respuesta sanitaria al COVID-19 y la salud sexual y reproductiva. Al principio reconoce que el coronavirus es más letal para los hombres que para las mujeres. Pero esta asimetría no parece interesarles mucho, pues inmediatamente pasan a hablar del temor a que la reorientación de recursos sanitarios implique dedicar menos a la contracepción y al aborto, algo que no tiene mucho que ver con la salud masculina.
Lo que les preocupa está muy claro: “Hay que continuar la lucha contra los que explotan la crisis del COVID-19 para impulsar una agenda que restringe el acceso a servicios esenciales de salud reproductiva, particularmente el aborto, y que se dirige contra inmigrantes y adolescentes”. Pero más bien se diría que son ellos los que quieren utilizar la crisis para atacar una decisión tomada por Trump al comienzo de su mandato: la retirada de la financiación federal a organizaciones que en el extranjero promovieran o aconsejaran el aborto, lo que para los firmantes es motivo de “grave preocupación”. En cualquier caso, no parece que la propagación del coronavirus vaya a ser frenada por el aborto a petición.
Entre los activistas que han aprovechado la ocasión para preguntar ¿qué hay de lo mío? no podían faltar las organizaciones LGTB. Aunque en EE.UU. se ha eliminado cualquier diferencia de trato por orientación sexual, hay una que las autoridades sanitarias mantienen. Desde la epidemia de sida en 1983, la Food and Drug Administration (FDA) prohibió las donaciones de sangre de gais y bisexuales por temor a introducir el HIV en los bancos de sangre. En 2015 la prohibición fue restringida a los que hubieran mantenido relaciones sexuales con hombres en los 12 meses previos, alegando que este periodo de espera era necesario para no comprometer la seguridad. El pasado 2 de abril, la agencia rebajó la espera a tres meses, asegurando que nuevos estudios mostraban que esto era suficiente.
Pero la diferencia con los donantes heterosexuales se mantiene, algo que, para las organizaciones LGTB, supone un “estigma”. Por eso, aprovechando la pandemia de coronavirus, unos 500 médicos e investigadores han firmado una carta dirigida a la FDA –de la que informa el New York Times– en la que piden la eliminación de esta restricción a las donaciones de sangre de los gais. Una postura de 500 médicos puede parecer muy representativa, pero solo equivalen al 0,09% de los más de 525.000 médicos de EE.UU. Las firmas fueron recogidas por GLAAD, organización de activismo LGTB, que es de suponer sabe a quién pedírselas.
La carta dice que la supresión de esa restricción ayudará a resolver la drástica caída de las donaciones de sangre durante la pandemia del coronavirus. Ciertamente, si se pide a la gente que se quede en casa, las donaciones de sangre bajan. Pero esto sirve también para los gais, a no ser que pensemos que por su orientación sexual están ansiosos de donar sangre.
En cualquier caso, por el momento no hay un problema de falta de sangre disponible. Según un comunicado de la Cruz Roja de EE.UU., a pesar del temor a la escasez en marzo, “las necesidades inmediatas de los pacientes han sido cubiertas gracias a las abundantes donaciones del mes anterior”.
Lo que dicen los datos es que hay más riesgo en las donaciones de sangre de los gais. Todavía en 2018 los hombres gais y bisexuales representaron el 69% de los 37.832 diagnósticos nuevos de infección por el VIH y el 86% de los diagnósticos entre los hombres. Es verdad que cualquier donación de sangre se examina. Pero si se trata de aumentar la disponibilidad de sangre, y habida cuenta de que solo el 3,9% de los hombres se identifican como gais, será más útil hacer campaña entre el 96% heterosexual.
Si a algo mueve una pandemia es a reforzar las medidas de precaución y los estándares de seguridad. Pero algunos grupos parecen más dispuestos a utilizar la crisis para hacer avanzar su agenda, igual que los especuladores procuran subir los precios.
