Despotismo ilustrado de hoy

Hay situaciones en que los gobiernos no tienen más remedio que adoptar medidas impopulares, porque la economía, la situación sanitaria, el medio ambiente o cualquier otra emergencia así lo exigen. La exigencia de sacrificios puede tener un coste electoral, pero la habilidad del político es saber explicar la razón de ser de esas medidas y los beneficios que se esperan.

Lo que ya se entiende menos es que algunos gobiernos se empeñen en ir contra el sentir mayoritario de la población en asuntos que tienen que ver con concepciones de la vida como es el matrimonio y la familia. Aquí no hay unos imperativos económicos o técnicos que obliguen a determinadas soluciones y hagan inviables otras. En este caso, lo propio de un político responsable es captar la voluntad mayoritaria del pueblo sobre el modo de estructurar unas instituciones que afectan a todos. El gobierno puede ir en contra de esta voluntad, pero entonces será un acto de despotismo ilustrado, no una exigencia democrática.

En tal caso no es extraño que esas decisiones le pasen factura en las urnas. Es lo que ha ocurrido en las elecciones presidenciales y generales de Costa Rica del pasado 4 de febrero. Al final de su mandato, el gobierno saliente de Luis Guillermo Solís planteó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluía el reconocimiento del cambio legal de sexo de los transexuales y la legalización del matrimonio de parejas del mismo sexo. Haciendo una interpretación “expansiva” de los derechos humanos, la Corte respondió el pasado 9 de enero que sí, e incluso presentó lo que era una opinión consultiva como un fallo obligatorio para todos los países parte de la Convención. El supuesto carácter vinculante de este pronunciamiento está siendo muy discutido.

Pero, por el momento, donde más resistencia ha encontrado es en la propia Costa Rica. El gobierno saliente se apresuró a manifestar su satisfacción por el fallo que, a su juicio, colocaba a Costa Rica en la vanguardia de los derechos de los homosexuales. Pero, de pronto, la reacción contra este cambio en el concepto de matrimonio se convirtió en el tema central de las elecciones, que condicionaba el apoyo a los distintos candidatos, casi todos contrarios al fallo de la CIDH.

Según las encuestas, dos tercios de la población rechazan este fallo de la CIDH y el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Este mismo efecto ha hecho que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales triunfara Fabricio Alvarado con casi el 25% de los votos, un candidato que apenas contaba hace unos meses, y que ha hecho su campaña defendiendo el matrimonio de siempre. Alvarado fue reportero de televisión antes de convertirse en pastor evangélico, y se manifiesta como defensor del concepto tradicional de familia. Antes que cambiar el concepto de matrimonio, propondría retirar a Costa Rica de la CIDH, cuya sede está precisamente en San José.

Además, su partido Restauración Nacional es el que experimenta el mayor avance al pasar de un solo escaño a 14, lo que le convierte en el segundo grupo parlamentario más numeroso, con el 24,5% de los escaños.

También otros de los 13 candidatos presidenciales manifestaron durante la campaña su rechazo al matrimonio homosexual y a la introducción de la ideología de género en las escuelas. El único candidato ajeno a esta tendencia popular fue el oficialista Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que quedó en segundo lugar con el 21,6% de los votos, y que disputará la presidencia a Fabricio Alvarado, en la segunda vuelta del 1 de abril.

La elección está abierta. Pero lo llamativo es que declararse a favor del matrimonio entre hombre y mujer se haya convertido en una postura que permite ganar votos, ya que está en  línea con el sentir popular. Entonces, ¿por qué el gobierno saliente se empeñó en provocar un fallo de la CIDH para adoptar un concepto de matrimonio que rechaza la mayoría?

Cuando se produce esta falta de sintonía entre el poder y la calle, algunos analistas atribuyen la reacción a un “conservadurismo religioso”, que llevaría a defender unos “valores cristianos” en materia de matrimonio y familia. Pero tampoco es extraño que en un país como Costa Rica, donde el 70% de la población se declara católico y el 12% evangélico, esto se note en las ideas que uno defiende. Sin embargo, la explicación de los críticos revela un gesto contrariado, como si los cristianos estuvieran introduciendo fraudulentamente sus criterios religiosos en la vida política. Aunque sean mayoría, parece que no tienen el mismo derecho que otros grupos a defender su visión antropológica y su concepción de lo que es bueno para la sociedad.

En estos casos, su participación política, que incluye la defensa de un concepto de familia, se deslegitima como “activismo religioso”, militancia que en cambio parece perfectamente normal cuando otros –como el lobby LGTB– defienden su propia visión. Y aunque los cristianos no formen un partido confesional, parece que deberían silenciar su visión antropológica a la hora de ejercer su derecho al voto. ¿Y no habría que calificar de «activismo judicial» la sentencia de un tribunal que «descubre» unos derechos en una Convención que no los menciona?

Por otra parte, también tiene truco poner la etiqueta de postura “cristiana” a la defensa del matrimonio como unión exclusiva entre hombre y mujer. Parece que hasta hace pocos años así se ha entendido en todo tipo de culturas a lo largo de la historia, cristianas o no, también bajo gobiernos que hacían profesión de ateísmo. Y todavía hoy los países que han reconocido el matrimonio gay son una minoría de Occidente, mientras que África, Asia o Rusia son ajenos a esta innovación.

Como lo demuestra el caso de Costa Rica, la reivindicación del matrimonio homosexual no ha surgido de las bases sociales. Se ha promovido desde las élites, con el concurso activo de algunos políticos, jueces y lobbies, y se quiere imponer socialmente por un rodillo legislativo y propagandístico.

Que en Costa Rica esta imposición de la CIDH haya encontrado resistencia en las urnas es un buen signo de salud democrática.