En estos tiempos de incertidumbre, si de algo podemos estar seguros es que vamos a dejar a los jóvenes una deuda pública monumental. Una pesada herencia que lleva a plantearse si es compatible con la solidaridad intergeneracional.
Los datos recién publicados por el Banco de España, referidos al pasado noviembre, indican que la deuda pública ha alcanzado el 114% del PIB, un 10,5% superior al del mismo periodo del año anterior, y el gobierno prevé que al cierre del año llegue al 118%. Es decir, como comunidad debemos ya más de lo que la economía produce en un año. Es el máximo histórico en el último siglo.
Tampoco somos un caso excepcional. En la Eurozona las previsiones para el cierre del 2020 indican una deuda del 101% del PIB, y en el club de las “cigarras” mediterráneas se encuentran también Italia (160%), Grecia (166%), Francia (119%) o Portugal (140%).
En esta coyuntura todo anima a endeudarse. Si en la crisis de 2008 se impuso una receta de austeridad, en la sacudida de la pandemia la voz de orden es “gastar”. La UE ha suspendido temporalmente las reglas de la ortodoxia fiscal, y además va a distribuir a sus miembros unos 750.000 millones de euros obtenidos por endeudamiento. El Banco Central Europeo sostiene un endeudamiento cómodo con sus compras de bonos, que hacen posible unos tipos de interés cercanos a cero. Y si los guardianes de la ortodoxia monetaria y fiscal han decidido gastar a lo grande, no cabe esperar mucha contención por parte de políticos que ya antes de la pandemia alimentaban los déficits fiscales, y se encuentran con la oportunidad dorada de poder gastar a su antojo sin que nadie les tilde de irresponsables.
Por una vez hay casi consenso entre los economistas en que hacen falta políticas expansivas para sostener la actividad económica y los empleos en medio de la pandemia. Pero, con el grifo abierto del gasto público y el desplome de ingresos por el parón de la actividad, lo que crece de inmediato es la deuda. Y como inevitablemente llegará un momento en que habrá que devolver el dinero, es justo preguntarse si no estamos traspasando una herencia onerosa a las generaciones futuras.
Hay quienes piensan que estos escrúpulos no vienen a cuento. Con los tipos de interés cercanos a cero, endeudarse es lo lógico, pues la rentabilidad del dinero es superior a las tasas de interés. Esta política beneficiará también a los jóvenes, pues así se mantienen sectores de actividad que les darán empleo. Además, los fondos movilizados por la UE dan la posibilidad de hacer las reformas estructurales necesarias para modernizar la economía y garantizar así el crecimiento firme que asegurará a las futuras generaciones.
Sin negar estos objetivos, otros alertan de los riesgos del endeudamiento desatado. Para que la deuda sea sostenible, hace falta que la economía crezca. Y, en el caso de España, las perspectivas de crecimiento económico son débiles, por mucho que el gobierno haga pronósticos tranquilizadores.
El crecimiento de la economía depende también de en qué se emplea el aumento del gasto público. No es lo mismo que sirva para aumentar el gasto corriente o que se dedique a inversiones en infraestructuras, I+D, educación… que pueden después tirar para arriba de la economía. En este sentido, no resulta muy alentador que los Presupuestos Generales del Estado para este año hagan hincapié en el aumento de los sueldos de los funcionarios, en la revalorización de las pensiones o en una prestación permanente de ingreso mínimo vital, capítulos que habrá que atender, pero que solo generan gasto.
Los riesgos del endeudamiento
Ahora la preocupación central es mantener y estimular la economía, pero quizá en un futuro cercano, el problema sea esa deuda que ahora contraemos alegremente. Mervyn King, que fue gobernador del Banco de Inglaterra de 2003 a 2013 y que aplicó políticas monetarias ultraexpansivas en parte de ese período, advertía recientemente en una entrevista en El País: “Lo que se avecina es una crisis de endeudamiento, que llegará pronto. La deuda global está por encima de los niveles de 2007, y empresas y Estados la han aumentado aún más con la pandemia. Cuando se retiren las muletas del Estado habrá quiebras de empresas, y muy probablemente crisis de deuda soberana en los países emergentes”.
Sea o no sostenible esa deuda, lo indudable es que su devolución va a dejar hipotecados a los jóvenes en una época en que afrontan también otras incertidumbres. El desempleo juvenil (de 15 a 25 años) en España siempre ha sido alto, pero actualmente alcanza el 43%. Las generaciones nacidas entre los años 80 y 90 han enlazado al comienzo de su vida profesional la crisis de 2008 y la de la pandemia, con una pérdida de ingresos y de ascensos que repercutirá en toda su trayectoria. La legislación laboral privilegia –tanto en pensiones como seguro de paro– a los que tienen un empleo estable, mientras que muchos jóvenes están sometidos a una precariedad laboral rampante y a trabajos a menudo por debajo de su cualificación.
Además, el déficit continuado de la Seguridad Social indica que el sistema de pensiones es insostenible en su versión actual. Por eso ya el gobierno sugiere –sin atreverse a decirlo aún– que para calcular el importe de la pensión en el futuro se tendrán en cuenta 35 años cotizados en vez de los 25 actuales, lo que supondrá un recorte de la pensión.
Con estos factores, no es extraño que la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65 años haya disminuido a 14,5%, mientras que entre los jóvenes (de 16 a 29 años) asciende al 26,5%.
Estas generaciones más jóvenes deberán también pagar más impuestos para sufragar el gasto creciente en sanidad de una población envejecida y de alta esperanza de vida. Al mismo tiempo tendrán que devolver la deuda pública que estamos creando tan alegremente en estos tiempos de tipos de interés cercanos a cero. En estos momentos, los costes de financiación están bajo mínimos, con lo que la deuda resulta indolora. Pero si en el futuro el BCE deja de comprar deuda a mansalva y aparece una coyuntura inflacionista, podría volver a visitarnos la indeseada prima de riesgo y el servicio de la deuda se dispararía.
¿Cómo aceptarán esto las nuevas generaciones? Por el momento, los políticos están más preocupados por no inquietar al semillero de votos de los pensionistas. Pero al final, quienes va a dirigir la sociedad son los que siguen trabajando y que deben afrontar las inaplazables exigencias económicas.
En los problemas medioambientales, hay ya una conciencia de que la generación actual está creando una deuda ecológica que, si no se corrige ahora, tendrá que ser pagada con intereses por las siguientes. En lo que respecta a la deuda pública, que también sirve para financiar costes medioambientales, falta muchas veces esta conciencia.
Es razonable y no lesiona la justicia intergeneracional endeudarse para crisis puntuales –defender la independencia de la nación en una guerra, para afrontar catástrofes como puede ser la pandemia actual– o para crear infraestructuras que servirán también a las siguientes generaciones.
En cambio, no se ve la razón por la que los que vengan después deban asumir una losa de deuda pública porque la actual generación no esté dispuesta a pagar los impuestos necesarios para financiar sus gastos o a reducir estos.
Más que plantear un enfrentamiento intergeneracional, lo ineludible es buscar soluciones a los problemas de hoy sin trasladar el coste a los que vendrán después.
