En esta España de los recortes, le ha llegado también el turno a la pretensión de justicia universal. Algunos jueces de la Audiencia Nacional, cargados de buenas intenciones justicieras, se han dedicado durante años a abrir sumarios y perseguir “crímenes contra la humanidad” cometidos en el extranjero, todos muy condenables: desde hechos calificados de genocidio en el Tíbet, en Guatemala o en el Sahara, a las torturas de Guantánamo o el asesinato de algunos españoles por dictaduras latinoamericanas.
Con la reforma que está impulsando el PP a paso de carga, los jueces españoles solo serán competentes para perseguir delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las leyes de guerra cuando “el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”. Dejaremos así en paz a la cúpula del PC chino, a la CIA o al gobierno de Marruecos, que no han dejado de manifestar su irritación cuando los jueces españoles han pretendido ajustarles las cuentas.
Respirará también más tranquilo el gobierno español, al que este activismo judicial universal solo le ha producido conflictos diplomáticos. Le parece innecesario que la justicia española, tan lenta para resolver los litigios nacionales, se meta además a arreglar entuertos internacionales, que provocan tensiones con terceros países. Para eso están los tribunales penales internacionales, y si ellos no consiguen hacer justicia, menos lo va a hacer España.
La oposición y algunos jueces claman contra este retroceso en un aspecto en el que, a su juicio, España se había convertido en un modelo internacional en la lucha contra la impunidad. Éramos unos “pioneros”, que es lo que suele decirse cuando un país hace algo que a los demás no les parece prudente hacer.
En realidad, más pionera fue Bélgica, cuya ley de 1993 de jurisdicción universal le llevó a tener casos abiertos contra George Bush padre, Ariel Sharon, Augusto Pinochet, Fidel Castro… Pero, vistos los conflictos creados, ya en 2003 tuvo que dar marcha atrás, de modo que ahora las querellas solo se admiten si el presunto autor del delito es belga o reside en Bélgica. También en España en 2009, con el gobierno socialista, hubo ya un primer recorte a la ley de justicia universal, de modo que el juez solo pudiera actuar si el acusado estaba en España, tenía una conexión relevante con España o la víctima era española.
La reforma del gobierno actual es criticada también como una supuesta claudicación ante países poderosos. No irritemos a China, o no podremos vender allí. No molestemos a EEUU, o no invertirán aquí.
Pero ¿realmente la “lucha contra la impunidad” de los jueces españoles ha conseguido sentar a los presuntos culpables en el banquillo de los acusados? Porque, a juzgar por algunas críticas a la reforma, da la impresión de que la justicia universal estaba teniendo importantes éxitos. La realidad es que los casos a los que se dará carpetazo con la reforma llevaban abiertos años, sin que se hubiera conseguido nada. Se logró condenar en 2005 al ex militar argentino Adolfo Silingo, porque su país de origen también lo perseguía.
Esto es lo que suele ocurrir en los casos iniciados en virtud de la jurisdicción universal. Los que han acabado ante los tribunales internacionales han sido gente a la que la comunidad internacional está de acuerdo en juzgar, como antiguos nazis, responsables del genocidio en Ruanda o Camboya, o criminales de guerra en la ex Yugoslavia, gente, por tanto, a la que su Estado de origen no respalda. Pero nadie espera que Pekín entregue a ex dirigentes chinos ni que EEUU permita que enjuicien a sus militares. La justicia universal queda así bastante limitada, a no ser que pensemos que cumple su papel por rellenar titulares periodísticos en vez de sentencias.
