Refugiados: mareas altas y bajas

madridcuidaLas actitudes en Europa ante los refugiados registran mareas altas y bajas de solidaridad. Más altas cuando los refugiados están más lejos, y más bajas cuando se cuentan por miles y están ya en casa.

En Madrid, el Ayuntamiento sigue con la pancarta “Refugees Welcome” que colocó hace meses, aunque los refugiados sirios no se han enterado y siguen dirigiéndose a Alemania y países nórdicos. Pero el Ayuntamiento está ansioso por mostrar su solidaridad, y ahora ha inundado las calles con carteles en los que informa a los inmigrantes en situación irregular que, aunque no tengan papeles, van a ser atendidos en la sanidad pública madrileña.

La información no está de más, habida cuenta de que en 2012 el gobierno central estableció que los inmigrantes entrados ilegalmente no temían derecho a la tarjeta sanitaria, aunque serían atendidos las embarazadas, los niños y los que lo necesitaran urgentemente. Desde el pasado agosto la política ha cambiado, y en la Comunidad de Madrid se atiende a todo inmigrante, con o sin papeles. Pero el Ayuntamiento piensa que estos no se han enterado, y hay que animarles a que vayan al médico.

Los mensajes de los carteles pasan enseguida de la expresión de la solidaridad – “Aunque no tengas papeles, Madrid te cuida”– a la afirmación de un derecho –“Todos tenemos derecho, tú también”–. Este mensaje puede transmitir al recién llegado la facilidad con que se adquieren derechos nada más poner un pie en España, hayas contribuido o no a financiar un servicio. Otra de las informaciones remacha que “Nadie te puede cobrar”, aunque en los centros de salud no está previsto que pagues ni aunque quieras.

El Ayuntamiento está convencido de que hay muchos “desaparecidos del sistema sanitario”, víctimas de la “burorrepresión” anterior, en palabras del Delegado de Salud. Quizá por eso los carteles encadenan mensajes que empujan a ir al médico. Desde el “¿Ya conoces a tu médico?” al “Si enfermas, pide una cita” y “Tienes un centro de salud abierto”, “Ven y pide cita”. Ya solo les falta poner, “Vete al médico, hombre, ¿a ti qué más te da?”

En cambio, al Ayuntamiento le da mucho, no le vaya a ocurrir como el verano pasado, cuando anunció que permanecerían abiertos los comedores escolares para atender a no menos de 25.000 niños con riesgo de pasar hambre, y solo se apuntaron quinientos. En la atención sanitaria también habría que tener en cuenta que los inmigrantes son por lo general población joven, que tienen menos problemas de salud que la envejecida población autóctona, y que probablemente necesitan más un empleador que un médico.

Al inmigrante en situación irregular le llamará la atención las facilidades que se le ofrecen para participar en el gasto público y las dificultades para trabajar y contribuir a crear riqueza. Porque el “tú también tienes derecho” se quiebra cuando se trata del derecho al trabajo, donde todo son cortapisas y limitaciones. El empleador tiene que demostrar que no hay un nacional que pueda ocupar ese empleo, que el inmigrante trabajará pero a tiempo parcial o que tiene sus papeles en regla.

Si no, le puede ocurrir como al inmigrante camerunés que ha sido noticia estos días al ser deportado de Dinamarca por trabajar demasiado. Marius Youbi, de 30 años, vivía en Dinamarca de forma totalmente legal, estudiaba ingeniería electrónica en la Universidad de Aarhus con buenas notas y trabajaba a tiempo parcial como limpiador para ganarse la vida. Pero ha sido expulsado de Dinamarca por haber dedicado 90 minutos de más a su trabajo y superar así el límite de 15 horas semanales que la ley danesa permite a los estudiantes extranjeros. De nada sirvió la petición firmada por 18.000 personas para que el gobierno danés reconsiderara su decisión, ni que la Universidad declarara que era un alumno excelente.

Y es que en Dinamarca, que es el país de la UE con mayor número de refugiados en relación a su población, se están endureciendo las normas de asilo. Un paquete de medidas aprobado con el apoyo de distintos partidos (desde los socialdemócratas al nacionalista Partido Popular) ha reducido los beneficios a los refugiados, ha endurecido las normas para la reagrupación familiar y hasta permite que la policía confisque a los peticionarios de asilo objetos de valor superior a los 400 euros con objeto de cubrir el coste de su acogida. Esta última medida ha sido la más comentada pues parece asimilar al Estado a los traficantes que ya habrán expoliado antes a los refugiados. Como nadie piensa que la policía vaya a hurgar en los bolsillos de los refugiados en busca de joyas, se entiende que se trata de transmitir el mensaje de que es mejor que el refugiado busque asilo en otras tierras.

A lo mejor así llega algún refugiado a Madrid, y el Ayuntamiento puede presumir de pancarta.

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