La autonomía de los profesionales sanitarios para diagnosticar conforme a la ciencia médica y recomendar las terapias que consideren más adecuadas en bien del paciente, son principios incuestionables. Sin embargo, cada vez es más frecuente que el legislador se arrogue el derecho a decidir lo que es o no patológico, o se entrometa a prohibir unas terapias y declarar el derecho a otras, en función de criterios ajenos a la evidencia científica. Y, cuando esto ocurre, el legislador traslada la patata caliente a los médicos, para que apliquen unas disposiciones legales que se han hecho sin contar con ellos.
Un ejemplo claro es la ley de eutanasia que se ha aprobado en España. Es curioso que la ley considere la eutanasia como un “acto médico”, y que, sin embargo, haya ignorado a los médicos. No se ha oído a la Organización Médica Colegial y se ha ignorado el dictamen del Comité Español de Bioética. Tampoco se ha hecho caso a los que más saben de atención al final de la vida: la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos han criticado la falta de asesoramiento científico y técnico de la ley de eutanasia. Lo que los profesionales sanitarios vienen pidiendo desde hace años es una ley de cuidados paliativos, pero esto no ha sido una prioridad para el gobierno.
Es cierto que también entre los médicos hay división de opiniones sobre la eutanasia. Pero incluso médicos partidarios de la eutanasia como último recurso, reconocen que en un tema tan decisivo la ley deja mucho que desear. La ley permite que un paciente que tiene una enfermedad que le provoca un gran sufrimiento, pueda solicitar la eutanasia. Pero, como dice uno de esos médicos, “esto nos crea un debate de cómo definimos el sufrimiento, cómo lo cuantificamos y evaluamos, cómo lo protocolizamos, qué hacemos con los pacientes que pueden tener enfermedades psiquiátricas, cómo evaluamos si el paciente lo está solicitando porque así lo vive o porque tiene una enfermedad que puede estar afectando a su toma de decisiones”…
El legislador ha creado un nuevo derecho a la eutanasia, sin pensar en los problemas que deberán afrontar los médicos que tienen que aplicarlo. Al personal sanitario le queda el recurso de hacerse a un lado, invocando la objeción de conciencia. Pero lo que muchos alegan es una “objeción de ciencia”, porque piensan que eliminar al enfermo es una mala solución a un problema que puede abordarse con cuidados paliativos.
Otras veces el legislador se mete a decidir lo que puede ser o no una patología, con criterios no biológicos sino sociales. Así lo hace la proposición de ley trans en trámite en el Congreso. La idea fundamental es “despatologizar” la transexualidad, y por lo tanto hacer tabla rasa de todos los criterios médicos que hasta ahora certifican un caso de disforia de género, patología eliminada por decreto. La exposición de motivos de la proposición de ley deja claro que se trata de abandonar una “concepción patologizante de las realidades trans”, que conmina a “transformaciones corporales, tratamientos hormonales, adecuación de ademanes de género, test médicos, largos periodos de espera…”. Bastará la libre declaración del interesado/a, y en un clic se cambiará de género a efectos jurídicos.
Sin embargo, si el interesado lo pide, el Sistema Nacional de Salud se pondrá al servicio del paciente (si es que se le puede llamar así) para realizarle tratamientos hormonales, cirugías genitales, mastectomía, tratamientos para la modulación del tono y timbre de voz, prótesis… (art. 27). Para no ser una patología, hay que reconocer que exige todo un esfuerzo terapéutico.
En la medicina del deseo, el cliente manda. Incluso la proposición de ley advierte que un diagnóstico de enfermedades psiquiátricas previas no obsta a la validez del consentimiento para la transición de género, si ha sido libremente formulado.
Pero, ojo, no siempre. Si el paciente busca libremente no la transición de género sino una ayuda médica para superar ese problema de identidad de género, la ley se lo impide. Inmiscuyéndose en la relación entre médico y paciente, la ley prohíbe cualquier terapia que “suponga un intento de conversión, anulación o supresión de la identidad de género, o que estén basados en la suposición de que cualquier identidad de género es consecuencia de enfermedad o trastorno”. Así que una ley que se presenta tan liberal y permisiva, se vuelve intolerante con los que tienen algún problema para vivir una identidad de género adecuada a su sexo. Como ha comentado el filósofo Fernando Savater, “o sea, que si usted considera que tiene el cuerpo equivocado, puede hormonarse y operarse desde la infancia, pero si cree que lo equivocado es su autopercepción… cuidadito con buscarse remedio. Conclusión: hay disforias buenas y malas”.
Una de las máximas que se aprenden en la práctica médica es que no hay enfermedades, sino enfermos. Lo que unos experimentan como malestar, para otros no lo es, y lo que cura a unos no siempre cura a todos. Por eso, los que piensan que su problema de identidad de género está en su mente y no en su cuerpo, tienen ese mismo derecho a ayuda médica que la ley reconoce a los que buscan una transición de género.
El problema puede estar en el empleo de terapias erróneas y poco éticas. Pero decidir por ley que “cualquier procedimiento” en este sentido es ilegal, supone una intromisión en la libertad de elección del paciente y en la autonomía de los profesionales sanitarios. Y en un tiempo en que la ley no persigue a nadie por su orientación sexual ni por su identidad de género, hay que suponer que quienes piden una ayuda médica en estas cuestiones lo hacen con plena libertad. En suma, es una norma pensada para defender la autoestima del colectivo trans, en vez de atender las necesidades médicas específicas de personas concretas.
Los próximos médicos en el punto de mira son los psiquiatras. Podemos ha presentado, con ayuda del PSOE, una proposición de ley de salud mental. Nadie duda de que hay que dedicar más recursos y más profesionales a la salud mental. Pero las primeras reacciones de los psiquiatras no han podido ser más alarmantes. Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, comenta: “Parten de supuestos falsos, centrados en la pobreza, la opresión social, como origen de las enfermedades mentales. Están alejados de cualquier evidencia científica y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves”. No se alude al cerebro ni a la genética; solo se habla de pobreza y opresión, como si la esquizofrenia, el trastorno bipolar o el autismo dependieran de los recursos económicos.
Pero si la identidad de género no tiene nada que ver con la biología, ¿por qué la salud mental iba a depender de ella?
Buenos días, Ignacio, me ha gustado en general tu articulo … pero … me parece que le sobra un cierto tono de ironía que deja al lector – por lo menos a mí- un regusto amargo, como de cierta prepotencia.
Atentamente