La exuberancia de servidores públicos

Un rasgo de los países pobres es que resulta fácil  contar con servidores privados. Con una mano de obra pobre y no educada, hay mucha gente dispuesta a prestar servicios personales por poco dinero. Las familias de cierta posición pueden así permitirse contar con criado, guardián de la casa, cocinero, limpiadora o niñera, según sus necesidades y sin grandes gastos. En los negocios y oficinas proliferan también personajes dispuestos a abrir puertas, trasladar papeles, dar recados; su contribución no aporta gran valor añadido a la actividad, pero para ellos significa un ingreso garantizado, aunque sea mínimo.

Cuando el país prospera esas capas laborales adelgazan. Una mano de obra más educada busca trabajos más lucrativos o adecuados a su formación. Y los que siguen desempeñando esos trabajos personales, también se profesionalizan y reclaman mejores sueldos, lo que a la larga hace que sus servicios queden solo al alcance de gente más acomodada. Más progreso, implica menos criados y más autoservicio.

En cambio, en los países ricos, lo que tiende a aumentar es el número de servidores públicos, ya sean funcionarios o personal contratado por las administraciones públicas. En el sector privado, la mano de obra contratada se regula por las exigencias del negocio y sube o baja en función de la actividad, si la ley laboral no pone excesivas trabas al  despido. En el sector público, en tiempos de prosperidad el empleo tiende  a aumentar a un ritmo superior al crecimiento económico.

La ley de Wagner

La multiplicación de los servidores públicos es una consecuencia de la expansión de las actividades del sector estatal, lo que lleva a un aumento secular del gasto público conforme a la conocida como ley de Wagner. El economista alemán Adolph Wagner (1835-1917)  observó ya en su tiempo que el aumento del crecimiento económico de un país conlleva un aumento aún mayor del gasto público. Wagner observó que el gasto público crece porque a medida que sube el nivel de vida los ciudadanos   tienen mayores exigencias en sanidad, educación, infraestructuras, seguridad, pensiones… Además, esos bienes públicos aumentan a un ritmo superior al crecimiento económico y, cuando el crecimiento se ralentiza o decrece, los ciudadanos se resisten a aceptar una reducción de los servicios que ofrece el Estado. De ahí que el gasto público no disminuya en la misma proporción que los ingresos fiscales, y que el Estado se vea obligado a endeudarse.

Pero el endeudamiento tiene un límite, como hemos comprobado en España, y al borde del abismo solo queda adecuar el gasto público a las posibilidades de financiación. Evidentemente, si el Estado va a prestar menos servicios, harán falta menos servidores públicos.

Y todo indica que en España el empleo público ha crecido no solo por efecto de la Ley de Wagner, sino también por el afán de los políticos de elevar su cuota de poder y por las exigencias del clientelismo, sin que en muchos casos hubiera una demanda ciudadana.  Tampoco ha habido resistencia. Siempre hay personas y grupos que presionan para ampliar las actividades del sector público, porque así ellos encontrarán oportunidades laborales o de negocio. En cambio, no hay suficientes intereses comunes que puedan aglutinar una resistencia a esa expansión incontrolada, que al final  repercute su coste sobre todos los ciudadanos.

Canales de baja audiencia

Un ejemplo claro es el de los canales de televisiones públicas regionales, como vemos estos días por la asfixia financiera de Canal 9 en Valencia o de Telemadrid.

Lo curioso del caso de Canal 9 es que su plantilla haya ido creciendo hasta 1.700 trabajadores –más que Telecinco o Antena 3– mientras que sus pérdidas se elevaban a los 300 millones anuales y su audiencia no pasaba del 6% en la Comunidad Valenciana. Ahora se quiere reducir la plantilla a 400 trabajadores, lo cual indica que tenía una nómina desmesurada para una audiencia escuálida.

Pero el despilfarro de fondos públicos no es algo exclusivo de Canal 9. Como se ha recordado estos días al discutir en el Senado la nueva Ley Audiovisual, en 2010 las 13 televisiones públicas autonómicas costaron 1.750 millones de euros, de los que el 80% procedía de fondos públicos. Y, en conjunto, solo son seguidas por el 10% de la audiencia. Es todo un ejemplo de servicio público para telespectadores que no desean ser servidos.

Si el exceso de servidores privados es la marca de los países pobres, la exuberancia de servidores públicos es un signo de los países que se creen ricos hasta que comprueban que no pueden pagar las facturas.