“Podemos” y la corrupción de lo público

Iglesias explicando la Directiva VillarejoPodemos, la fuerza emergente de la política española, se presenta como el látigo contra la corrupción. Avalado por su virginidad política, Podemos puede denunciar la corrupción como un fenómeno propio de la “casta” política que se ha repartido hasta el momento la tarta del poder. Para poner coto a esta plaga que indigna a los ciudadanos, la formación de Pablo Iglesias propugna  “mecanismos  de  control  democrático  y  medidas  anticorrupción que aporten transparencia” sobre la adjudicación  de contratos  públicos,  la  financiación  de  los  partidos  políticos,  los patrimonios y rentas de los cargos electos, unido al endurecimiento de las sanciones por delito fiscal. Nadie se lo discutirá. Pero es de notar que esas normas ya existen, otra cosa es que sean mejorables y sobre todo respetadas. En algunos campos ha habido demasiadas normas innecesarias, mientras que las necesarias no se cumplían y no pasaba nada.

A pesar de esta sana intención limpiadora que aporta Podemos, cabe plantearse si la confianza ciega en lo público que respira su incipiente programa es un buen aliado en la lucha contra la corrupción. Esta apuesta por lo público es el leit motiv de Podemos, que igual propugna crear “medios públicos [de prensa] al servicio de los ciudadanos”, que “recuperar el control público en los sectores estratégicos de la economía” (que incluyen desde las telecomunicaciones a la alimentación o la energía), o anatematiza cualquier “privatización” en la sanidad o la enseñanza, lo que le llevaría incluso a eliminar los conciertos educativos.

Pero si algo enseñan las prácticas corruptas desveladas en los últimos años es que se han producido sobre todo en la gestión del sector público, utilizado como fuente de rentas para bolsillos privados, ya fueran de gestores o de proveedores.

Es inevitable recordar que no han sido los bancos privados sino las Cajas de Ahorro públicas las que han tenido que ser rescatadas, por la mala gestión y las prácticas fraudulentas. Por eso es un tanto inquietante leer que Podemos propone ahora crear  una banca pública  a partir de las antiguas Cajas de Ahorros, eso sí, “con gestión  democrática  bajo  control  social  efectivo”. Pero precisamente ese deseo de control social  es lo que llevó a sentar en los consejos de administración de las cajas a representantes políticos e institucionales que tan caros nos han salido, a veces por incompetencia, a veces por corrupción.

Pero no hablemos solo de las tropelías financieras. Una buena fuente de corrupción, según nos vamos enterando, han sido los cursos de formación para trabajadores, gestionados por sindicatos y patronal. Más nos valdría que hubieran estado a cargo de empresas privadas, que al menos competirían entre ellas.

Más fácil que encontrar trabajo a los desempleados ha sido crear empleos públicos a todos los niveles (administraciones, empresas públicas, fundaciones, gerencias…) para gente del partido o amigos del político de turno. Sería un error pensar que esto se debe a la falta de controles. Los problemas empiezan por la abundancia de cargos de libre designación. Como afirma Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), “las administraciones más proclives a la corrupción son aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político”. Y este tipo de empleados, cuyo horizonte laboral depende de las elecciones, es más propenso a otorgar tratos de favor a cambio de sobornos o de financiación ilegal para el partido de cuya victoria dependen. De ahí el clientelismo y la falta de transparencia que tantas veces caracterizan  a las instituciones públicas.

Desde el punto de vista de la eficacia del gasto, en el sector privado puede haber también mala gestión, pero es difícil encontrar el despilfarro de proyectos faraónicos que se han dado en el sector público. El gestor privado suele ser más prudente, pues sabe que se juega su dinero o el de los accionistas, mientras que el político de turno no va a tener que responder de su bolsillo.

Los profesores de Podemos parece que no han aprendido estas lecciones de la corrupción a la española, y siguen empeñados en que fuera de lo público no hay salvación, y que lo privado es siempre sospechoso, cuando no ilegítimo.

Bienvenida sea la aportación de Podemos a la lucha contra la corrupción. Pero probablemente ahora hay mucha menos corrupción en España que hace unos años.  Antes se aceptaban como normales o inevitables prácticas corruptas que ahora han salido a la luz pública y despiertan la indignación popular y la alerta judicial. Ha cambiado la sensibilidad, tanto en los ciudadanos como en los responsables públicos.

Lo peor que podría ocurrirnos ahora es una nueva proliferación de empresas públicas, servicios estatalizados y dispensadores de autorizaciones, que constituyen el caldo de cultivo del clientelismo y de los tratos de favor.

Print Friendly, PDF & Email
Esta entrada fue publicada en Política y etiquetada , , , , , . Guarda el enlace permanente.