A la hora de proponer una ley los gobiernos suelen decir que responde a una demanda social. El político ha detectado una necesidad sentida por los ciudadanos. Hay unas expectativas que reclaman ser satisfechas y que aún carecen de respaldo legal. Pasar por alto esta esta demanda equivaldría a defraudar la confianza del electorado.
Por eso no es extraño que la proposición de ley de regulación de la eutanasia del gobierno de Pedro Sánchez empiece diciendo: “La presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia”.
La verdad es que, en medio de la pandemia actual, hablar de una demanda sostenida de acelerar la muerte suena un tanto macabro. Si algo hemos comprobado en los últimos meses es una demanda sostenida de cuidados médicos, de proteger la vida amenazada de los mayores. No hemos visto que en las residencias de ancianos haya habido peticiones de eutanasia para acceder a una muerte digna ante la amenaza del coronavirus. En lugar de ese paciente autónomo y racional que exige libremente su derecho a morir, hemos encontrado enfermos totalmente dependientes en las manos de los médicos, con muy poco que decidir sobre su destino. De modo que la idea de que la eutanasia es una garantía de muerte digna parece irrisoria cuando tantos han muerto solos, sin ni siquiera la posibilidad de ser acompañados por sus familiares. Sí, son las condiciones excepcionales de una pandemia, pero también nos abren los ojos sobre las limitaciones humanas para controlar la muerte.
A pesar de esta mortalidad desbocada, el gobierno sigue tramitando esta ley, convencido –dice en la exposición de motivos– de que es “obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos…”.
Pero la demanda social no es tan fácil de medir. En el caso de las encuestas sobre la eutanasia, el resultado puede ser muy distinto según se formulen las preguntas. Algunos estudios han encontrado que el apoyo a la eutanasia desciende notablemente si, en vez de plantear una pregunta genérica, se pide a la gente considerar situaciones concretas que sacan a relucir la complejidad del asunto.
Otro índice puede ser la utilización del llamado “testamento vital”, reconocido legalmente en España desde la ley de Autonomía del Paciente de 2002. Si hubiera una preocupación generalizada ante la posibilidad de terminar la vida en medio de tratamientos inútiles y dolorosos, sería de esperar que muchos dejaran antes por escrito su voluntad con una declaración anticipada. Sin embargo, según datos de 2018, solo un 0,6% de la población había suscrito un testamento vital. Y, por otra parte, suscribir un testamento vital no implica estar necesariamente a favor de la eutanasia.
En cambio, otras demandas sociales se pueden medir de modo mucho más claro. Por ejemplo, en la enseñanza. Las familias expresan su demanda al elegir el colegio de sus hijos. Podemos saber cuántas optan por la enseñanza pública o por la concertada o privada. Y dentro de cada sector, qué colegios atraen y cuáles no. Es verdad que esta libertad de elección no es perfecta. Las posibilidades están limitadas por la oferta disponible –siempre mayor en una ciudad grande–, por la cercanía del colegio y a veces por los recursos económicos en el caso de enseñanzas no gratuitas. Pero es fácil advertir las tendencias de la demanda social, simplemente viendo dónde se concentran las peticiones de plazas y dónde los padres votan con los pies. Y, a pesar de la caída de la natalidad, la enseñanza concertada es un sector en crecimiento.
Un gobierno respetuoso con las decisiones de las familias debería poner los medios para que estas pudieran ejercer el derecho a la libertad de enseñanza. Sin embargo, en la reforma educativa propuesta por el gobierno de Pedro Sánchez (la llamada “ley Celaá”) lo que se pretende es ignorar la demanda social. La ley vigente reconoce “el derecho de los padres, las madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales”. Demasiada libertad a juicio de Unidas Podemos, que en una enmienda propone eliminar este derecho porque, dice, la libertad de enseñanza a la que alude la Constitución “no se vincula” a la elección de centro por parte de los particulares. Con la misma lógica, la libertad de prensa tampoco implicaría la libre elección del periódico en el quiosco.
En la ley vigente, como consecuencia de esa libre elección, se establece que la oferta de plazas escolares se organizará teniendo en cuenta la “oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social”. Pero el texto del gobierno quiere eliminar la “demanda social” a la hora de la programación de los puestos escolares. Sea lo que sea la demanda, se establece de forma expresa en la nueva ley “el incremento progresivo de las plazas públicas”. Habida cuenta de que el número de nacimientos ha descendido un 27,3% desde 2009, cabe preguntarse qué necesidad hay de aumentar las plazas escolares públicas. Más bien parece un recurso para decir que, como sobran plazas en las escuelas públicas, no hace falta financiar a los colegios concertados.
Por lo visto, la “obligación del legislador de atender a las demandas y valores de la sociedad”, sirve para la eutanasia pero no para la enseñanza. El respeto a la autonomía del paciente para acabar con su vida es un derecho, pero el respeto a la autonomía de las familias para decidir la vida escolar de sus hijos no está garantizado.
