La Asamblea Constituyente de Venezuela, integrada solo por los chavistas, ha aprobado su primera ley. Se trata de la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. “Venezuela pone esta ley a disposición del mundo”, ha dicho Nicolás Maduro. “No exportamos solo petróleo, queremos exportar paz, amor, tolerancia”. Se ve que como el gobierno de Maduro exporta cada vez menos petróleo, ha decidido diversificar la producción.
Pero no parece que la oferta de Maduro sea un producto muy original. En realidad, Maduro ha descubierto el truco del “discurso del odio”, para criminalizar por ley la disidencia política. Bajo un concepto amplio y ambiguo de “incitación al odio”, la ley permite castigar a los infractores con penas de entre 10 y 20 años de cárcel, prohibir partidos políticos o cerrar medios de comunicación.
La Ley contra el Odio abre la puerta a prohibir o no registrar los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual (…) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”.
No contento con sustituir al Parlamento, donde hay mayoría de la oposición, por una Asamblea Constituyente creada por el gobierno, ahora se trata de criminalizar la protesta y la disidencia política. También se pretende silenciar a los medios de comunicación que no comulgan con la verdad oficial. Las emisoras de radio y televisión que difundan mensajes que constituyan “apología del odio” podrán perder su licencia, como ya la han perdido más de cincuenta medios críticos con el gobierno incluso antes de esta ley.
También hay que limpiar las redes sociales del mucho odio que albergan cuando la gente da rienda suelta a su malestar con el régimen. Ante lo que el poder considere una expresión de odio, el mensaje deberá ser retirado antes de 6 horas; si no, la persona jurídica responsable será sancionada con altas multas, y la web bloqueada.
Escraches a políticos, manifestaciones, cortes de la vía pública, tuits… cualquier protesta que moleste al poder puede ahogarse con esta ley bajo el pretexto de que promueve el odio.
No es que a estas alturas nos vayamos a sorprender de que el régimen chavista intente aplastar por cualquier medio a la oposición. Pero que utilice la máscara del amparo contra el odio indica que sabe adaptarse a la semántica actual. No deja de ser curioso que un político que ha hecho del insulto el ingrediente principal de sus discursos se presente ahora como abanderado de la lucha contra el odio y campeón de la tolerancia.
Sin necesidad de importar la nueva ley de Maduro, sus amigos de Podemos apadrinan en el Congreso español una proposición de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género…”. En la exposición de motivos se dice que se trata de “extender la cultura de la no discriminación frente a la del odio y el prejuicio”. Pero parece ser que a los miembros de los colectivos LGTB no les bastan las leyes ya existentes que protegen a todos los ciudadanos contra estos riesgos.
La proposición de ley propone establecer una Agencia Estatal contra la discriminación por orientación sexual, que tendrá “la competencia para incoar, instruir y resolver los expedientes administrativos del régimen sancionador de la presente Ley”.
Así como en la ley de Maduro cualquier disidencia que molesta al poder es signo de odio, en la proposición de Podemos se pretende sancionar como infracción grave el “proferir expresiones, imágenes o contenidos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones públicas”. Aquí el odio se mide por el sentimiento subjetivo de que alguien pueda sentirse ofendido.
En una proposición de ley que pretende abarcar actuaciones en un amplísimo campo (salud, educación, trabajo, protección social, familia, infancia…), la mera discrepancia es ya una sospecha de homofobia movida por el odio. De ahí que se atribuya a esta Agencia (no a un juez) un régimen sancionador por infracciones administrativas que puede incluir multas de hasta 45.000 euros, la suspensión de actividades, la privación de licencias, la prohibición de recibir ayudas públicas o contratar con la Administración, y ante cualquier infracción “se procederá al decomiso, y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracciones administrativas”. Y, como en la ley venezolana, “cuando el delito se hubiera cometido a través de las tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de contenidos”.
Creíamos que la posibilidad de que un funcionario o un político, y no un juez, decidiera la retirada de contenidos y las multas a publicaciones se había acabado con el franquismo. Pero si Podemos y los colectivos LGTB se salen con la suya habrá que reescribir en la Constitución el derecho a la libertad de expresión.
Por de pronto, podemos aprender algo sobre el “newspeak” de las leyes contra el “discurso del odio” como la de Maduro. Si se trata de una ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, hay que entender que Maduro odia que le contradigan, va a hacer la vida imposible a la oposición y no va a tolerar la opinión disidente. Y si, como en la proposición de Podemos en España, se trata de luchar contra la discriminación, hay que traducir que quienes no acepten la política oficial sobre la orientación sexual y la identidad de género, van a tener menos derecho que los otros a expresar sus ideas.
