Es una de esas noticias a las que los tabloides británicos saben sacar su dosis de pimienta y morbo. Pero también es significativa de la medicina del deseo que se está imponiendo en nuestra época. La protagonista es una transexual británica, Chelsea Attonley, que ya no quiere ser mujer y, a sus 30 años, exige al sistema de salud británico (NHS) que le costee el cambio de sexo. El seguro sanitario ya le financió la operación inversa hace siete años, cuando era Matthew, y quería ser la mujer que, a su juicio, llevaba dentro desde su nacimiento.
Según cuenta al Mirror, no está satisfecha con el resultado de la primera operación: “Siempre he querido ser una mujer, pero la cirugía no logra darme un verdadero cuerpo femenino y siento que estoy viviendo una mentira”. Ahora se da cuenta de que vestirse, maquillarse y actuar como mujer es “agotador”. Además señala que nunca se ha sentido valorada como tal.
Ante esta insatisfacción, Chelsea pide al NHS que le financie la cirugía necesaria para volver a ser Matthew. No hay que pensar que se siente culpable por este gasto. “Necesito esta operación –dice– para garantizar mi salud mental. Y tengo la suerte de vivir en un país donde la asistencia sanitaria es gratis”.
Chelsea/Matthew parece muy acostumbrada a que el contribuyente pague sus facturas, ya que, debido a su estado depresivo y ansioso, no puede trabajar y vive de las prestaciones sociales del Estado.
Su pretensión ha sido duramente criticada por la Asociación Británica de Contribuyentes, que, sin temor a ser acusada de transfobia, ha dicho que “toda esta historia ha costado ya demasiado. Si el NHS tiene que ser adecuadamente financiado, este despilfarro debe ser cortado”. El tratamiento de cambio de sexo cuesta unas 18.000 libras.
Sin duda, la emergencia de nuevas y cambiantes identidades de género –más allá de la bipolaridad hombre y mujer– tiene también su coste financiero. Pero en este campo se da por supuesto que el deseo debe ir a cargo del erario público. No deja de ser curioso que el ejercicio de la libre autonomía en materia sexual acabe en muchos casos pasando el coste al contribuyente. De este modo, la reproducción asistida de lesbianas en busca de hijo, los cambios de sexo o el aborto, se consideran un ejercicio del derecho a decidir en sus diversas formas, pero a cargo de la financiación pública. Mi cuerpo es mío y la factura de todos.
