Huidos en caravana

La caravana de centroamericanos que atraviesa México para llegar a EE.UU. suscita simpatías y comprensión. Conmueve esa desesperada decisión de huir del propio país con lo puesto, a pie, hasta con niños pequeños, con la ilusión de encontrar una nueva vida en el vecino del Norte. Ante una población tan vulnerable, es fácil condenar el rechazo de la Administración Trump, que blinda militarmente la frontera, endurece las posibilidades de asilo y rechaza ese asalto de los pobres.

Pero aunque la compasión siempre es necesaria, no debe convertirse en un sucedáneo de políticas para atajar las causas de los males que provocan esas caravanas. El problema no se resuelve en la frontera con EE.UU., sino en los países de origen. Lo importante no es cambiar la política migratoria de EE.UU., sino las carencias de estos países que expulsan a sus habitantes.

Más allá de los desplantes de Trump, un país tiene derecho a controlar quién entra por sus fronteras, a filtrar las peticiones de ingreso. No hace falta ser xenófobo para pensar que no todo el que llama a la puerta tiene derecho a entrar. Sin embargo, el foco de la información en estos días se centra en la frontera de EE.UU., como si el problema estuviera resuelto franqueando el paso a todos los que llegan sin papeles, sobre todo si han hecho un recorrido tan agotador como el de estas caravanas.

Sería más lógico hablar de la situación en los países de origen, de ese conjunto de causas –pobreza, violencia, desigualdad…– que hacen a la gente desesperar de su propia tierra.

Una muy clara es la violencia que sufre Centroamérica, aunque el fenómeno adquiere también proporciones alarmantes en otros países de la región como México, Venezuela, Brasil o Colombia. En Centroamérica, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes va de 82,8 en El Salvador, a 56,5 en Honduras y a 27,2 en Guatemala; en comparación, la tasa en EE.UU. es de 5,35. Solo en El Salvador (6,6 millones de habitantes) se contabilizaron 5.257 homicidios en 2016, frente a los 5.351 registrados en toda la Unión Europea (511 millones) en ese mismo año. Son cifras que los expertos equiparan a situaciones de violencia normalmente asociadas a zonas de guerra.

Esta inseguridad lastra también las posibilidades de desarrollo, por la huida de los inversores, por los costes provocados por los delitos contra la propiedad y los daños a las víctimas, por los recursos que se destinan a la justicia penal y que se podrían dedicar a otras actividades. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la criminalidad cuesta a los países de América latina un 3,5% de su PIB por año, un hándicap financiero que puede alcanzar hasta el 6,5% en Honduras.

Al mismo tiempo reina en la región un sentimiento de impunidad, ya que en ciertos países solo se resuelven el 10% de los homicidios frente a un 80% en Europa.

Mientras no cambie esto, la gente seguirá huyendo de la violencia. Pero donde habría que actuar es en los países de origen. No vamos a decir que Trump haría mejor en enviar los soldados a Centroamérica que a la frontera con México, porque entonces todo el mundo denunciaría la “injerencia”. Pero también puede considerarse una intromisión que se pretenda dictar la política migratoria a otro país para arreglar así lo que uno no sabe resolver en su casa.

Es verdad que la violencia es un fenómeno de causas múltiples, que no se arreglan solo con la policía. En algunos países ya hay programas que combinan métodos de vigilancia con medidas de prevención a través de ONG y agencias del gobierno. Como a menudo la criminalidad se concentra en ciertas zonas, un enfoque prometedor ha sido mejorar el entorno de estos barrios; en otros casos, ha sido eficaz un enfoque de salud pública centrado en los factores de riesgo del comportamiento agresivo. Para combatir la violencia juvenil, han demostrado ya su utilidad programas de mentores que orientan a los jóvenes, junto a intervenciones para que no abandonen la escuela los jóvenes que tienen mayor riesgo. Estas y otras intervenciones podrían apuntalarse con la ayuda exterior y con una mayor imposición fiscal de los que más tienen en estos países. Nada de esto depende de la política migratoria de EE.UU., que puede convertirse en una fácil coartada para eludir las responsabilidades de los gobiernos de la zona.