Canadá se presenta a menudo como ejemplo de país pionero en la “muerte con dignidad”, por admitir el suicidio asistido. En febrero del año pasado, el Tribunal Supremo declaró que la prohibición del suicidio asistido era inconstitucional y dio al gobierno federal el plazo de un año para modificar el Código Penal.
Sin embargo, ahora el gobierno está conmocionado por una serie de suicidios y piensa que hay que empeñarse en evitarlos. La oleada de intentos de suicidio está teniendo lugar en comunidades de indígenas, que en Canadá son 1,4 millones de personas, cerca del 4% de la población del país. La integración de estas poblaciones aborígenes en la vida nacional siempre ha sido un problema. Desde los intentos de asimilación forzosa del pasado hasta el respeto al desarrollo de su vida autónoma en reservas, nada ha dado buen resultado. Siguen teniendo mayores índices de pobreza, menor esperanza de vida, niveles de educación más bajos, alcoholismo…
La falta de perspectivas lleva a situaciones de desesperanza, especialmente entre los jóvenes. Y esto ha provocado un aumento del índice de suicidios. En la pequeña comunidad de Attawapiskat, de unas 2.000 personas, al norte de Ontario, desde el pasado septiembre ha habido más de cien intentos de suicidio, con un muerto por el momento. De los que lo intentaron, el más joven tenía 11 años y el mayor 71. En un solo fin de semana, hubo 11 intentos.
No es la única comunidad aborigen con estos problemas. En marzo, en Pimicikamak Cree Nation al norte de Manitoba, se declaró el estado de emergencia después de seis suicidios en un lapso de dos meses.
No tengo datos para valorar a quién atribuir las responsabilidades de esta situación. Nunca ha sido sencilla la integración de las poblaciones aborígenes en la vida moderna, ni en Canadá ni en EE.UU. ni en otros países. Pero está claro que el gobierno canadiense se ha alarmado y ha decidido tomar cartas en el asunto para intentar atajarlo, y les ha enviado expertos en salud mental.
No tendría por qué molestarse, si hiciera caso de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró inconstitucional la prohibición del suicidio asistido. El Tribunal declaró que el suicidio asistido debe ser legal si la petición proviene de un adulto “que consiente claramente en la terminación de la vida” y que “se encuentre en una condición médica grave e irreversible (incluida una dolencia, enfermedad o discapacidad) que le cause un sufrimiento permanente e intolerable”. La sentencia aclaraba que la condición del paciente no tiene por qué ser terminal, y que el dolor insoportable incluye también el psíquico.
Es indudable que muchos de estos indígenas cumplen estas condiciones: no son enfermos terminales, pero están aquejados de un sufrimiento psíquico permanente e intolerable, que les lleva a desear la terminación de su vida. Si lo digno es respetar la autonomía del paciente, lo que debería hacer el gobierno es facilitarles asistencia médica para que puedan suicidarse con más eficacia, en vez de enviarles psicólogos para evitar que lo intenten. Pero la incoherencia no suele ser declarada inconstitucional.
En este caso el gobierno federal parece haber descubierto que antes de plantearse el suicidio asistido merece la pena intentar resolver las carencias de los que se sienten desasistidos ante las necesidades vitales, el dolor o la depresión.
