Menores sin papeles

Menores extranjeros en Barcelona

Los laberintos burocráticos del Estado Providencia son a veces tan desconcertantes como insensibles. Un ejemplo es la acogida de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España –a veces enviados por sus propias familias–, con la esperanza de encontrar aquí un trabajo y un futuro mejor que en su patria. Entran de modo irregular, pero al ser menores de 18 años pasan a ser tutelados por la Administración. Según datos publicados en estos días, actualmente hay 12.300 menores extranjeros en centros de acogida. Solo en Madrid llegaron 1.570 en 2018, y los centros previstos para su recepción están desbordados.

No puede decirse que la Administración se desentienda de ellos. Al contrario, el Estado Providencia despliega su amplia panoplia protectora sobre estos niños y adolescentes extranjeros, la mayoría procedentes de Marruecos y Argelia. Una protección bastante completa y cara. La Comunidad de Madrid acaba de publicar el acuerdo marco para las entidades que quieran participar en la acogida de estos menores. La Comunidad va a dedicar una suma equivalente a 140 euros al día por cada menor.

Con ese dinero, las entidades adjudicatarias deben proporcionar un alojamiento adecuado en pisos o chalets que no podrán superar las 14 plazas. Deberán contar con una plantilla de seis educadores, cuatro auxiliares técnicos educativos y dos mediadores interculturales, más las personas que se ocupen de la cocina, limpieza y lavandería. La manutención incluye cuatro comidas al día que, por supuesto, respetarán las creencias religiosas y culturales de los acogidos. Habrán de suministrarles ropa y material de aseo, ciertos gastos médicos (desde gafas a ortodoncia) y ocuparse de su escolarización. También facilitarán la comunicación de estos menores con sus familias para que estén informadas de su evolución.

Es de suponer que las familias estarán encantadas de que sus hijos reciban una atención tan esmerada que en su casa habría sido imposible. Y en estos tiempos de Facebook e Instagram, los menores que viven en estos centros de acogida tienen un “efecto llamada” sobre sus amigos que aún están en el Magreb, y sueñan con vivir en España en un centro donde te dan comida, ropa y estudios, antes de lanzarte a la aventura de ganarte la vida. Aunque también hay menores que se escapan de estos centros y prefieren vivir sin normas y buscarse la vida por sí solos.

Pero la maldición del “sin papeles” acecha también a estos menores. También ellos necesitan un NIE (número de identidad de extranjeros) para hacerse visibles, empadronarse, acceder a ciertos beneficios sociales, y obtener permiso de trabajo a partir de los 16 años. Pero atravesar los trámites burocráticos es más incierto que la travesía en patera a Europa.

El primer paso es conseguir la documentación de los menores, lo cual tropieza con los obstáculos de los consulados de los países de origen, que pueden retrasar o bloquear el proceso. Luego habrán de lidiar con los requisitos de la burocracia española.

El proceso no es sencillo ni ágil. Según datos facilitados en estos días por el Ministerio de Trabajo, solo el 20% de los menores inmigrantes tutelados tiene autorización de residencia en vigor, aunque otros estarán tramitándola. Más difícil aún es conseguir un trabajo: en 2018 las autorizaciones de trabajo concedidas a menores de 16 y 17 años fueron 218, aunque en esas edades pueden trabajar a tiempo parcial aun sin permiso.

Y siempre con la espada de Damocles de los 18 años. Al cumplir esa edad, están obligados a dejar el centro de acogida y pasan a ser considerados inmigrantes irregulares. En esa situación, para conseguir un permiso de trabajo necesitan tener un contrato de un año a jornada completa, cosa que también muchos nacionales desearían tener. En 2018 solo 54 extutelados de 18 años obtuvieron el permiso de trabajo.

Estos datos nos muestran los efectos perversos del sistema. Nos gastamos un dineral para procurar que estos menores sean educados y tutelados, de modo que puedan integrarse y valerse por sí mismos. Y, sin embargo, al final de este proceso de tutela no se consigue que puedan trabajar, lo que les protegería contra la exclusión social. Toda la inversión que se ha hecho en su tutela durante unos años queda anulada por la falta de papeles, que les aboca a la marginalidad y en algunos casos a la delincuencia. El “interés superior del menor”, que guía su atención mientras es tutelado, se transforma a los 18 años en desinterés por el inmigrante irregular.

Durante unos años, el centro de acogida cubre todas sus necesidades. Pero, al final, lo que no les da el sistema es lo que les movió a lanzarse al peligroso cruce del Mediterráneo: la posibilidad de tener un trabajo para ganarse la vida mejor que en su país de origen. El sueño que acompaña a todo inmigrante, mayor o menor.