Sexo de pago y gestación de alquiler sin sexo. Dos conflictos recientes en España ilustran los riesgos del fraude de ley, ya sea laboral o de derecho de familia. La legalización de un sindicato de “trabajadoras del sexo” le ha costado el puesto a la directora general de Trabajo, por haber actuado por su cuenta y riesgo sin el necesario respaldo político. En Ucrania, una treintena de parejas españolas que han recurrido a los servicios de “vientres de alquiler”, se quejan de que el consulado español no les da un pasaporte para el niño obtenido mediante esta práctica, prohibida en España.
La prostitución no es en España una actividad ilegal, pero tampoco legal. Simplemente no se reconoce. Las trabajadoras sexuales que quieren sindicarse se presentan como unas trabajadoras más, que ejercen la prostitución por decisión libre y que aspiran a tener los mismos derechos laborales, cotizar a la Seguridad Social, tener una protección laboral de la que ahora carecen.
Frente a su pretensión, el gobierno alega que la venta del cuerpo no puede considerarse un trabajo que merezca protección laboral. Quienes defienden la regulación de la prostitución apelan a la libertad de las mujeres para comerciar con su propio cuerpo, en un trato entre adultos. Pero aunque puede haber quien ejerza la prostitución libremente, la abrumadora realidad es la de un sector donde predomina la trata y la explotación sexual. Más que trabajadoras libres, lo que encontramos son mujeres que se prostituyen para poder subsistir o porque viven explotadas por otros. Así que dar cobertura legal a la prostitución equivaldría a reconocer una forma de explotación y a normalizar una actividad degradante.
“Me han colado un gol por la escuadra”, ha dicho la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha anunciado la voluntad del gobierno de revertir esa legalización. Pues los españoles que recurren a la maternidad subrogada en el extranjero, están metiendo un gol a la ley española con un tiro flojo y por el centro, ya que hasta ahora no ha habido mucha voluntad de defender la puerta.
La ley española de Técnicas de Reproducción Asistida considera estos contratos de maternidad subrogada como “nulos de pleno derecho”. Pero las agencias especializadas en este negocio han creado un mecanismo bien engrasado para que parejas españolas pueden utilizar los servicios de gestantes extranjeras, en los países con legislación más laxa, como es el caso de Ucrania. Una vez obtenido el bebé previo pago a la agencia que recluta al vientre de alquiler, el sistema de inscripción en el Registro que había funcionado hasta ahora se basaba en que el padre genético figuraba en el registro como tal, y en el lugar de la madre se ponía a la mujer ucraniana que dio a luz. Ya en España, la esposa adoptaba al hijo de su marido previo consentimiento de la gestante.
Pero ahora la embajada de España en Kiev ha empezado a examinar con lupa estos procesos, lo que ha hecho que una treintena de parejas españolas se encuentren bloqueadas en la capital ucraniana a la espera de un pasaporte para el bebé así nacido. En su web la embajada de España alerta de “estafas y engaños por parte de las denominadas clínicas de reproducción asistida”, “irregularidades en el proceso”, casos de mala praxis médica, abortos inducidos a las gestantes para incrementar los gastos y volver a empezar…
Como en el caso de las otras trabajadoras sexuales, también aquí puede decirse que las gestantes lo hacen por libre decisión, que se trata de un contrato entre adultos, que prestan un servicio a parejas que anhelan un hijo… En este caso, al haber un bebé por medio, se puede invocar también “el interés superior del niño”, al que no se puede dejar desprotegido.
Pero la realidad es la de un sector de negocios que utiliza el cuerpo de mujeres para fines de otros mediante un pago. Tampoco es extraño que, como la prostitución en España, las que se prestan a estos tratos sean extranjeras y pobres. Ni que haya mucho engaño y explotación en este tipo de prácticas.
Pero hay que reconocer que las agencias que se lucran con este negocio han sabido revestirlo con el ropaje benemérito del “derecho al hijo”, derecho que asistiría a toda pareja y a cualquier precio, sobre todo si el precio me lo pagan a mí.
Lo curioso del caso es que estas parejas piden que el fraude de ley pueda ser realizado con seguridad, y se indignan si se les ponen dificultades para legalizar el fruto de la trampa. Pero la realidad es que tanto el comercio sexual como el turismo reproductivo significan la cosificación de la mujer.
