La gestión de las Universidades, asignatura pendiente

Los rectores de las universidades públicas españolas han hecho un comunicado conjunto en el que expresan el grave problema económico de sus instituciones, lamentan la disminución de los presupuestos destinados a la educación superior, piden una financiación pública suficiente y avisan que de lo contrario se hipotecará el futuro de España. Como es habitual en estos casos, se advierte que la inevitable pérdida de calidad universitaria no es un problema corporativo, sino de todos: “No perderán solamente las universidades, sino que perderemos todos, el conjunto de la sociedad”.

Ya que es un problema de toda la sociedad, no está de más que nos planteemos también si esos recursos públicos están siendo bien gestionados por las autoridades universitarias.

Algo que de entrada llama la atención es el contraste entre la oferta y la demanda universitaria en los últimos quince años. El número de alumnos en las universidades públicas (sin contar la Universidad a Distancia) ha pasado de 1.222.679 en 1996 a 1.117.430 en  el curso 2011-2012, es decir, un descenso del 8,6% en ese periodo.

Frente a la tendencia descendente de la matrícula, la oferta de enseñanzas oficiales de grado había crecido más del 43% en el conjunto de las universidades públicas, entre 1996 y 2008 (cfr. La Universidad española en cifras, 2010).

El número de enseñanzas ofrecidas pasó de 2.086 titulaciones en 2000 a 2.396 en 2008. En el citado informe, encargado por la propia conferencia de rectores, se reconoce “la saturación que se observa para un amplio abanico de titulaciones universitarias que en el transcurso de estos años han registrado unas destacadas caídas en sus respectivos niveles de demanda y que, sin embargo, han aumentado la oferta…”. Y se advertía que esto conduce a  “situaciones que podemos caracterizar como de subactividad y/o ineficiencia”.

Esta ineficiencia se manifiesta en la escasa demanda de algunas carreras ofrecidas. En el curso 2010-2011, 228 estudios de grado tenían menos de 30 alumnos de nuevo ingreso.

Eso sí, había cada vez más profesores y personal para atenderlos. El profesorado de las universidades públicas aumentó de 67.300 en 1996 a 102.378 en 2010-2011. Y el personal de administración y servicios creció un 55% entre 1996 y 2008.

Inversión y gasto

Como origen de esta expansión desmesurada se mencionan en ese informe las presiones de la sociedad local, los propios intereses  de los claustros académicos, la ausencia de diseños diferenciados en la oferta de estudios  y “la persistente debilidad de la función coordinadora de las Administraciones Central y Autonómicas”.

Ahora que las Administraciones –obligadas por la crisis fiscal– se han decidido a adoptar una postura más firme para poner orden en el gasto universitario, las autoridades académicas lo denuncian como una agresión externa. La realidad es que las Universidades están ahogadas por las desmesuradas plantillas que ellas mismas crearon alegremente, y que ahora se revelan imposibles de sostener. Quizá habría que enviar una troika a las Universidades públicas para que obligara a las autoridades académicas a encarar un problema que durante años han preferido ignorar. Es más fácil dejar de pagar a proveedores que suprimir estudios innecesarios y despedir profesores.

Los rectores piden que la financiación de la educación superior y de la investigación “sean consideradas como una inversión y no como un gasto”. Esta suele ser la fórmula habitual para defender “lo mío no se toca, que es muy importante”. Pero también hay que recordar que hay inversiones rentables e inversiones fallidas. En el sector privado, a nadie se le ocurriría invertir para crear más capacidad en un sector ya sobredimensionado, ni para asumir más personal del necesario, ni para ofrecer servicios sin que exista una demanda.  Con este tipo de inversiones perdemos todos.

En su comunicado, los rectores afirman que las universidades se comprometen “a incrementar la eficacia y la eficiencia de nuestras instituciones, y a continuar con la transparencia y la rendición de cuentas ante la sociedad”. Pues tienen por delante una gran tarea. Por el momento, es una asignatura pendiente. Pueden empezar por podar las universidades de titulaciones innecesarias y de profesores y personal sobrante. Antes de insuflar más recursos, la sociedad tiene derecho a saber si los fondos públicos que entrega a la universidad están siendo bien gestionados.