¿Blindar la sanidad o la ideología?

El gobierno de Pedro Sánchez tiene una gran inclinación a blindar. Un día se trata de blindar las pensiones, otro el derecho al aborto, más tarde el derecho a la vivienda… No se trata ya de hacer reformas que mejoren las situaciones, sino de consagrar soluciones definitivas, dejar todo atado y bien atado para que no pueda venir luego la derecha y recortar derechos y privatizar servicios.

Ahora toca “blindar” el sistema público de salud, para lo cual el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. El propósito declarado es triple: garantizar que todo el mundo que ha puesto un pie en España tenga derecho a la asistencia sanitaria gratuita, pues todavía hay comunidades que exigen que lleven más de ¡tres meses! en el país; eliminar los copagos que aún quedan y priorizar la gestión pública directa limitando al mínimo imprescindible las derivaciones a la sanidad privada. El gobierno quiere que esto sea una excepción para situaciones en las que sea absolutamente inevitable.

En España el gasto público sanitario supone el 70% del gasto sanitario total y el gasto privado casi el 30%. En total, más de 11 millones de españoles tienen un seguro privado, lo cual ya indica que no es un privilegio de ricos, aunque también dentro de los seguros privados hay clases y coberturas.

Cuando hay un sector sanitario privado de este tamaño, utilizado por el 19% de la población, parece lógico verlo como un aliado estratégico para atender las necesidades sanitarias del país. De hecho, así ocurrió durante la pandemia, cuando la sanidad privada atendió al 19% de los pacientes ingresados por covid.

La otra opción es considerarlo como un competidor, que drena recursos que deberían destinarse a la sanidad pública. Esta tesis responde a la idea de que fuera de lo público no hay salvación, si se quiere garantizar la equidad y la universalidad. Según este enfoque, más de político que de profesional sanitario, lo importante no es la capacidad de elección del paciente, sino que todos reciban el mismo tipo de atención sanitaría pública (¡cómo si todos los hospitales públicos fueran iguales!).

En este campo militan las Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, que, en palabras de su presidente Manuel Sánchez, ven el auge de la sanidad privada como “el resultado de una política intencionada, una hoja de ruta centrada en deteriorar el sistema de salud para ir a un modelo más privado”. Desde esta perspectiva, un paciente es público por antonomasia, y cualquier derivación hacia un hospital de titularidad privada es un índice de la privatización rampante.

Con otro enfoque también puede advertirse que los más de 9,8 millones de personas con doble aseguramiento (público y privado) reducen su consumo del sistema público en distinto grado, lo cual supone un ahorro para el sistema público y una menor afluencia de pacientes. Sin el sector privado, las listas de espera serían mayores de lo que son.

Sin duda, la llegada del covid ha supuesto un incremento importante en el recurso a los seguros sanitarios privados. La mayor preocupación por la salud, las largas listas de espera en la sanidad pública y el que las empresas ofrezcan estos planes para contentar y fidelizar a sus trabajadores, han contribuido a extender la demanda. Según datos del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), entre 2016 y 2021 se ha incrementado un 3,8% el número de ciudadanos con seguro privado. El gasto sanitario privado supone un 2,7% del PIB, porcentaje que sumado al 0,66% correspondiente al gasto sanitario público dedicado a atención sanitaria en centros privados, suma un total del 3,36% del PIB.

Por otra parte, ambos sectores no actúan como sustitutivos y no es exacto decir que el gasto privado aumenta cuando o porque el gasto público baja. Como hace notar Marisol Rodríguez, profesora de la Universidad de Barcelona, entre 2010 y 2013 ambos tipos de gasto disminuyeron notablemente por la coyuntura económica y ahora habrá que ver “si la fuerte subida del gasto privado –y en particular del gasto en pólizas de seguro– se estabiliza o está anunciando un cambio sustancial de tendencia”. Con una perspectiva de 20 años, la misma autora observa una estabilidad en la dimensión relativa de uno y otro sector. El gasto sanitario privado representaba un 29% del gasto total en 2001 y 2002, cayó a su mínimo, un 24,6% en 2009 y volvió a alcanzar el 29,4% en 2017.

El diagnóstico de que la sanidad pública está siendo preterida, no se corresponde con las cifras que indican que el gasto público en salud ha ido creciendo desde 2015 para representar el 6,45% del PIB en 2019 y el gasto público per cápita haya aumentado hasta los 1.703 €.

En cualquier caso, el único modo de “blindar” el sistema público de salud es financiarlo adecuadamente. Si las Comunidades derivan pacientes al sector privado es porque quieren disminuir las listas de espera y porque el enfermo lo que quiere es resolver su problema, ya sea en manos públicas o privadas.

Si la nueva ley va a poner más dificultades para esa derivación de pacientes sin resolver el problema de las listas de espera, lo que se blindará será no el sistema sanitario público sino una ideología.

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