En los casos de abusos sexuales dentro de instituciones donde interactúan adultos y menores hay un patrón que se repite: descuido en la vigilancia por parte de los directivos, ocultamiento del problema, impunidad de los acosadores y, en definitiva, más preocupación por el buen nombre de la institución que por las víctimas. Y esto con independencia de que se trate de instituciones civiles o eclesiásticas.
Un ejemplo más es el que se ha puesto de relieve la pasada semana en audiencias ante una subcomisión del Congreso norteamericano a propósito de un programa que desarrolla el Ejército en unas 3.500 escuelas. El programa, llamado Junior Reserve Officer’s Training Corps (J.R.O.T.C.), proporciona a los estudiantes competencias de liderazgo, valores cívicos, manejo de armas y otras habilidades. El programa funciona también como una cantera de reclutamiento de futuros alumnos para las academias militares, en una época en que no es fácil tener suficientes candidatos.
En las audiencias se ha revelado que el Pentágono recibió en los últimos cinco años al menos 58 denuncias de casos en los que instructores militares que participan en el programa acosaron sexualmente o abusaron de alumnos de secundaria. Las revelaciones incluyen casos de instructores que abusaron de varias víctimas, o a los que se permitió seguir enseñando a pesar de quejas de estudiantes que no fueron debidamente investigadas. Los parlamentarios advirtieron en las audiencias que los militares no se habían tomado suficientemente en serio las denuncias de abusos y habían trasladado la responsabilidad de encubrir la mala conducta a las autoridades escolares.
Ivette K. Bourcicot, representante del Ejército para asuntos de personal, reconoció que “el maltrato de los alumnos es particularmente grave habida cuenta de la confianza que el Ejército, los padres, los estudiantes y la nación depositan en estos instructores”. La verdad es que los instructores involucrados son una minoría, pero, como suele pasar en estos casos, la conducta de unas docenas de profesores salpica la fama de muchos.
El asunto preocupa también porque el Ejército tiene un problema para abordar los abusos sexuales en sus filas, también entre adultos. Cerca de 36.000 militares reconocieron en un informe confidencial de 2021 que habían sufrido algún tipo de asalto o contacto sexual indeseado, un 13% más que el año anterior. Pero solo la tercera parte lo habían denunciado.
Otras historias de abusos en instituciones estatales se remontan muchos años atrás, y solo ahora han empezado a salir a la luz. Va a entrar ahora en vigor en el estado de Nueva York la legislación que permite reclamar indemnización por abusos que habían ya prescrito. El Departamento Penitenciario tiene una larga historia de abusos sexuales en las prisiones. Y, según informaciones de estos días, cientos de mujeres que estuvieron encarceladas y que alegan haber sufrido abusos en prisión durante los años 1980 y 1990, van a demandar al estado de Nueva York. Los despachos de abogados ya se preparan para este nuevo filón. Por ejemplo, el despacho Slater, que antes demandó en casos de abusos sexuales en los Boy Scouts y en la Iglesia católica, tiene ya en cartera 750 casos de mujeres que sufrieron abusos por parte de guardianes de prisión.
Otras revelaciones sobre abusos hasta ahora silenciados son más recientes. Un informe de más de 300 páginas, publicado el pasado octubre, investiga los casos de abusos sistemáticos en los equipos femeninos de fútbol en EE.UU. Ahora se reconoce que los abusos verbales y sexuales por parte de entrenadores eran un secreto a voces, pero la realidad es que no se hizo caso de ellos hasta que el año pasado varias jugadoras comenzaron a denunciarlos y a negarse a jugar si no se arreglaban. Hasta entonces, los equipos, los directivos de la Liga y la propia federación, no habían tomado ninguna medida, también por temor a las repercusiones económicas por la mala conducta del entrenador. En algunos casos, el entrenador era cesado, pero sin explicar la razón.
El clima es también propicio por la labor de denuncia que se abrió con las iniciativas del #MeToo. La Cámara de Representantes acaba de aprobar una legislación –a la que el Senado había dado ya luz verde– que invalida una posible cláusula en los contratos laborales que obligaba a los trabajadores a arreglar los casos de acoso sexual por arbitraje interno en la empresa, en lugar de acudir a los tribunales. Estas cláusulas de confidencialidad, que en principio estaban pensadas para que el empleado no revelara datos internos de la empresa a la competencia, se habían convertido a menudo en una barrera cuando el trabajador quería demandar en casos de abuso sexual. Y es una cláusula bastante habitual en las grandes empresas.
La ley ahora aprobada, conocida como Speak Out Act, se aplica a los acuerdos de confidencialidad firmados antes de que estalle una disputa, no a los firmados como parte de un arreglo.
Visto lo que está saliendo a la luz, cuando se acusa a la Iglesia católica de haber ocultado durante años casos de abusos en su seno, pienso que es verdad, pero que otros han reaccionado igual pero todavía más tarde. Y que la Iglesia ha tomado más medidas y con más decisión que tantas instituciones civiles.
