“Con la trata no hay trato” es el lema acuñado por el Ministerio del Interior para su plan de lucha contra la prostitución. El plan está en marcha desde abril de 2013 y, según datos facilitados ahora por el director general de la Policía Nacional, ha dado lugar ya a la detención de 1.450 proxenetas y al rescate de 11.751 víctimas de redes de explotación sexual. En España la prostitución es alegal: ni se prohíbe ni se considera un trabajo reconocido. El delito es el proxenetismo y la trata.
Ahora el Ministerio quiere ir más allá y anuncia que someterá a los clientes a una “presión insoportable”. La presión irá desde las multas a quienes soliciten servicios sexuales en proximidades de lugares frecuentados por menores o en carreteras, a campañas en medios de comunicación y redes sociales, y avisos en Internet. En términos económicos, podríamos decir que se pasa a una política de reducción de demanda.
La demanda la representan un 6% de los españoles, la mayoría hombres entre 18 y 49 años, que proporcionan un volumen de negocio de más de 3.600 millones anuales, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. En un negocio de este tipo todas las cifras hay que cogerlas con pinzas, pero el criterio de la Comisión Europea obliga desde el año pasado a incluir en el cálculo del PIB actividades ilegales basadas en el intercambio libre, como la prostitución. En cualquier caso, es innegable la normalización y extensión del fenómeno, en el que están involucradas decenas de miles de “trabajadoras del sexo”.
El lanzamiento de este nuevo plan contra el sexo de pago debería llevar a preguntarnos qué visión de la sexualidad ha favorecido que el fenómeno haya pasado de la marginalidad a la oferta masiva, cuando las condiciones socioeconómicas y educativas deberían estimular su retroceso.
Como también es un dato elocuente que el cliente habitual de la nueva prostitución sea más joven que antes, entre los 20 y los 30 años. Son jóvenes que han crecido en el desinhibido clima de la revolución sexual, y han sido convenientemente adoctrinados en la igualdad entre hombre y mujer, pero no por eso renuncian al sexo de pago.
En el fondo, su actitud es una consecuencia lógica de un modo de concebir la sexualidad. Si el sexo es una actividad lúdica, en la que todo vale mientras que sea de mutuo acuerdo, no se ve por qué hay que excluir los servicios de una profesional.
Este recurso responde también al deseo de obtener la satisfacción de forma rápida y sin el esfuerzo de ligar, una cultura de la inmediatez tan arraigada en una generación que no ha sido educada en la necesidad de la espera.
Según algunas encuestas, para la mayoría de los jóvenes la prostitución es una cuestión de libertad personal, y aunque piensan que las meretrices lo hacen porque no tienen otro remedio, el asunto no les suscita especial malestar o rechazo. Explotada o voluntaria, es asunto suyo. Para esos casos, la mujer es solo un objeto de placer, cosa que no debería extrañar en una sociedad que rodea de glamour Cincuenta sombras de Grey.
De hecho, la prostitución forma parte del paisaje. Desde programas de televisión sobre escorts de lujo o travestis rompedores, a los anuncios de relax en la prensa más seria, que ya se encarga de condenar la prostitución en los editoriales.
Esa “presión insoportable” que ahora el Ministerio del Interior quiere aplicar sobre el cliente sería más eficaz si no existiera un clima cultural que normaliza el sexo de pago. Y eso no lo va a arreglar la policía.
