El odio bien repartido

En estos tiempos de política identitaria, es cada vez más difícil encontrar algún colectivo que no se sienta discriminado y desfigurado ante la opinión pública por estereotipos. Para cambiar esta situación, caben dos reacciones. Una es activar campañas de opinión pública para dar a conocer la realidad del colectivo y contrarrestar las visiones negativas. Otra es asumir el papel de víctima, y exigir una protección legal como grupo especialmente vulnerable que sufre discriminación por sexo, etnia, orientación sexual, religión… La primera es más propia de EE.UU. La segunda se manifiesta sobre todo en Europa con la proliferación de leyes contra el “discurso del odio”.

En esta línea, la denuncia de la discriminación por la edad ha encontrado pocos valedores. Sin embargo, ¿cómo ignorarla en una sociedad volcada en lo nuevo y lo joven, que ve al trabajador mayor como un candidato a la prejubilación?

En EE.UU. ya se han puesto manos a la obra para combatir lo que califican de ageism, la discriminación por razones de edad. La AARP es una organización para personas mayores de 50 años, que proporciona información, defensa y servicios a sus miembros. Dice tener 38 millones de afiliados, y desarrolla una importante labor de lobby en el campo político y empresarial.

Ahora ha decidido dar la batalla para cambiar el modo en que la publicidad y los medios presentan a los mayores. Según Karen Chong, directiva de AARP, “si se ven las fotos que se utilizan para representar a los mayores de 50, tienden a aparecer como gente confusa o incapaz de hacer algo”, lo que refuerza los estereotipos y la discriminación laboral. Madison Avenue ha estado más centrada en cortejar a un público joven que en reflejar adecuadamente a los mayores.

Para crear una nueva imagen de los mayores y predicar con el ejemplo, la AARP acaba de contratar a Cindy Gallop, de 58 años, destacada consultora y exejecutiva de publicidad, que se encargará de transmitir el mensaje. “Nuestra economía –dice Gallop– no está sabiendo beneficiarse del compromiso, la experiencia, las capacidades, la creatividad y la influencia de los trabajadores mayores”, que están siendo desechados y discriminados en el mundo del trabajo. Hay que tener en cuenta que en EE.UU. los trabajadores mayores de 55 años son el 23% de la fuerza laboral.

Mientras en EE.UU. confían en el lobby privado y el poder de la publicidad para cambiar estereotipos, en Europa son los poderes públicos los que se hacen cargo del asunto con leyes contra los “delitos de odio” y amenaza de sanciones.

Recurrir al Derecho Penal para combatir la incitación al odio y la discriminación tiene bastantes problemas, como advierten los juristas. En primer lugar, la misma imprecisión del concepto de “odio”, que puede dar lugar a que se castiguen sentimientos, modos de pensar y actitudes vitales que, aunque sean éticamente reprochables, entran dentro de la libertad de expresión. También tienden a favorecer la susceptibilidad de las supuestas víctimas, que pueden considerar como ofensa delictiva cualquier opinión que resulte molesta para la idea que se hacen de sí mismas o para sus propuestas.

Otro problema es que este tipo de leyes, pensadas para proteger minorías vulnerables, tienen un carácter expansivo. Si al principio se trataba de combatir la discriminación por la raza o la etnia, inexorablemente se fueron añadiendo nuevas características dignas de protección. ¿Cómo no prohibir el odio y la discriminación por motivos de sexo, religión, edad, orientación sexual, identidad de género…? Si nos preocupa la islamofobia, ¿cómo no la cristianofobia? Si hay que luchar contra la homofobia, no habrá que olvidar la misoginia.

El Reino Unido es donde han ido más lejos en esta incorporación de nuevos grupos protegidos contra el “discurso del odio”. La legislación actual ya cubre como “características protegidas” la raza, la religión, la orientación sexual, la transexualidad, la discapacidad. Pero no parece suficiente. La Law Commission, organismo independiente que recomienda reformas legales, acaba de pedir que se considere como delito de odio la misoginia (aversión a las mujeres), pero también la misandria (aversión a los varones), el ageísmo (discriminación por la edad), y los prejuicios contra subculturas como los “góticos” (!).

El problema de esta deriva jurídica es que para que exista un delito de odio debería haber primero un delito –una agresión, un acoso, un vandalismo–, motivado por el prejuicio contra un grupo. Pero las minorías protegidas tienden a considerar como delito y ofensa vejatoria toda crítica que hiera sus sentimientos.

Todos somos minoría vulnerable en algún aspecto. Pero a fuerza de ampliar las fronteras de los grupos protegidos y de considerar ofensiva toda crítica que nos moleste, al final nadie podrá criticar a nadie. Así que llegaremos a la tolerancia por el silencio y al respeto por la indiferencia.

Print Friendly, PDF & Email
Esta entrada fue publicada en Minorías y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *