Impuestos al pecado

Los economistas los llaman impuestos al pecado. Gravan consumos placenteros muy difundidos (tabaco, alcohol, juego…), pero que pueden generar adicciones y tener consecuencias negativas. Por eso su finalidad no es siempre –o solo– recaudatoria, sino que intentan provocar cambios de conducta. Pero si el impuesto siempre está ahí, lo que está cambiando son los pecados gravados. En general, nuestra supuesta sociedad relativista penaliza más pecados de este tipo.

El tabaco es un clásico, pero ahora desde el punto de vista social se ha elevado a pecado grave. De ahí que se intente acorralarlo con más impuestos, más espacios libres de humo y estigmatizando nuevas formas de fumar como el vapeo o los cigarrillos calentados. En España, los impuestos suponen un 79% del precio final del paquete de tabaco, porcentaje todavía inferior al de otros países europeos.

Gracias sobre todo a la prohibición de 2010 de fumar en espacios públicos cerrados, el número de fumadores diarios mayores de 15 años bajó del 26,2% en 2009 al 19,8% en 2020. Sin embargo, los números indican que muchos jóvenes siguen comenzando a fumar.

Pero mientras el Ministerio de Sanidad prepara un plan de Prevención del Tabaquismo, otros proponen legalizar y gravar otra chimenea de humos tóxicos: el cannabis. Por lo general, la izquierda tiene en esto una postura esquizofrénica. De una parte, consideran el tabaco como un grave problema de salud pública que debe ser perseguido, y sin duda lo es, pues se calcula que cada año en España hay unas 50.000 muertes prematuras por culpa del tabaco.

Pero a la vez se propone legalizar el consumo de cannabis para blanquear el mercado negro. Aquí se pierde de vista los datos científicos sobre los efectos dañinos del consumo de cannabis sobre la salud mental en la mayoría de las personas, las discutidas evidencias sobre los efectos terapéuticos del cannabis, la expansión del mercado que supondría su legalización. En su reciente y derrotada propuesta de este tipo en la Asamblea de Madrid, el partido Más Madrid argumentaba que la legalización de la marihuana serviría para “proteger a los menores”, “garantizar la salud pública y las libertades de los adultos” y para” reducir el mercado negro”. Si alguien adujera lo mismo sobre el tabaco se diría que estaba al servicio de las tabacaleras.

Pero el consumo de tabaco aparece marcado con el estigma de “tabaquismo”, mientras que al cannabis se le añade con ligereza el adjetivo “terapéutico”, olvidando que en la mayoría de los casos es una droga tóxica y adictiva.

En la propuesta de Más Madrid se aseguraba también que la legalización sería “una oportunidad para crear empleo y aumentar los ingresos públicos” con este nuevo impuesto del pecado, aunque más bien parecía un impuesto sobre la virtud. Aquí se cita un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona, que indica que se podrían crear 100.000 puestos de trabajo en toda España, un estudio que es el que siempre se cita sin ponerlo en la más mínima duda. La realidad es que los países que han legalizado la marihuana con fines recreativos no han encontrado por el momento un beneficio fiscal que compense los riesgos y los costes sociales añadidos.

Pero si se trata de crear puestos de trabajo y de generar impuestos sin tener en cuenta la ética de la actividad, ¿por qué no legalizar también la prostitución? Según estimaciones de las comunidades autónomas, el número de mujeres en situación de prostitución en España estaría entre 100.000 y 120.000. En teoría, si las viéramos como “profesionales del sexo” podrían tener derechos laborales, pagar impuestos y estar más protegidas. Pero la experiencia de los países donde la prostitución ha pasado a ser un trabajo más (Alemania, Holanda, Nueva Zelanda…) es que el negocio se ha multiplicado, que la trata de personas ha seguido y que solo un ínfimo número de estas mujeres se ha registrado legalmente. Por eso, no es extraño que la gran mayoría de la izquierda y de la derecha en España estén en contra de “normalizar” la prostitución.

Entre los nuevos impuestos al pecado están los de las bebidas azucaradas, sometidas a gravamen especial en algunos países (México, Reino Unido, Francia y algunos estados de EE.UU. …) para luchar contra la diabetes y las enfermedades asociadas a la obesidad. En España, se aplica en Cataluña desde 2017 y aunque todavía hay pocos estudios sobre su efectividad, los realizados indican una disminución del consumo de estas bebidas y su sustitución por otras sin azúcar, aunque el efecto neto sobre el azúcar total consumido (y, por tanto, sobre la salud) es pequeño.

El verdadero éxito de estos impuestos en pro de la salud sería que no recaudaran nada, porque los consumidores habrían abandonado las conductas nocivas. Sin embargo, otros impuestos sobre nuevos “pecados” sí pueden concebirse con efectos recaudatorios. Los viajes en avión, mal vistos hoy por su contribución al calentamiento global, son candidatos. A su vez, la reducción del consumo de carne en los países ricos podría favorecerse con un fisco favorable a alimentos propios de una dieta más equilibrada. El consumo de porno, cuya repercusión negativa en menores y mayores por una visión tóxica del sexo es cada vez más reconocida, podría verse restringido por un mayor control de los métodos de pago a los productores o por un impuesto adicional.

Pero si algo indica esta tendencia hacia nuevos impuestos al pecado, es que cuanto más falla la educación del carácter y el ejercicio de la templanza, más hay que recurrir después a las penalizaciones monetarias.

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