Desde hace tiempo se habla de ese periodo de incertidumbre e inestabilidad que hoy media entre la juventud y la edad adulta. Antes, la entrada en la edad adulta estaba marcada por ciertas etapas: acabar los estudios, irse de casa de los padres, lograr la independencia económica, casarse y formar una familia. Ahora, entre los 20 y los 30 años, muchos jóvenes viven lo que algunos sociólogos han llamado los “años de odisea”.
Es un viaje que no siempre tiene un rumbo claro. Desde el punto de vista profesional, pasan de un trabajo temporal a otro, prueban distintas orientaciones, aceptan empleos precarios si no tienen más remedio. En lo sentimental, mantienen “relaciones”, a veces sin saber si quieren construir un futuro con su pareja; muchos conviven y luego cortan. Viven con amigos y, si es inevitable, vuelven a casa de sus padres. Todo es fluido y nada es seguro.
En este contexto la decisión de constituir una familia se aplaza. La edad media del matrimonio en España ha subido hasta los 32,3 años para las mujeres y los 34,5 para los hombres. Las mujeres retrasan cada vez más su maternidad. La edad media para tener el primer hijo ha subido hasta los 30,6 años, lo cual supone que las españolas son, junto con las italianas (30,7), las que son madres más tarde en la Unión Europea.
Pero incluso cuando se constituye una familia los jóvenes deben afrontar unas dificultades, que se han agudizado durante los años de las crisis. Según la Encuesta Financiera de las Familias, publicada por el Banco de España, la renta media de los hogares jóvenes, aquellos cuyo cabeza de familia cuenta con menos de 35 años, descendió un 22,5% entre 2011 y 2014. Se nota que los jóvenes han debido afrontar no solo una mayor tasa de paro, sino también un acceso al mercado laboral con sueldos más bajos que sus predecesores. Los jóvenes con contratos temporales fueron las principales víctimas de la destrucción de empleo.
En estos años de crisis, en España los pensionistas han sufrido mucho menos. Los hogares a cargo de mayores de 65 años han sido el único grupo que ha visto aumentar sus ingresos, hasta un 11,3%, gracias también a que los nuevos jubilados han tenido carreras laborales más largas y han cotizado más. De media, los ingresos de una familia joven se situaron en 2014 en los 25.500 euros anuales frente a los 29.700 euros de un hogar de mayores.
La brecha generacional se nota también en lo que respecta al patrimonio. No es solo que los mayores de 65 tengan más riqueza media que los jóvenes, lo cual es normal tras una vida laboral. Pero además los hogares más jóvenes acusaron las mayores caídas. Por el contrario, los únicos que se salvaron de estas pérdidas e incluso aumentaron el valor de su patrimonio fueron los hogares cuyo cabeza de familia tenía más de 64 años.
Es verdad que, gracias a la solidaridad familiar, los ingresos de los jubilados han contribuido también a apuntalar las economías de sus hijos jóvenes. De todos modos, no hay que olvidar que las prestaciones de los pensionistas solo pueden mantenerse si hay nuevas generaciones suficientemente numerosas y con empleo, cuyas cotizaciones alimenten la caja de la Seguridad Social.
Y aquí también hay otra brecha demográfica, que de no colmarse augura un precipicio. Según las proyecciones del INE, de continuar las tendencias demográficas actuales, el porcentaje de población de más de 65 años, que actualmente es el 18,7%, alcanzaría el 25,6% en 2031.
En cambio, el número de nacimientos seguiría descendiendo en los próximos años, sobre todo por la reducción del número de mujeres en edad fértil, aunque aumentase ligeramente el número medio de hijos por mujer que ahora está en 1,3. Un panorama de más muertes que nacimientos no augura nada bueno para el dinamismo económico de un país. Por eso las tendencias demográficas actuales no son sostenibles, ni desde el punto de vista económico ni social.
Los hijos son una responsabilidad privada, pero también un bien público. Por eso al Estado le interesa ayudar a los que quieren tener hijos. Para ello, lo primero es garantizar la equidad fiscal para las familias con hijos, permitiendo que deduzcan de la renta imponible una parte significativa de los gastos de crianza de los hijos. Y también recompensar a los que al tener más hijos contribuyen más al sostenimiento de las pensiones. En esta línea van medidas como el complemento de pensión de las mujeres entre el 5% y el 15% en función del número de hijos que hayan tenido, que entró ya en vigor el año pasado.
Las estadísticas confirman que cuanto más tarde llegan los hijos menos se tienen. De ahí que la acción pública debe centrarse también en atenuar los efectos del síndrome del retraso en las generaciones jóvenes y facilitar todo lo que contribuya a la asunción de responsabilidades, desde la lucha contra las causas del paro juvenil, a las medidas de conciliación en las empresas o el acceso a la vivienda.
A medida que nuestra sociedad envejece, los gobiernos son más sensibles al peso político y social de los mayores. Pero si queremos que el Estado de bienestar sea sostenible, habrá que prestar más cuidado a la inserción de los jóvenes.
Magnífica, una vez más, esta aportación de Aréchaga. Lástima que en España estas reflexiones, como decía Don Quijote, sean como echar agua al mar.