Tómese una lista de espera en la Administración en la que hay casi medio millón de solicitantes, que aguardan en algunos casos desde hace años. Adóptese un plan de choque para solucionarlo. Y, pasados siete meses, el 66% se los expedientes se han tramitado y el resto van resolviéndose a buen ritmo. ¿Un milagro de la burocracia? No, un efecto de la privatización.
Estamos hablando del monumental atasco de los expedientes de nacionalidad que acumulaba el Ministerio de Justicia hasta el año pasado. Por raro que pueda parecer, incluso en estos tiempos de crisis varios centenares de miles de extranjeros afincados en España aspiran a obtener la nacionalidad española (quizá sin perder la propia, en el caso de latinoamericanos). En cado caso hay que hacer un expediente en el Ministerio de Justicia para ver si el solicitante cumple los requisitos, justificados con documentos. Desbordado por las peticiones, que aumentaban al ritmo de 10.000 nuevas al mes, el Ministerio retrasaba cada vez más la respuesta, para desesperación de los interesados.
Por fin, el Ministerio de Justicia suscribió el pasado 25 de junio un convenio con el Colegio de Registradores, para que estos se encargaran de la tramitación y verificación de los requisitos y enviaran una propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad, que finalmente sería resuelta por el Ministerio.
Hoy en día, según datos que figuran en la web de los Registradores, se han resuelto ya 315.032 expedientes de un total de 478.233, es decir, dos de cada tres, y se espera acabar con el atasco a lo largo de 2013. A lo mejor es porque con la caída de la venta de viviendas tenían menos trabajo, pero la realidad es que los 1.000 registradores en ejercicio han demostrado una gran eficacia.
Y además, según dicen, sin cobrar un euro del Ministerio por su trabajo. Aseguran que se lo han tomado como una labor social. Es verdad que los registradores de la propiedad no son una ONG ni han hecho voto de pobreza. Desde hace tiempo aspiran a ocuparse de las tareas del Registro Civil, que hoy realizan funcionarios del Ministerio de Justicia. Y con esta colaboración en los expedientes de nacionalidad, hacen méritos y demuestran que pueden y saben hacerlo.
En este caso no ha habido –por el momento– gritos contra la “privatización del servicio público”. Aún no se ha oído: “¡El Registro no se vende!”, ni ha habido una “marea” (¿rojigualda?), para protestar contra esta cesión a la iniciativa privada de algo tan “público” como lo relacionado con la obtención de la nacionalidad. Quizá porque los funcionarios se han quitado así un buen trabajo de encima.
No solo la privatización del trabajo ha redundado en una mayor rapidez. También da la impresión de que los registradores han sido más meticulosos a la hora de examinar los expedientes: han propuesto conceder la nacionalidad en el 83% de los casos y denegarla en el 17%, porcentaje este último cinco veces superior a los datos previos del Ministerio.
Y, sin duda, los principales beneficiarios han sido los solicitantes que aguardaban desde hace mucho tiempo a que se resolviera su petición. Seguro que no les ha importado que su expediente haya sido tramitado por manos privadas en vez de públicas.
La idea de que solo las estructuras públicas sirven de verdad al público demuestra una vez más ser una creencia sin fundamento. El verdadero servicio público es el que resuelve los problemas del ciudadano con eficacia y fácil acceso, lo preste quien lo preste.
5 respuestas a Bendita privatización