Hay países europeos donde el freno a la inmigración se ha convertido en una preocupación nacional y en motivo de polémica política. Pero hay otros en los que lo que preocupa a la gente es cómo evitar la emigración, que está dejando exhausto al país. Rumanía es el caso más sangrante en Europa.
Desde que Rumanía entró en la Unión Europea en 2007, se estima que 3,4 millones de rumanos se han ido al extranjero. Ahora la quinta parte de la población activa trabaja en otro país de la UE. Esto ha aliviado un paro que habría sido insoportable en una economía poco competitiva y ha supuesto notables remesas de dinero procedente de la diáspora. Pero también ha provocado una notable escasez de personal cualificado, que se nota especialmente en la sanidad.
Según el Ministerio de Sanidad, 43.000 médicos se han ido a prestar sus servicios en Europa occidental desde el ingreso en la UE. Como si hubiera habido una epidemia. El éxodo de enfermeras hacia Italia empezó incluso antes. El resultado es que el 26% de las plazas de médicos están vacantes. En algunas ciudades el déficit supera el 40%. Un reciente reportaje de The Guardian muestra el caso emblemático de un servicio de neonatología en la ciudad de Slobozia, donde dos doctoras que deberían estar ya jubiladas –una de 65 y otra de 75– siguen haciendo el trabajo que correspondería a cuatro o cinco médicos para atender unos 1.200 partos al año.
En algunos países europeos receptores de inmigración, puede haber malestar en la consulta médica por el aumento del número de pacientes extranjeros, lo que alarga las listas de espera. Pero en los países de emigración, como Rumanía, el problema puede ser que no haya médico que atienda. Las autoridades sanitarias lamentan haber perdido a los doctores más cualificados, y señalan una particular escasez de médicos de urgencias y de anestesistas.
Para intentar frenar la marcha de médicos al extranjero, las autoridades rumanas han duplicado los salarios en el sector, pero es difícil retenerlos en las provincias, donde hay escasas oportunidades de promoción. Si ya en la España “vaciada” hay protestas por escasez de médicos, en Rumanía el problema es a escala nacional. Por la conjunción de alta mortalidad, baja natalidad y emigración, Rumanía ha pasado de tener 23 millones de habitantes en 1989 a 19,5 millones en la actualidad.
Este declive demográfico –común a otros países de la Europa centro-oriental– es una rémora para el dinamismo del país. En una zona de libre circulación de personas como la UE, es inevitable que los profesionales emigren en busca de mejores oportunidades. Pero cuando se trata de profesionales sanitarios, su marcha supone una merma especial de calidad de vida –e incluso de esperanza de vida– para los que se quedan. A la vez es una frustración para el sistema sanitario nacional, que después de haber formado a estos profesionales ve que se van a trabajar al extranjero.
El problema no es solo de la UE. En general, los países ricos actúan como un imán para profesionales sanitarios formados en países menos desarrollados, a los que atraen con sus mejores sueldos y posibilidades de carrera. Según el Panorama de la salud 2016, en los países de la OCDE la proporción de médicos procedentes del extranjero rozaba el 40% en países como Irlanda y Noruega, y estaba en torno al 25% en EE.UU., Reino Unido y Canadá. En España era un 9,5%. En casi todos los países la proporción del personal de enfermería formado en el extranjero es menor que la de médicos, pero aun así oscila entre el 10% y el 20% en Suiza, Australia y Reino Unido.
No todos los profesionales sanitarios que se trasladan proceden de países menos desarrollados. También hay una movilidad entre países del mismo nivel. Pero no cabe duda de que se crea un problema cuando los que emigran proceden de países que sufren ya carencias críticas. Por eso, ya en 2010 la Organización Mundial de la Salud adoptó un Código de buenas prácticas para la contratación internacional de personal sanitario. El Código pretendía aliviar los problemas de la marcha de cerebros, pero reconociendo las aspiraciones de los profesionales sanitarios de los países en desarrollo para disfrutar de las mejores condiciones de trabajo que ofrecen los países ricos. Se preveían acuerdos de colaboración, de modo que los países que se benefician del personal formado en el extranjero ayuden a reforzar la capacidad de formar a médicos y enfermeros en los países de origen.
En las sucesivas ampliaciones de la UE siempre ha estado vigente una política de convergencia, dirigida a que los nuevos socios se desarrollen para ponerse al nivel de los otros. Esto ha dado lugar a importantes transferencias de fondos, materializados en infraestructuras y equipamientos. Pero, como ocurre en el caso de Rumanía y de otros países de la Europa centro-oriental, la libre circulación de personas puede traducirse en una pérdida de profesionales que va a limitar sus posibilidades de desarrollo.
Al hablar de los problemas de los movimientos migratorios habría que tener en cuenta también sus efectos en los países de origen. Incluso en los países donde hay más polémica sobre la inmigración, no suele haber dificultades para recibir a un médico rumano, a un informático indio o a un ingeniero iraní. Pero quizá no pensamos mucho en el hueco que dejan atrás.
