Entre la venta y el alquiler de órganos

Un supuesto intento de compra de un órgano para un trasplante ha sido noticia estos días en España. La noticia dice que un rico libanés había contactado con inmigrantes irregulares ofreciéndoles 40.000 euros por vender parte de su hígado para un trasplante que él necesita de forma urgente. La legislación española prohíbe la venta de órganos y, en el caso de donaciones entre vivos, el sistema sanitario solo suele aceptar a familiares o amigos muy cercanos, para constatar que no existe ánimo de lucro. El libanés ha sido detenido, si bien su defensa ha dado una interpretación exculpatoria de los hechos.

Sea lo que fuere del desarrollo judicial del caso, todas las reacciones han mostrado indignación ante este primer intento detectado en España de compraventa de órganos. ¿Por qué? Dentro de la concepción libertaria de “mi cuerpo es mío”, uno debería tener la libertad de vender alguno de sus órganos cuando le resultara conveniente. Vender un órgano por una suma importante puede ser el medio para empezar a salir de la pobreza y dar un giro a la propia vida. Y si además sirve para salvar la vida de otro, razón de más. Incluso hay quien defiende que si hubiera un mercado libre, por ejemplo de riñones, aumentaría la disponibilidad de órganos, y se salvarían muchas vidas.

Sin embargo, España y la mayor parte de los países prohíben la compraventa de órganos para trasplantes. Se teme que, aunque fuera fruto de un libre acuerdo, daría ocasión para que los enfermos ricos explotasen la necesidad de los pobres. Y, en último término, esta mercantilización del cuerpo se considera incompatible con la dignidad humana.

Al mismo tiempo, empiezan a oírse voces que reclaman la legalización de los “vientres de alquiler”, aunque ahora se le llama “maternidad subrogada”, que suena más neutro y moderno. Es una práctica prohibida en España, pero las parejas que quieren saltarse la prohibición van de turismo reproductivo a California o a países como la India o Tailandia donde hay ya toda una industria a su servicio. Pero a la vuelta puede haber problemas legales: una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha denegado a una pareja de hombres que pudieran inscribir a su hijo como de ambos cónyuges. Así que se pide la legalización de esta práctica, para acabar con la incertidumbre legal.

Pero si prohibimos la compraventa de órganos, ¿por qué hemos de dar por bueno el alquiler de útero? ¿No es también un modo de usar a una mujer, de mercantilizar ese proceso tan íntimo y personal de gestar un hijo, y de provocar una separación que muchas veces será traumática tras el nacimiento?

Habrá mujeres que en virtud del “nosotras parimos, nosotras decidimos” defenderán la libre disposición de su capacidad reproductiva. Pero, por mucho que esta práctica se presente como el fruto de un contrato libre, no se disipa la sospecha de que alguien se está aprovechando de la necesidad de una mujer pobre. En la India, la mujer no cobra ni la décima parte de lo que la clínica cobra a la pareja –normalmente extranjera– que encarga el hijo. Así que aquí encontramos una discriminación social más. Como decía un juez de EE.UU. en un caso de este tipo: “Tenemos serias dudas de que las parejas infértiles con pocos ingresos encuentren madres de alquiler que tengan ingresos altos”.

Sin embargo, en las revistas del corazón aparecen ya con toda normalidad individuos o parejas que presentan sonrientes y orgullosos a sus retoños concebidos por un vientre de alquiler. La foto de la madre gestante nunca aparece, es solo un instrumento. El hecho de que en muchos casos sean parejas de homosexuales frena aun más los reparos críticos, porque ¿cómo frustrar sus ansias de paternidad?

Pero si el afán de tener un hijo justifica el alquiler de la capacidad reproductiva de una mujer, el ansia de seguir con vida a través de un trasplante debería justificar también la compraventa de un órgano. A lo mejor la aceptación social dependerá solo de que le encontremos un nombre más neutro que el de tráfico de órganos.