Deberían haber protegido a los niños que estaban a su cuidado y en cambio abusaron sexualmente de ellos. Cuando los hechos llegaron a conocimiento de sus superiores, el informe pasó de despacho en despacho sin que nadie se decidiera a hacer nada, para no dañar el prestigio de la institución. Al fin, un conocedor del asunto filtró los datos a la fiscalía, y fue suspendido de empleo por faltar a los procedimientos establecidos. Nada de esto tiene que ver con clérigos. Es una historia de cascos azules y despachos de Naciones Unidas.
Los abusos sexuales cometidos por tropas de pacificación de la ONU se vienen repitiendo desde hace años en distintas misiones. La ONU es consciente del problema y ya hace años anunció una política de “tolerancia cero”. Pero, al ser tropas aportadas por distintos países, tiene que contar con sus gobiernos para sancionar a los cascos azules que se comportan mal. Y tampoco conviene malquistarse con los países que están dispuestos a poner sus tropas a disposición de la ONU.
La situación de los protectores que abusan se dio también en el caso de los cascos azules franceses enviados a pacificar la República Centroafricana en 2014. Ante las noticias que llegaban de que niños de incluso ocho y nueve años, confinados en un centro para niños sin hogar en Bangui, habían sufrido abusos sexuales por parte de los cascos azules, se encargó un informe. El informe que documentaba los abusos fue pasando de despacho en despacho, a través de múltiples oficinas de la ONU, sin que ninguna se decidiera a tomar decisiones. Ante tal inacción, Anders Kompass, alto funcionario de la oficina de derechos humanos de la ONU en Ginebra, decidió transmitir las informaciones a la fiscalía francesa, que comenzó una investigación. El diario británico The Guardian reveló el contenido. Pero la filtración de datos confidenciales llevó a que Kompass fuera suspendido de su empleo. Finalmente, una investigación interna encargada por el secretario general Ban Ki-moon, exoneró a Kompass y reconoció el “flagrante fallo institucional” de la ONU para abordar las denuncias.
Aunque Kompass ha sido reivindicado, acaba de dimitir de su puesto hace pocos días. Está decepcionado por el modo de actuar de sus superiores que, a su juicio, “me confirma que en Naciones Unidas no se exigen responsabilidades”.
Imaginemos que Kompass fuera un alto oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que denunciara la negligencia de sus superiores en casos de abusos sexuales de menores. Su denuncia hubiera sido portada en todos los medios, los periodistas harían cola para entrevistarlo y se pediría la cabeza de los responsables por haber mirado hacia otra parte.
Pero, de hecho, la Iglesia católica va muy por delante de la ONU en la corrección y castigo de este tipo de abusos. No solo empezó a tomar medidas cuando estalló el escándalo en su propio seno, sino que cada vez más demuestra que la “tolerancia cero” no es solo un eslogan. El último giro de tuerca es el decreto anunciado a principios de junio por el que el Papa Francisco establece el procedimiento de destitución de obispos que no hayan actuado con la debida diligencia para cortar los casos de abusos sexuales de menores en su diócesis. Esa posibilidad ya existía antes para los incumplimientos graves del oficio episcopal, pero la carta apostólica del Papa concreta el procedimiento a seguir y las garantías de los encausados.
Tal vez Ban Ki-moon podría pedir consejo a Roma en este tema, que la burocracia onusiana no ha logrado atajar.
Buen tino. Ya era hora de que la pederastia practicada por Cascos Azules fuera denunciada. Pero no sólo eso, sino que hubiese sido dada a conocer oportunamente por los medios informativos en el mismo tono acusativo y condenatorio que se ha empleado para denunciar los casos de curas que abusaron de menores. Es una pena que Ban Ki-moon no haya pedido asesoría al Papa Francisco y sus predecesores para implementar las medidas que ha impuesto el Estado Vaticano a todas las diócesis.