Ha caído la natalidad en España, y la crisis parece afectar también a las clínicas de reproducción asistida. Así que es comprensible que intenten ampliar su mercado. Si ya no bastan las parejas infértiles, ni las mujeres solas, ni las que han superado la menopausia, ¿por qué no sumar también a los que ya son padres pero quieren poder elegir el sexo de un nuevo hijo?
La Ley española de Reproducción Asistida, de 2006, tan liberal en otras cosas, solo permite seleccionar el sexo del hijo cuando se trata de evitar la transmisión de algunas enfermedades ligadas al sexo. Cuando fue aprobada se dijo que, por supuesto, solo se permitía por motivos terapéuticos, y que en absoluto se proponía consagrar el derecho a un bebé a la carta.
Pero, en estos pocos años, la idea de que la reproducción asistida tiene una finalidad terapéutica se ha ido desvaneciendo ante el propósito cada vez más claro de responder a los deseos del cliente. Por eso ahora las clínicas de este sector han decidido promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) –para lo que se requieren 500.000 firmas– a fin de pedir en el Congreso que la ley permita elegir el sexo del bebé (El País, 27-06-2013).
Para consagrar este nuevo “derecho reproductivo”, algunos aducen el obstáculo que supone para la educación la falta de variabilidad familiar, en fin, que la naturaleza ha frustrado la “parejita”. Lo cual no deja de ser paradójico en una sociedad que asegura que estar a cargo de dos padres del mismo sexo no tiene ningún inconveniente para la educación de los hijos. Y si el “equilibrio” es tan decisivo, ¿no habría que censurar seriamente a tanta pareja con hijo único?
Otros promotores no se esfuerzan mucho en revestir sus argumentos con ropajes educativos. “Si es posible técnicamente, y se hace en otros países, ¿por qué prohibirlo?”, se pregunta Simón Marina, director médico del Instituto Cefer. Quizá no ha pensado que el argumento serviría igual para la pena de muerte o para los vientres de alquiler. Además resulta que en este caso tampoco se puede decir que lo acepten “los países de nuestro entorno”, pues la selección de sexo sin finalidad terapéutica está prácticamente prohibida en toda Europa.
Pero siempre hay países donde se puede hacer, desde Estados Unidos a Tailandia. “Hay muchas parejas que se desplazan a otros países para poder someterse a este tratamiento y la ILP pretenden facilitar el acceso a esta técnica a quien no disponga de recursos para ir al extranjero”, añade Marina. Pero sí que disponga del dinero suficiente para dejarlo en nuestras clínicas, se sobreentiende. Ocho mil euros por ciclo de fecundación in vitro, con diagnóstico genético preimplantacional. Todo sea por reactivar la economía.
Pero, además, aquí los clientes no se someten a ningún “tratamiento”; son los embriones creados con sus gametos los que son sometidos a criba para elegir el del sexo adecuado y eliminar los otros.
Al final, todo se justifica por el deseo de los padres. “Elegir el sexo de tu hijo es un ejercicio de libertad, un derecho reproductivo legítimo”, certifica Marina. Si es así, la reproducción asistida no debería ser el único recurso para garantizarlo. Las familias que en China o en la India practican el aborto selectivo por sexo para conseguir un varón –allí lo prefieren–, nos están mostrando el camino. Ya hay técnicas que permiten detectar el sexo del feto, antes de la semana 12 de gestación. Si el “derecho a decidir” está por encima de todo, el aborto es mucho más barato y rápido que la fecundación in vitro. Y en uno y otro caso, los embriones no deseados se quedan por el camino.
La evolución de las clínicas de reproducción asistida muestra que los “derechos reproductivos” son tan flexibles como ampliables. Siempre habrá algún deseo del cliente que no pueda ser atendido con la legislación actual. Pero hay que reconocer que utilizar como estrategia de marketing la Iniciativa Legislativa Popular, un instrumento previsto para favorecer la participación política, es todo un hallazgo.
