En Cuba el poder ha preparado el texto de una nueva Constitución, que ahora se somete al trámite del debate en asambleas de barrio –“cada cubano es un constituyente”, dice el eslogan– y luego será sometida a referéndum. En una reciente entrevista en Telesur, el presidente Díaz-Canel ha explicado las novedades de la nueva Constitución y su postura personal ante ellas. Lo que más ha llamado la atención mediática es que Díaz-Canel se manifiesta a favor de que el nuevo texto constitucional reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo, y no solo entre hombre y mujer.
Díaz-Canel aduce que “el hecho de reconocer el matrimonio entre las personas, sin limitaciones, responde al problema de eliminar todo tipo de discriminación en la sociedad”.
Es sintomático que en un país donde el ciudadano no goza todavía de las libertades políticas más elementales y del bienestar económico indispensable, el matrimonio gay se convierta en el signo del cambio. Si se trata de eliminar todo tipo de discriminación, el gobierno puede empezar por combatir discriminaciones que afectan a toda la población.
Podría eliminar la discriminación que impide a las personas unirse libremente para defender sus ideas políticas y disputar el poder al partido comunista que, todavía en la nueva Constitución, se configura como “fuerza superior dirigente” del Estado. Podría permitir que las personas crearan sus propios medios de prensa, de modo que la opinión pública escuchara voces distintas a las del gobierno. Podría quitar obstáculos burocráticos a los trabajadores por cuenta propia, que se esfuerzan por desarrollar sus negocios al margen de la propiedad estatal.
En un país donde el habeas corpus o la propiedad privada son todavía novedades que van a ser reconocidas en la nueva Constitución, presentar el matrimonio gay como gran signo de modernización no deja de ser peregrino. Quizá se intenta así compensar los atropellos que sufrieron los homosexuales en épocas pasadas de la Revolución. Pero el gran problema de los nuevos matrimonios en Cuba es cómo conseguir una casa, un abastecimiento normal, un sistema de transporte confiable, un trabajo debidamente remunerado, esos problemas de la vida ordinaria que causan tantos trastornos a los cubanos, cualquiera que sea su orientación sexual, y que el poder se muestra incapaz de resolver.
Quizá se apruebe antes el matrimonio gay en Cuba que en Costa Rica, donde sus propugnadores llevan años intentando imponerlo mediante maniobras judiciales, al margen del Parlamento y de un sentir popular mayoritariamente contrario.
La última maniobra comenzó cuando el anterior gobierno, al final de su mandato, planteó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluía el reconocimiento del cambio legal de sexo de los transexuales y la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo. Haciendo una interpretación “expansiva” de los derechos humanos, la Corte respondió el pasado 9 de enero que sí. El supuesto carácter vinculante de este pronunciamiento fue muy discutido y se convirtió en un asunto central en las pasadas elecciones.
Ahora la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha declarado inconstitucionales las normas del Código de Familia que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero, en vez de anularlas ya, ha dado al Congreso un plazo de 18 meses para que legisle al respecto. Si no se aprueba una ley en ese plazo, quedarán automáticamente derogadas.
El fallo no ha gustado a ninguna de las partes. Los defensores del matrimonio de siempre, porque lo ven como una intromisión del Tribunal Supremo en una competencia del poder legislativo, imponiéndole una decisión previa. Ni a los activistas LGTB, porque piensan que los jueces no han querido asumir su responsabilidad, sino que la han trasladado al Congreso. Estos temen que en el Congreso no prospere una ley, debido a la cantidad de diputados “conservadores”.
Es notable que para la aprobación del matrimonio gay se utilice una argumentación que en cualquier otro tema resultaría impropia de un sistema democrático. Parece que hay que aprobarlo aunque la opinión pública sea contraria y aunque la mayoría parlamentaria no lo respalde. Por eso la labor de persuasión se centra en instancias judiciales, para conseguir un fallo interpretativo favorable que tuerza la mano al legislador.
En la Cuba castrista el poder legislativo solo ha sido la caja de resonancia del gobierno. Pero en un sistema democrático como el de Costa Rica habría que dejar que los representantes del pueblo decidieran su modo de entender el matrimonio.
