En una sociedad que se cree inmunizada contra todo riesgo, la aparición de la desgracia provoca siempre la exigencia de responsabilidades. No hay casualidad, no hay destino. Si algo ha ido mal, es que alguien no ha hecho lo que debía. Y si el responsable directo ha muerto también en la desgracia, hay que buscar culpables en el sistema.
En principio, la exigencia de responsabilidades es lógica e inevitable. Pero lo difícil es determinar dónde acaba. Cuando en marzo de 2015 el copiloto de Germanwings, Andreas Lubitz, estrelló deliberadamente su avión en los Alpes franceses, tras encerrarse solo en la cabina, hubo muchas especulaciones sobre la responsabilidad de los médicos y de la compañía por no haber detectado a tiempo que sufría un trastorno psíquico que le incapacitaba para volar. Se dijo que los médicos habían sido negligentes y que habían ocultado los síntomas depresivos y suicidas que mostraba el joven copiloto de 27 años.
Ahora, tras las investigaciones pertinentes, la Fiscalía alemana ha determinado que nadie más que el piloto fue responsable del accidente. Aunque los fiscales han llegado a la conclusión de que Lubitz padecía un “episodio psicótico depresivo” y que lo había ocultado a los médicos y a Germanwings, consideran que no hay elementos tangibles para considerar responsables ni a los médicos, ni a la compañía Lufthansa ni a las autoridades de aviación alemana.
El anuncio de la Fiscalía de Düsseldorf es un revés para el colectivo de víctimas (entre las que había 50 españolas) que han presentado una demanda en un tribunal de EE.UU. contra ATCA, la escuela de pilotos que tiene Lufthansa en Phoenix, donde Lubitz completó su formación. Su tesis es que Lubitz debería haber sido descartado como piloto, por haber manifestado ya algún problema psíquico.
Siempre que se rebobina la cadena de acontecimientos previos a un desastre, es fácil encontrar momentos en que alguien advirtió un posible riesgo o dejó de hacer algo. En muchos casos ese riesgo no se materializa, y la advertencia fallida se olvida. En cambio, cuando la desgracia se produce, cualquier medida no tomada se interpreta como negligencia.
Pero no es sencillo determinar la frontera entre el alarmismo y la negligencia. Quizá el caso más llamativo fue la sentencia del tribunal de L’Aquila en 2012, que condenó a penas de cárcel a siete sismólogos acusados de subestimar los riesgos de un terremoto, mientras la defensa alegaba que nadie puede predecir un movimiento sísmico. La sentencia causó un gran revuelto en la comunidad científica, y los acusados fueron finalmente absueltos en la Corte de Apelación, en medio de la indignación de los familiares de las víctimas.
Del “Prestige” al Yak-42
Ante cualquier desgracia, los familiares de las víctimas merecen el respeto a su dolor y el debido apoyo. Pero esto no implica que sus pretensiones equivalgan sin más a la justicia. En España, al cabo de 14 años, todavía colea el caso del accidente aéreo del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Las investigaciones demostraron que el accidente en Trbzon (Turquía) se debió al agotamiento y desorientación de los pilotos, que llevaban 22 horas de vuelo. Pero las víctimas siempre han querido responsabilizar al Ministerio de Defensa, encabezado entonces por Federico Trillo, por haber contratado el transporte con una compañía deficiente.
La exigencia de responsabilidades ha dado ya lugar a tres sentencias. Una demanda civil, en la que la compañía aérea y la aseguradora fueron condenadas a indemnizar a los herederos de las víctimas. Una sentencia penal en la que fueron condenados dos forenses militares por negligencia y falsa atribución de los restos de las víctimas. Y una decisión de la Audiencia Nacional que archivó la causa contra altos mandos militares por un delito de imprudencia en la contratación, por considerar que no había ninguna responsabilidad penal.
Pero los familiares, que ya habían obtenido 65 millones de euros en indemnizaciones, solicitaron también una indemnización adicional por responsabilidad patrimonial de la Administración. Esto es lo que ha dado lugar en estos días al dictamen del Consejo de Estado, que ha vuelto a resucitar el caso.
A juzgar por muchos titulares de prensa, uno puede sacar la impresión de que el Consejo de Estado da la razón a los familiares y echa la culpa del accidente al Ministerio de Defensa. En realidad, el informe termina diciendo: “Procede desestimar las reclamaciones sometidas a consulta”, pues los familiares ya han obtenido una reparación adecuada.
Sin embargo, puede decirse que los familiares obtienen un triunfo parcial, ya que el informe reconoce, en términos muy generales, la responsabilidad de la Administración militar a la hora de vigilar y controlar los medios en que se realizaba el transporte a través de una agencia de la OTAN.
Es verdad que todo se afirma en términos muy hipotéticos, sin verter acusaciones ni señalar responsables, pues se trata de un informe sobre una reclamación monetaria. “Hay hechos, anteriores a la fecha del siniestro, que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen.
Todo son condicionales e hipótesis, pero suficiente como arma arrojadiza en la lucha partidista. Siempre que en España una catástrofe se convierte en palanca política, al final lo de menos es lo que digan los tribunales. Como ya ocurrió en el caso del hundimiento del Prestige, también en el caso del Yak-42 la Justicia ha acabado eximiendo de responsabilidad penal a miembros de la Administración que fueron acusados de negligencia. Durante años fueron víctimas de un desprestigio mediático, por el que nunca serán resarcidos. Pero la verdad ya no importa, si la turbulencia mediática ha sido eficaz para liquidar a adversarios políticos. Es un riesgo de tergiversación contra el que no hay seguro.
