Entre los temas espinosos que tendrá que decidir el Tribunal Supremo de EE.UU. en este curso judicial se encuentra la llamada “guerra del bacon”, que enfrenta al estado de California con los productores de carne de cerdo de otros estados. Un caso curioso, que revierte las posturas de la polémica sobre la decisión del Supremo que anuló el derecho constitucional al aborto y lo devolvió a las legislaciones estatales. Ahora la progresista California defiende su derecho a elevar su listón ético en la crianza de los cerdos, mientras que los conservadores mantienen que la Constitución garantiza la unidad de mercado, sin requisitos propios de los estados.
La ley aprobada en California, que aún no ha entrado en vigor, exige a los ganaderos un espacio de 2,22 metros cuadrados por cerdo para tutelar el bienestar animal. Pero no se lo exige solo a los californianos, sino a todos los ganaderos de otros estados que quieran vender su carne en California. De hecho, California apenas tiene producción propia, pero goza de un enorme poder de compra pues concentra el 13% del consumo nacional.
En la audiencia pública ante el Tribunal Supremo que debe decidir la impugnación de los ganaderos, el abogado del Estado de California explicó que los votantes de su estado eligieron pagar precios más altos por la carne de cerdo para no proporcionar un mercado a productos que consideran moralmente objetables. La norma fue aprobada por los votantes de California en un referéndum con un apoyo del 63%.
El caso bacon confirma que cuando los votantes progresistas defienden una causa que consideran ética no solo la protegen en su estado, sino que quieren imponérsela a otros. California, que defiende el derecho constitucional al aborto en vez de que cada estado tenga legislación propia, en el caso bacon mantiene el derecho del estado a ser éticamente más exigente. En este asunto, puede decirse que son más impositivos que los estados que han defendido su derecho a regular el aborto, pero sin pretender que sus vecinos adopten la misma legislación.
De eso se quejan los ganaderos de otros estados. Ellos piensan que la legislación californiana no puede imponer sus requisitos “éticos” a los productores de fuera de California. Aducen que esto viola la llamada Cláusula de Comercio de la Constitución estadounidense, según la cual el comercio interestatal y exterior solo puede ser regulado por el Congreso. Si California prefiere unos métodos de cría de cerdos propios, que los aplique en su producción pero que no se los exija a otros.
Durante la audiencia pública ante el Tribunal Supremo, los ganaderos expresaron el temor de una balcanización si cada estado condiciona la venta de productos de otros estados a que cumplan unos requisitos éticos determinados: que los trabajadores tengan cierto nivel de salario mínimo o de cobertura sanitaria –algo no uniforme en EE.UU.–; que estén vacunados; que la empresa no emplee a emigrantes ilegales… Con la división de opiniones que hay en el país sobre estos y otros temas, los criterios que podrían exigir California y Texas serían realmente muy distintos.
El abogado de California responde que esos otros criterios no estarían ligados al producto en sí, y que, en cualquier caso, también hay precedentes de estados que prohíben la venta de huevos de gallinas enjauladas, de cosméticos testados en animales o investigaciones con tejidos fetales procedentes de abortos. “Si un estado piensa que es ético comer carne de cerdo, pero no es ético comer carne de cerdo criada de forma inhumana y cruel, ¿solo puede prohibir la carne de cerdo por completo?”
También puede ser distintos los criterios para definir lo que es más ético en la producción de carne de cerdo. California pasa por ser más progresista por elevar el listón del bienestar animal. Pero, como planteó el juez John Roberts en una pregunta, ¿no es también ético producir a costes más bajos para ofrecer proteína de bajo precio, sobre todo en tiempos de inflación disparada?
Lo que está en juego es cómo se entiende la unidad de mercado en EE.UU. amparada por la Constitución. Los progresistas californianos defienden que cada Estado pueda poner requisitos y prohibiciones por razones éticas en el caso de la producción de carne porcina, y exigírselas a otros. En cambio, defendieron frente al Supremo la existencia de un derecho constitucional al aborto, no limitable por los estados. Pero la Constitución no menciona para nada un derecho al aborto, mientras que hace mención expresa de la cláusula de Comercio.
El temor a la balcanización se expresa también en la postura del abogado federal, que en la audiencia apoyó la impugnación de la ley californiana promovida por los demócratas de allí. La Administración Biden, tanto en el caso del aborto como en la cría de cerdos, opta por la uniformidad federal.
También cabe una vía media sugerida por la juez Ketanji Brown Jackson, nombrada por Joe Biden. Jackson planteó si no sería más eficaz poner unas etiquetas bien claras que permitan a los consumidores identificar y comprar la carne de cerdo producida de un modo u otro. De hecho, ya se comercializa carne de cerdo marcada como ecológica, huevos de granja de gallinas no enjauladas, leche de vacas que pastan… En la guerra del bacon, se impondría una política pro-choice, sin que un estado impusiera su criterio a otros estados.
Aun ignorante en ganadería, simpatizo con la postura californiana en la cría de cerdos; lo que no simpatizo es con su lógica. Sin necesidad de reconocer al animal como sujeto de derechos, creo que hay que respetar su naturaleza, sin reducirlos a objetos destinados a vivir hacinados y crecer y engordar cuanto antes.
No simpatizo con su lógica, pues su defensa del derecho a una vida digna de su naturaleza en el caso de los animales, desaparece en el caso de la defensa del derecho a la vida humana naciente. En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto, California ha aprobado toda una serie de disposiciones legales para facilitarlo. No solo será posible seguir abortando hasta que el feto sea viable, sino que canalizará millones de dólares a las clínicas para financiar los abortos de mujeres que no puedan pagarlos, y obligará a los empleadores religiosos cuyos seguros no cubren abortos a informar a sus empleadas de una lista de servicios donde pueden abortar.
En este caso, no le importa que otros estados tengan más alto el nivel ético en el respeto al derecho a la vida. Al contrario. Se ha comprometido a traer a mujeres de otros estados a California para que aborten, cubriendo los gastos. También bloqueará la aplicación dentro del estado de las prohibiciones al aborto de otros estados e impedirá que los departamentos de policía cumplan con las citaciones de otros estados u otras solicitudes de información sobre los abortos obtenidos legalmente en California. Y en las elecciones del próximo 8 de noviembre se plantea también a los votantes si desean que el aborto sea un derecho en la Constitución el Estado.
De modo que si una mujer no puede abortar en su estado, podrá ir a California a que le hagan un aborto gratis, aunque deberá pagar más por el desayuno con bacon.
