Blindados de barro

Campaña Blinda tus derechos

Ante la proximidad de las elecciones en España, una palabra se ha puesto de moda: “blindar”. Como esta vez la mayoría de los partidos proponen reformar la Constitución, las apuestas políticas compiten para asegurar a los ciudadanos contra las contingencias de los ciclos económicos. Cuanto más a la izquierda, más seguridad se pide. Se ve que hoy día la revolución es conservadora.

Podemos promete el “blindaje” en la Constitución de los derechos sociales, como el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad, al medio ambiente… Las ONG no se quedan atrás: Amnistía Internacional, Oxfam Intermón y Greenpeace piden a los partidos políticos que equiparen la protección de los derechos sociales a los fundamentales, de modo que su reconocimiento pudiese ser reclamado por los ciudadanos en vía judicial y obtener amparo si fuera preciso ante el Tribunal Constitucional. Estas organizaciones piden incluso que se blinde la cooperación al desarrollo, de modo que no esté al albur de los Presupuestos Generales, es decir, de que el Estado tenga más o menos dinero para gastar en ayudas al extranjero.

El problema de los derechos sociales es que, a diferencia de los derechos civiles y políticos, cuestan dinero. Por eso el Estado de Bienestar siempre es una conquista tasada y mudable. Los ciudadanos lo han experimentado con la crisis económica. En España, como en los demás países de la OCDE, en los últimos 20 años el gasto sanitario público ha crecido anualmente a un ritmo mayor que el PIB. Entre 2000 y 2009, el crecimiento del gasto fue un 4% anual, pero a partir de entonces la tasa ha sido negativa: –2%. Nadie ha objetado el derecho a la protección de la salud, pero menos recursos suponen también menos personal sanitario y más listas de espera. En la educación, los recortes se han notado también en el freno a la contratación del profesorado, la supresión de actividades complementarias o el aumento de las tasas universitarias. El derecho a la educación sigue ahí, pero con un techo de gasto que da para pocas alegrías.

Escarmentados por esta erosión de lo que creían derechos adquiridos, algunos partidos quieren blindarlos en la Constitución para que sean intocables. Como por arte de encantamiento, bastaría introducirlos en la Carta Magna para que fueran realidad o, más bien, para que la realidad no pudiera afectarles. Esa incómoda realidad de la escasez de ingresos públicos, del empleo inseguro o del coste de las hipotecas no debería limitar el disfrute de los derechos sociales a la sanidad, a la educación o a la vivienda. El reconocimiento constitucional sería una especie de “detente, bala” frente a los disparos de la crisis.

Pero la realidad es tozuda y no se deja convencer fácilmente por apelaciones a derechos constitucionales. Por ejemplo, en el tema de las pensiones, los desequilibrios demográficos pueden impactar en la línea de flotación del sistema de pensiones públicas. Hoy el 90% de una generación llega a los 65 años, y aún le queda un buen tramo de esperanza de vida. Con una natalidad insuficiente y una mayor inestabilidad en el empleo, la relación de cotizantes por jubilado no deja de disminuir (1,99 en 2012). Esta evidencia ha obligado ya a retrasar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, y a olvidarse de la revalorización automática de las pensiones en función del IPC.

El futuro no apunta mejor para los más jóvenes. Según el último informe de la OCDE Panorama de las pensiones 2015, en la mayoría de los países de la zona muchos más jubilados recibirán pensiones menos elevadas cuando lleguen a la edad de retiro.

Si los jóvenes lo van a tener más difícil, resulta aún más sangrante que la generación actual, acostumbrada a gastar más de lo que tiene, traspase la deuda a los que vengan detrás. Los partidos que exigen gastar todo lo que sea necesario para garantizar lo que entienden como derechos sociales lo que están pidiendo en el fondo es vivir a cuenta de generaciones futuras, que deberán asumir la deuda pública acumulada.

En vez de reconocer esto, es fácil refugiarse en la solución ideal de decir que se subirán los impuestos a los ricos. Para que esto fuera viable, necesitaríamos muchos más ricos de los que hay. Y no parece que las políticas económicas de los partidarios del “blindaje” vayan dirigidas a aumentar el número de ricos.

El único modo de blindar los derechos sociales es lograr una economía sólida, una mayor tasa de actividad y una natalidad  suficiente.

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Una respuesta a Blindados de barro

  1. Charly dijo:

    Un 10 con mayúsculas para estas reflexiones.
    En el fondo es puro sentido común, pero los ciudadanos de a pie no queremos escuchar esto.
    Y los políticos solo cuentan lo que queremos oír.
    No se atreven a decir la verdad, porque nadie les votaría.
    ¡Esta es la gran tragedia de esta sociedad! Está ciega y sorda a la verdad.
    Carece de valor y de valores.
    ¡Queda tanto por hacer!

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