¿La sanidad pública debe financiar intervenciones que no responden a un problema médico sino a consecuencias de estilos de vida libremente elegidos? La cuestión no es baladí, a medida que se difunde una “medicina consumista” dirigida no a tratar enfermedades reales, sino a satisfacer los deseos personales de los pacientes y a consolidar sus estilos de vida.
El tema ha vuelto a plantearse en Madrid con motivo de la sentencia judicial que ha condenado a la sanidad pública madrileña por no inseminar a una mujer de una pareja de lesbianas. La juez considera que se vulneró el derecho fundamental de la pareja a no ser discriminada por su orientación sexual.
Lo cierto es que el hospital se limitó a aplicar una orden del Ministerio de Sanidad de 2014, que limitaba el acceso a la reproducción a asistida a las personas con problemas de infertilidad. Para diagnosticar el problema se requería que tras un año de coitos vaginales no se hubiera producido el embarazo. Era una de las condiciones para el acceso a estas técnicas, igual que se imponen otros límites respecto a la edad de la paciente o el número de intentos (ciclos).
Ya entonces los colectivos de lesbianas pusieron el grito en la prensa asegurando que se les negaba su “derecho a ser madres”, ya que ellas no querían saber nada con un hombre.
En realidad, la ley no se lo impide. La ley de Reproducción Asistida de 2006 permite que cualquier mujer, “con independencia de su estado civil y orientación sexual”, pueda recurrir a estas técnicas. Así que una mujer sola puede hacerlo, a diferencia de lo que ocurre en otros países como Francia o Italia. Pero la ley no dice que haya que pagarlo con el dinero de todos en la sanidad pública. Una cosa es que la ley reconozca un derecho y otra que el erario público deba financiarlo.
Y en un momento en que la sanidad pública necesita hacer economías para asegurar los servicios médicos indispensables, no se ve por qué debe asumir costes que solo responden al estilo de vida del cliente.
La exigencia de que la esterilidad responda a una patología médica no es arbitraria. El propio Servicio Nacional de Salud Británico solo financia la reproducción asistida a las mujeres que a lo largo de dos años han tratado de quedarse embarazadas mediante relaciones sexuales sin anticonceptivos.
Ya que la esterilidad de las parejas de lesbianas o de mujeres solas no responde a un problema médico, no debería pagarse con fondos sanitarios, aportados por todos los ciudadanos. Pero si la sanidad pública debe estar al servicio del estilo de vida elegido por los pacientes, entonces también habría que financiar otras variadas opciones: como la congelación de óvulos, en el caso de mujeres que prefieren aplazar la maternidad por motivos laborales; o el derecho a ser madre de mujeres ya menopáusicas o de las que se sometieron a una ligadura de trompas y han cambiado de opinión; o, en otro ámbito, la cirugía estética de la que se considera discriminada por la naturaleza y por una débil cuenta bancaria.
En el caso de la reproducción asistida, lo que empezó siendo un servicio para superar una patología, se está convirtiendo en un instrumento al servicio de los “derechos reproductivos”, por no decir de los caprichos reproductivos. Dentro de las múltiples opciones abiertas por la revolución sexual, la figura de la madre soltera por elección y sin pareja ya no es rara. Hay mujeres que quieren un hijo pero no compartir su vida con nadie e incluso pueden ser aún vírgenes. En un reciente reportaje en Mail on Sunday, al menos cuatro de los principales clínicas de reproducción asistida reconocen que cada vez tienen a más mujeres solas entre sus clientes y que también han ayudado a mujeres heterosexuales vírgenes a concebir y a ser madres.
“El número de mujeres solas que he tratado se ha duplicado en la última década, y ahora suponen el diez por ciento de mis pacientes”, dice una doctora. “Un pequeño porcentaje nunca han tenido pareja ni nunca han tenido relaciones sexuales”.
Pero en el Reino Unido al menos pagan el tratamiento con dinero de su bolsillo. En cambio, aquí el lema es “mi estilo de vida lo elijo yo y la factura es de todos”.
También es curioso que en un asunto en el que no se admite ninguna discriminación respecto al cliente, se pase por alto que el bebé resultante ha sido discriminado en origen para no tener un padre. Se ve que la noción tan arraigada de que un niño merece tener padre y madre ha dejado de ser un derecho del menor.
