El pistolero y la eutanasia

Una ley de eutanasia se plantea para dar la muerte por compasión a un sujeto aquejado de un enfermedad grave e incurable que le produce un sufrimiento intolerable, y que consiente en morir. Lo incierto de estas leyes es que son tan variadas las causas por las que una persona puede experimentar un sufrimiento físico o psíquico insoportable que pueden darse casos no previstos en la ley y en los que chocan intereses contradictorios.

Ahora que se cumple un año de la aprobación de la ley de eutanasia en España, ha surgido el caso del pistolero de Tarragona candidato a una “muerte digna”. El pasado diciembre disparó con armas largas contra tres compañeros de su antigua empresa Securitas y, en su huida, contra dos policías (mossos), uno de los cuales también recibió un balazo. Según confesión propia, Marin Eugen Sabau actuó por venganza, al sentirse maltratado en Securitas.

Tras ser neutralizado por la policía, ingresó en el hospital en estado crítico, y en consecuencia padece una lesión medular que, según un informe médico, le causa “importante dependencia y dolor neuropático”. En esta situación, el detenido en prisión preventiva ha pedido que se le aplique la eutanasia y su médico ha aceptado iniciar el procedimiento.

La defensa de los agentes heridos ha remitido al Juzgado de Instrucción un escrito en el que pide paralizar la eutanasia para que el reo sea juzgado. El letrado señala que el Hospital Penitenciario de Tarrasa, donde el vigilante cumple prisión preventiva, “no tiene facultad alguna para dar muerte a un investigado”, encarcelado por orden judicial. “Practicar la eutanasia por quien tiene la obligación de asegurar que el reo esté a disposición del tribunal es una decisión injustificable… Un presunto asesino no puede esquivar el juicio ni una condena mediante la eutanasia”.

El Juzgado tendrá que pronunciarse sobre si prima el derecho a la eutanasia o la tutela efectiva de las víctimas. La intervención del juez es inédita, porque la ley de eutanasia española establece controles meramente médicos y administrativos sin contar con el juez para nada en un tema tan capital.

Es paradójico que pida una “muerte digna” quien intentó dar una muerte tan indigna a sus compañeros sin pedirles permiso. Pero ahora que se ve impedido y con un futuro de largos años de cárcel por delante puede ver las cosas con la perspectiva del candidato a la eutanasia por sufrimiento insoportable. A lo mejor la Justicia se verá obligada a mantener con vida al que pide una pena de muerte revestida de eutanasia.

Si se abre paso la idea de que ciertas situaciones impiden vivir con dignidad, no es fácil oponerse a que un presunto culpable opte por la eutanasia. Si el criterio es la autonomía individual, habrá que respetar la decisión de quien prefiere expirar su pena con la muerte rápida en vez de con una larga prisión.

También en Bélgica se han producido peticiones de este tipo entre los presos. Fue el caso de Frank van den Bleeken, condenado a cadena perpetua por múltiples violaciones y un asesinato, y que pidió la eutanasia para liberarse de una vida que consideraba sin sentido y que solo le procuraba sufrimiento psíquico. Al final, en vez de la eutanasia, fue transferido a un centro penitenciario donde podía recibir tratamiento psiquiátrico.

Pero hay otros condenados por enfermedad a una vida de gran sufrimiento y a una muerte próxima, que lo que reclaman no es la eutanasia sino un ayuda para poder llevar una vida digna en sus condiciones. Es el caso de los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que en estos días han reclamado que se acelere la tramitación en el Congreso de una proposición de ley en favor de ayudas a estos enfermos, proposición que fue apoyada por todas las fuerzas políticas el pasado 8 de marzo.

María José Arregui, presidenta de la Fundación Luzón dedicada a estos enfermos, ha recordado en un artículo que “una familia de renta media española se arruinará si tiene la mala suerte de que uno de sus miembros sea diagnosticado de ELA”. O bien, por motivos económicos, el enfermo “tendrá que renunciar a los tratamientos que la ciencia ofrece y que podrían mantenerlo con vida”.

Por eso pide que se apruebe cuando antes, con su correspondiente dotación económica, una ley ELA que “los proteja frente al infortunio de los avatares propios de nuestra existencia. Que los cuide. Que se preocupe por ellos, que no los abandone a su suerte”.

En España, la ELA tiene una prevalencia baja, 5,4 casos por 100.000 habitantes, por lo que se considera una enfermedad rara. En este momento se estima que existen unas 4.000 personas afectadas. La mitad de los enfermos fallece en menos de tres años.

La eutanasia, por el momento, afecta a menos personas. Según los datos ahora publicados, al cabo del primer año de aplicación, se solicitaron 281 eutanasias, de las que fueron concedidas 159 y solo 18 fueron rechazadas, mientras que el resto sigue en estudio.

A pesar de que la demanda real de eutanasia no era tan grande como se decía, los activistas interesados obtuvieron su ley, mientras que los enfermos de ELA siguen a la espera. Desde luego es más económico incluir la eutanasia en las prestaciones del sistema nacional de salud que financiar la atención de los pacientes de ELA. Pero lo que desean estos enfermos es vivir con dignidad mientras les sea posible.

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