La educación: ¿inversión para quién?

En toda protesta contra las reducciones en presupuestos de educación la frase se repite con gran solemnidad: “La educación no es gasto, es inversión”. En consecuencia, todo recorte en educación sería una política miope e injusta, que hipotecaría el futuro del país. La tesis se utiliza especialmente en la crítica a la subida de tasas universitarias, un debate hoy presente en España y en otros países. 

Nadie niega que los recursos dedicados a la educación superior son una inversión. Otra cosa es a quién beneficia esa inversión y si debe financiarse con fondos públicos o privados, o en qué proporción deben mezclarse los dos. En España, actualmente, las tasas en las universidades públicas solo cubren como media un 16% del coste real, por lo que la mayor carga de la financiación recae sobre todos los contribuyentes. Y lo que ha autorizado ahora el gobierno es que las universidades cobren entre el 15% y el 25% del coste real al matricularse por primera vez en una asignatura, y entre el 30% y el 40% en la segunda

Para justificar la subvención pública indiscriminada, se aduce que esta inversión tiene indudables beneficios sociales. Es bueno que un alumno realice estudios universitarios, pues así el país podrá contar con una población más educada y productiva. Pero estos beneficios sociales no son tan claros como los privados.

En principio, la educación produce un “capital humano” con una indudable rentabilidad social. Pero a veces esa inversión educativa es fallida, como ocurre con ese 30% de estudiantes que no terminan la carrera. O es una inversión que requiere demasiado tiempo para dar fruto, como en el caso de los repetidores que necesitan varios cursos suplementarios para completar sus estudios. Y, como está ocurriendo ya en España, no pocos universitarios acaba desempeñando empleos por debajo de su cualificación.

La rentabilidad privada

Mucho más apreciable es la rentabilidad privada que obtiene un individuo de su inversión en educación superior. Beneficios que se miden en forma de ingresos más elevados, mejores empleos y menor probabilidad de estar en paro.

Los titulados de enseñanza superior tienen una probabilidad mucho mayor de estar empleados que los que han realizado menos estudios. Según los datos de la OCDE (Education at a Glance 2011), en 2009 en el conjunto de la OCDE la tasa de empleo era 27 puntos más alta entre los titulados de enseñanza superior que entre los que no habían completado la secundaria superior. Es verdad que en la actual crisis de empleo juvenil en España puede parecer que el título universitario es de poca ayuda, pero la realidad es que sin estudios universitarios la empleabilidad es menor.

La rentabilidad privada de la educación universitaria se revela claramente en el nivel de ingresos obtenidos. Según la misma fuente, en 17 de 32 países de la OCDE los titulados universitarios ganan al menos un 50% más que los que no han pasado del segundo ciclo de enseñanza secundaria. En España, la diferencia está por debajo de la media de la OCDE, pero aún así alcanza un 41%.

Un sistema poco equitativo

Invocar la equidad para justificar una política generalizada de tasas universitarias bajas tampoco encuentra una justificación convincente. En España, aunque ha mejorado mucho el acceso a la Universidad, los jóvenes que hacen estudios superiores son todavía un 40% de su generación, y entre la población de 25-34 años tiene un título universitario el 38%.

Y la evidencia muestra que, incluso con una política de matrículas baratas, no se ha alcanzado la igualdad de oportunidades en el acceso. Las familias en que los padres tienen estudios superiores o técnicos siguen aportando la mayoría de los estudiantes universitarios. El corte social se produce antes, en la enseñanza secundaria, y poco influye en esto la cuantía de las tasas universitarias.

En definitiva, la financiación indiscriminada de la enseñanza superior con fuertes subvenciones públicas puede ser regresiva, ya que sus beneficiarios no suelen pertenecer a las familias que más lo necesitarían. Se acercaría más a la equidad una financiación con becas y créditos para quien lo precise, en vez de la beca para todos que hoy suponen las tasas bajas.

En un momento en que inevitablemente hay menos dinero público para la Universidad, la alternativa es pedir más al “inversor estudiante”, que es el que va a obtener más rentabilidad de ese esfuerzo.