Privatizaciones descubiertas

En cuanto se intenta en España remodelar el presupuesto o la gestión de servicios del Estado de bienestar, los sindicatos y funcionarios interesados dan el toque de alarma al grito de ¡privatización! Todo lo que signifique recorte del gasto o apertura  a la competencia es visto como un atentado contra lo público, un comienzo de  privatización encubierta, una traición a la ciudadanía. Lo público es, por definición, lo abierto a todos sin barreras, mientras que lo privado es la apropiación individual de los recursos. Según esta filosofía, parece que lo decisivo no es tanto la calidad del servicio recibido, como quién paga al que te lo presta.

La gente, por lo general, es mucho menos dogmática, y prefiere poder elegir entre lo público y lo privado. Esto no solo facilita la libertad de elegir, sino también estimula la competencia, que hasta el momento ha sido el mejor medio para intentar satisfacer al cliente.

Cabría esperar que los defensores a ultranza de lo estatal –y a veces del monopolio– fueran especialmente cuidadosos con los recursos públicos que manejan. Sin embargo, ahora que, con motivo de los recortes presupuestarios, se están examinando con detalle las cuentas públicas, basta rascar un poco para descubrir distintos modos de “privatizaciones” encubiertas y toleradas de los recursos.

A veces son  sueldos desmesurados del personal directivo, por lo general personas que jamás obtendrían esas rentas en el sector privado. Así encontramos directivos de empresas públicas deficitarias que ganan más que el presidente del gobierno, alcaldes de ayuntamientos medianos que no pagan a sus proveedores pero se retribuyen como si fueran  estrellas del espectáculo político, o consejeros de cajas de ahorros que han conducido a su entidad al fracaso y que se premian con jubilaciones de oro.

La exageración en las retribuciones suele ir de la mano de la opacidad. Solo cuando no ha habido más remedio que recortar, nos hemos enterado de las situaciones privilegiadas que se han mantenido durante años. Sin ir más lejos, cuando la Junta de Extremadura ha revelado los sueldos de los empleados públicos que cobran más de 100.000 euros anuales, resulta que los primeros puestos están ocupados por médicos, con nóminas de incluso más de 150.000 euros. Lo que no está nada mal para una Comunidad Autónoma con un déficit público del 4,6% de su PIB en 2011, y donde la izquierda clama contra los recortes en Sanidad.

Andalucía, otra Comunidad con un déficit público del 3,2%, ha decidido, entre otras medidas de ajuste, reducir en un 50% la flota de vehículos de altos cargos, y eliminar la partida de protocolo para personal directivo de empresas públicas, salvo la del presidente y los consejeros (entonces, ¿cuántos tenían derecho antes a estas atenciones?).

Pero no pensemos que el despilfarro se reduce a manías de grandeza de los altos cargos públicos. Cada uno a su nivel, distintos grupos han conseguido transformar en “derechos adquiridos” situaciones excepcionales, que no admiten parangón en el sector privado. Por ejemplo, los trabajadores del sector público en Andalucía ya “solo” van a tener seis días libres para asuntos propios, en lugar de los ocho que tenían antes (en Cataluña podían llegar hasta diez días), cuando en el sector privado lo normal es dos o tres; y también perderán las gratificaciones por jubilación y los complementos y pluses en las pagas extras.

En la enseñanza, donde también los sindicatos mantienen un pulso contra los recortes, resulta que, en cualquier colegio público, los profesores tienen menos horas de clase y más sueldo que los de los colegios privados concertados.

Estas ventajas comparativas son sin duda el resultado de la acción sindical, que siempre ha contado con más afiliados en el sector público y menos resistencia por parte del empleador estatal. Pero esas ventajas son a costa de los recursos públicos, financiados por todos los ciudadanos.

En el sector público, se identifica fácilmente la pérdida de ventajas laborales con un menoscabo del servicio. En realidad, hay mucha privatización encubierta, en forma de rentas, privilegios y derechos adquiridos, que trasvasan recursos públicos a bolsillos particulares.

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6 Respuestas a Privatizaciones descubiertas

  1. Enhorabuena por el blog, Ignacio:
    Lo leo ya con gran interés.
    Esperamos más blogs de Aceprensa repletos de buenos comentarios.
    Saludos!

  2. Nati dijo:

    Muy bueno el artículo….con ganas de leer más….

  3. Pocos lo han dicho tan claro, Ignacio. Qué ingenuos somos los españoles a veces.
    Un abrazo fuerte.

  4. Antonio Gómez dijo:

    Me alegra descubrir este blog: los apuntes de Aréchaga son siempre interesantes. Un detalle: los enlaces RSS a la derecha de la página dirigen al blog de Familia Actual.

  5. E. G-M. dijo:

    Me sumo alborozado a las albricias por este nuevo blog, que tanto vamos a disfrutar.

    Y felicito la primera entrada, con su punto de vista novedoso y verdadero.

    Pero añado que en este replanteamiento de la función pública hay dos variables que no se tienen en cuenta y que no se nos deben quedar sin diagnosticar. La primera, que la seguridad en el puesto de trabajo del funcionario no es un privilegio, sino una garantía de independencia para el administrado frente a los políticos que gestionan los servicios. Es al poder al que molesta y constriñe. Y por otro lado, para amparar los recortes que vienen, se está atizando en la opinión pública cierta envidia y hasta rencor contra los funcionarios, lo que tiene una grave implicación moral, a mi entender.

    Dicho lo cual, no hay que dejar de exigir eficacia, austeridad y honradez, desde luego.

  6. jabalí dijo:

    De acuerdo con todos los comentarios y además, y por emperativo “de la crisis”, agradezco que pueda leer de forma gratuita , con perdón, comentarios tan abiertamente “nuevos” y sin querer adoctrinar. Gracias.

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