Quién paga la factura del carbón

Las imágenes nos muestran a los mineros peleando con la policía y cortando carreteras. Pero en realidad la minería del carbón está peleada con la economía, con el medio ambiente y con el futuro.

Está peleada con la economía porque la extracción de carbón es deficitaria, de modo que no podría subsistir en un régimen de libre mercado. Solo se mantiene con la respiración asistida de las ayudas del Estado, que ahora el gobierno quiere reducir en 200 millones de euros (lo previsto para 2012 eran 324). Estas ayudas, establecidas en los Planes del Carbón, han estado siempre dirigidas a una paulatina reducción de la producción y de las plantillas. Y, según lo pactado por el anterior gobierno socialista con la Comisión Europea, las ayudas deberían concluir antes de 2018, plazo en el que deberán haber cerrado todas las explotaciones no rentables.

La minería del carbón está también peleada con el medio ambiente, en una época en que se trata de reducir las emisiones de CO2.  Sin ir más lejos, el informe GEO-5, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ante la cumbre Río+20, recomienda a los gobiernos que acaben con las subvenciones a los combustibles fósiles. En España, según la Comisión Nacional de Energía, la normativa para incentivar el uso de carbón autóctono contribuyó, junto a la menor producción hidráulica, a que las emisiones de CO2 de la generación eléctrica del régimen ordinario se incrementaran un 35 % en 2011.  Paradójicamente, en la factura de la electricidad el consumidor acaba pagando tanto las primas a las energías renovables, por ser el futuro, como la protección especial al carbón, por ser el pasado.

Para justificar estas ayudas del Estado, se suelen aducir motivos de seguridad del abastecimiento energético, para no depender de importaciones como sucede en el caso del petróleo o del gas. De todos modos, la producción de carbón nacional, que se dedica en su mayor parte a la generación de energía eléctrica, solo es un tercio del total del carbón consumido por las centrales térmicas. Y las eléctricas preferirían que fuera menos, ya que el carbón  nacional es más caro y de peor calidad.

Las otras razones son de tipo social,  para mantener la actividad y el empleo en las zonas mineras, aunque su declive es inexorable. En la minería del carbón, la plantilla de trabajadores ha pasado de 45.000 en 1990 a unos 4.000 en la actualidad.

Pero en un país con más de 5 millones de trabajadores en paro cabe preguntarse por qué  los mineros requieren una protección especial, que acaba siendo pagada por todos los demás. La preferencia al carbón nacional encarece  la generación de energía eléctrica y acaba transmitiéndose a la factura de la luz. Las ayudas al carbón salen de los presupuestos generales del Estado. La Seguridad Social se hace cargo de las prejubilaciones de los mineros, por lo general antes de los 49 años por ser un trabajo más penoso, y con pensiones que –según datos publicados en estos días– en las tres cuartas partes de los casos superan los 1.700 euros, y en el 21% los 2.600 euros.

Un sector sin futuro, como es la minería del carbón, requiere un apoyo para su reconversión, de modo que las comarcas mineras puedan adaptarse a otras actividades económicas.  Y es lo     que se viene intentando desde los años noventa, con planes en los que se han gastado ya 24.000 millones de euros. Pero el Plan del carbón no puede ser una especie de seguro garantizado para perpetuar una situación de dependencia a costa del contribuyente.

Hacer barricadas en las carreteras puede parecer una defensa aguerrida de los puestos de trabajo frente a un gobierno insensible. Pero los mineros también deberían ser sensibles a que el mantenimiento de su actividad pasa factura al resto de los ciudadanos. Y el futuro siempre acaba arrollando a los que quieren atrincherarse en el pasado.