Para qué servirá mi voto

Hoy día ser católico consecuente es incómodo en la vida pública española, y no otorga ninguna ventaja política. Por eso, y por la natural división de opiniones en los asuntos públicos, no cabe hablar de un “voto católico”. Pero, sean cuales sean las propias ideas políticas, un ciudadano que es católico debe aspirar a que su acción en la arena pública sea coherente con sus creencias.

Esto no se reduce al voto. El principal recurso de un ciudadano para influir en la vida pública es su acción en la sociedad civil, a la hora de participar en la escuela de sus hijos, en el ambiente de su empresa, en las asociaciones a las que pertenece, en su contribución a la opinión pública… y también en la vida política, si se siente llamado a ella.

Siendo eso lo más decisivo y cotidiano, también es importante el día de las elecciones, ante las que no hay que hacerse muchas ilusiones. La política es el terreno de la negociación y del compromiso, y los ideales ceden ante la necesidad de contar también con el apoyo de otros, y en ocasiones por el puro instinto de conservación del poder. Esto se acentúa en las próximas elecciones españolas, ante el anunciado fin del bipartidismo y la necesidad de pactos para lograr formar una mayoría.

Cualquier elector debe contar con que es muy probable que el partido al que votó le decepcione. Y en la España actual, un católico consecuente no puede esperar que ninguno de los partidos sea portavoz de sus ideales en cuestiones que considera irrenunciables. Por eso me parece que el elector, en vez de preguntarse si un partido va a ser un instrumento para sus aspiraciones, debe plantearse hasta qué punto un partido dejará más o menos espacio o creará más dificultades para que un católico pueda vivir conforme a sus convicciones y pueda impulsar iniciativas sociales acordes con sus ideas. Y, habida cuenta de que el próximo gobierno necesitará contar con otro partido para formar mayoría, también hay que considerar con quién está dispuesto a aliarse.

Un derecho en busca de defensores

Como los políticos no suelen sentirse vinculados por las promesas hechas para ganar elecciones, es mejor juzgarlos por su ejecutoria en el gobierno que por sus programas electorales.

Si alguno ha demostrado en los últimos tiempos que las promesas electorales no cuentan, ese es el PP, de un modo especialmente grave en la retirada de la reforma de la ley del aborto. Después de haber presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley vigente, de haber prometido a sus electores la reforma, y aun contando con la mayoría absoluta para llevarla adelante, la retirada del proyecto demostró que la protección de la vida humana en todas sus fases no es un valor que el PP considere importante. Alegar que no había consenso para aprobarla es una excusa débil, pues el gobierno no ha tenido inconveniente en sacar adelante sin consenso otras reformas (laboral, fiscal, educativa, presupuestaria…) que sí consideraba importantes, aunque las medidas no fueran populares. Además, todo indica que a partir de ahora se busca un consenso de signo contrario, a juzgar por la exclusión en las listas electorales de los parlamentarios que reclamaron el cumplimiento de la promesa de reforma de la ley del aborto.

Para ser justos, hay que recordar también que en varias comunidades autónomas gobernadas por el PP se han aprobado iniciativas legislativas populares en favor de las mujeres con embarazos problemáticos, iniciativas que han sido rechazadas en otras comunidades dominadas por fuerzas de izquierda, que no transigen en nada que no sea el aborto como derecho.

En este tema, tampoco cabe esperar ninguna mejora en las propuestas de otros partidos. El PSOE se propone incluso volver a reconocer el derecho al aborto de las menores de edad, sin autorización de los padres, y financiar la reproducción asistida para todas las mujeres. Por su parte, Ciudadanos se descuelga además con la propuesta de regular la maternidad subrogada, con compensación económica para el vientre de alquiler.

Da la impresión de que Ciudadanos busca patente de “moderno” en este y en otros temas, como cuando pide “regular la muerte digna”. Aunque al explicar sus medidas en este punto se advierte que no propone la eutanasia, sino prácticas que ya admite la legislación vigente.

Tampoco es muy original Podemos en cuanto a la defensa de ciertos derechos de inspiración libertaria (aborto, “muerte digna”, “diversidad sexual”), mientras que en la provisión de servicios aparece guiado por el criterio de que fuera de lo público no hay salvación.

Líneas rojas en la escuela

A la hora de valorar el respeto de los partidos por la libre iniciativa ciudadana y el derecho de los padres a educar a sus hijos, un tema capital en la España de hoy es el tratamiento que los partidos dan a la enseñanza no estatal, en su mayor parte concertada.

En este campo, las comunidades gobernadas por el PP, así como también los gobiernos nacionalistas del País Vasco y Cataluña, han respetado la libre decisión de las familias gracias a los conciertos educativos. Esto facilita que los colegios de inspiración cristiana –como los de cualesquiera otras ideas– puedan ser accesibles a las familias que los deseen. En cambio, la izquierda sigue resistiéndose a aceptar las consecuencias de la libertad de enseñanza, y tiende a interpretar toda asignación de fondos públicos a la enseñanza concertada como una zancadilla a la pública. En este asunto, la única novedad que aporta Podemos es propugnar la “eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la concertada”.

La postura de Ciudadanos en el tema educativo no es muy consecuente con su liberalismo en otros asuntos. Su programa incluye la prohibición de que los centros concertados reciban de las familias cualquier tipo de tasa, lo que sería asumible si les prometiera la misma financiación que a los públicos, cosa que no menciona. Además se ha manifestado en contra de los conciertos a colegios de enseñanza diferenciada, como si la familias que optan por este modelo debieran ser penalizadas.

El PSOE sigue empeñado en su cruzada laica, que en la escuela se manifiesta en su intención declarada de excluir la enseñanza de la religión del currículum y del horario escolar. Esto se aplicaría tanto en colegios públicos como privados, aunque suponga hacer caso omiso de las preferencias de las familias del 63,5% de los alumnos. Aquí el derecho a decidir no cuenta.

En cuanto a la atención de los más débiles económicamente, los partidos rivalizan en promesas: desde las rebajas fiscales del PP, a la garantía de un ingreso mínimo vital de PSOE o de Podemos. Pero, como ya hemos experimentado, todo esto dependerá de la buena marcha de la economía y de que los ingresos públicos sean suficientes para no aumentar el déficit. En último término, la creación de empleo es el mejor salvavidas contra la pobreza.

El panorama no ofrece fáciles alternativas. En cualquier caso, vale la pena valorar sobre todo qué espacio dejaría el partido gobernante para las iniciativas surgidas en la sociedad civil.