C.C. GoToVan
Las secuelas políticas de la pandemia han puesto a prueba la solidez de las libertades en sociedades democráticas. Confinamientos, vacunación obligatoria, limitaciones de acceso a lugares públicos, pasaporte covid para viajar… han revelado que el modelo chino tiene sus encantos también para políticos occidentales.
El último en descubrirlo ha sido Justin Trudeau en Canadá, que ha invocado la Ley de Emergencia para afrontar la protesta del “Convoy de la libertad”. Desde finales de enero lo que empezó como movimiento de una parte de los camioneros contra la vacunación obligatoria ha bloqueado y paralizado el centro de Ottawa. Acusado por los manifestantes de tiránico y por los otros de debilidad, al final Trudeau se ha decidido a sacar, si no el ejército, sí la artillería legal de emergencia.
Con los amplios poderes que le concede la Ley de Emergencia, el gobierno podrá prohibir convocatorias públicas y movimientos en ciertas áreas. La policía podrá incautarse de los camiones y vehículos que participan en bloqueos. Pero más allá de la defensa del orden público, es llamativo el recurso a instrumentos legales que no estaban pensados para acallar al disidente. La policía intercambiará información con los bancos y podrá bloquear las cuentas personales y de negocios de participantes en las protestas. A las compañías de seguros se les pedirá que revoquen el seguro de vehículos utilizados en los bloqueos. Se invocará la ley contra blanqueo de dinero y financiación del terrorismo para prohibir que las plataformas de crowdfunding reúnan donativos para la protesta (habían recaudado ya unos 8 millones de dólares)… Para un campeón de la tolerancia y de la inclusión como Trudeau, no está mal.
Esta Ley de Emergencia no se aplicaba desde hacía 52 años, cuando el padre de Trudeau era primer ministro. Pero Trudeau padre la invocó en una situación de crisis de terrorismo en Quebec, mientras que ahora Trudeau hijo la utiliza en una crisis en la que no ha habido violencia, aunque sí haya trastocado la vida de la capital canadiense. El gobierno ha asegurado que la ley no se utilizará para suspender “derechos fundamentales”. Pero uno se pregunta si en el país donde uno tiene derecho a elegir los pronombres personales, ya no se considera un derecho manejar la propia cuenta bancaria.
El riesgo de las legislaciones de emergencia es que acaben contaminando el derecho común. Es lo que advierte en Francia la jurista Stéphanie Hennette-Vauchez, profesora de Derecho público en la Universidad de Nanterre, que acaba de publicar el libro La democracia en estado de emergencia. La autora recuerda que Francia ha vivido en el llamado “état d’urgence”, primero por motivos de lucha antiterrorista desde los atentados de noviembre de 2015 hasta 2017; y luego por razón de la pandemia, desde 2020 hasta hoy. En total, ha estado en régimen de excepción 44 de los 75 meses que han pasado desde noviembre de 2015.
El Estado de emergencia antiterrorista ha justificado múltiples limitaciones a la libertad (órdenes de registro, arrestos domiciliarios, controles de identidad, prohibiciones de manifestación…); y el estado de emergencia sanitaria ha generalizado medidas nunca vistas (confinamiento generalizado de la población, toque de queda, vacunación obligatoria en muchos casos, restricciones al acceso a lugares públicos y de ocio…).
Pero lo que más preocupa a Hennette-Vauchez es que “numerosas reglas del estado de emergencia han sido trasladadas poco a poco al derecho común”. Así se han ido admitiendo restricciones inéditas a la libertad de manifestación, de expresión, de asociación y hasta de culto. ¡Incluso un lugar de culto puede ser cerrado por mera decisión del prefecto! (representante del Estado en un departamento).
Su conclusión es que la vuelta a la situación anterior se ha hecho imposible. “El estado de emergencia no es un paréntesis: insertado en el corazón mismo del Estado de derecho, lo subvierte desde dentro”.
Libertad de decidir
Podemos preguntarnos qué sería de las libertades si mañana el Estado decide instaurar un estado de emergencia ecológico para luchar contra el cambio climático. Con el favor entusiasta de los convencidos de que “no hay plan B” y el apoyo mediático conveniente, el Estado encontraría motivos suficientes para cercenar las libertades en las que viera un obstáculo para “salvar el planeta”.
La experiencia indica que, a la hora de juzgar el valor de las libertades, algunos tienen un doble rasero. El propio Macron ha propuesto como un objetivo para la próxima presidencia de Francia en la UE, que el aborto se incorpore como un derecho más en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Sin embargo, las decisiones de su gobierno en materia covid no son nada respetuosas con el principio de que “mi cuerpo es mío y me vacuno si quiero”. En teoría, la vacunación obligatoria se impone solo a ciertos colectivos profesionales; pero en la práctica si no tienes el pass sanitaire estás condenado al ostracismo en la vida social. De repente se impone la idea de que lo que hagamos con nuestro cuerpo puede tener repercusiones en la salud de los demás, con lo que nuestra libertad es limitada, incluso en algo tan básico como el derecho al trabajo o la libertad de movimientos. El argumentario pro choice no le servirá a Novak Djokovic para participar en el Roland Garros: “Nunca he estado en contra de la vacunación –dice el serbio–, pero siempre he apoyado la libertad de decidir lo que te pones en el cuerpo”.
En Austria la libertad de no vacunarse ha dejado de existir. Es el primero y, por ahora, único país de la UE que impone la vacunación a todos los adultos. Con el 75% de la población vacunada, el gobierno quiere convencer a los recalcitrantes amenazándoles con multas de 600 a 3.600 euros, que serán levantadas si el sancionado se vacuna. La fase de controles comenzará a mediados de marzo. Pero los sondeos indican que un 40% de la población se opone, no a las vacunas, sino a la obligatoriedad, y todos los fines de semana miles de austríacos se manifiestan en contra.
Curiosamente, las medidas más coercitivas coinciden con nuevos datos que ponen en tela de juicio afirmaciones que antes parecían incuestionables. Los estudios indican que las vacunas ofrecen una protección frente a efectos graves del contagio; pero con la variante ómicron también sabemos que, vacunado o no, te puedes contagiar y contagiar a otros. Así que tu vacuna no va a influir en la salud de los demás. Como decía hace pocas semanas el premio Nobel francés Luc Montagnier, tras la extensión de la variante ómicron “no hay base científica para creer que la vacunación obligatoria vaya a reducir la propagación de la enfermedad”. Hace unos meses, si decías esto te podían echar de Facebook por difundir “desinformación”.
Lo que estamos comprobando es que la pérdida de libertades en situaciones de emergencia prolongadas acaba contagiando al derecho común. Y no está claro si hay vacunas democráticas eficaces contra esto.
