La desigualdad no se negocia

La exigencia de Vox de derogar la ley de violencia de género para sustituirla por otra de violencia intrafamiliar ha abierto un debate sobre un tema tabú. Como ante cualquier otra legislación, una cosa es el objetivo indiscutible de evitar un delito y de proteger a la víctima, y otra debatir sobre los medios más idóneos para conseguirlo. Ante los que se rasgan las vestiduras por la idea de cambiar la ley, no está de más recordar que ya antes de que existiera la ley de 2004 era un delito la violencia contra la mujer, dentro o fuera de la pareja. Lo que cambió fue que se calificó exclusivamente como violencia de género la ejercida por el hombre y se estableció un trato penal diferente en función del sexo.

Por eso, no tiene mucho sentido cerrar el debate político diciendo “la igualdad no se negocia”, pues lo que quiso consagrar la ley fue precisamente una desigualdad a favor de la mujer.

Los que consideran irreformable la ley parecen atribuirle más rigidez que a la propia Constitución. En su favor aducen que fue aprobada en el Parlamento con el apoyo de todos los partidos. Es verdad que ninguna fuerza política quería aparecer como insensible a la violencia contra la mujer, y que el afán de ser más feminista que nadie ahogó cualquier oposición de matiz.

Pero también es verdad que entre jueces y juristas hubo mucha menos unanimidad respecto al trato penal discriminatorio en función del sexo. No en vano se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad, de las que el Tribunal Constitucional admitió a trámite 127 en relación con el artículo que agravaba las penas en los casos en que el agresor fuera un varón. Otros 13 jueces interpusieron otras 60 cuestiones de inconstitucionalidad sobre tres artículos de la misma ley. Finalmente, en mayo de 2008 el Tribunal Constitucional avaló la ley, por una mayoría escueta de 7 contra 5. Al final solo se recuerda que el TC dio luz verde. Pero las dudas que suscitó entre juristas indica que no hace falta ser de Vox ni un pérfido machista para mostrarse escéptico ante esa legislación.

En cualquier caso, el que una ley sea constitucional no quiere decir que sea una buena ley y que esté siendo bien aplicada. Por eso me llaman la atención algunos modos de argumentar que están siendo utilizados para defenderla.

Por una parte, se dice que está sirviendo para reducir las víctimas mortales por violencia de género, que han pasado de 72 en 2004 a 51 en 2017, con un descenso del 30%. Pero si empezamos a contar en 2001 resulta que las víctimas de ese año fueron 50, es decir, menos que ahora. La realidad es que el número de víctimas se mantiene en torno a un valor central de 55-60 al año, sin que la variación pueda atribuirse a ningún efecto legal.

Lo que sí ha aumentado con la ley es el número de denuncias, que en 2017 alcanzó un récord de 166.620, con un incremento del 16,4% respecto al año anterior. Si se quiere dar una lectura positiva a este dato, de acuerdo con la lectura “oficial”, se dirá que las mujeres se atreven a denunciar el maltrato que están sufriendo y a cortar la relación con el maltratador. Pero la eficacia de la ley debería medirse también por la reducción de las situaciones de maltrato y la mejora del respeto entre hombres y mujeres, que es el objetivo último de una ley de este tipo. Y no da la impresión de que haya servido para esto, a juzgar no solo por las crecientes denuncias sino también por la persistencia de actitudes machistas entre parejas jóvenes, por mucho que hayan sido adoctrinados en la idea de la igualdad.

Entre el aluvión de denuncias no han faltado denuncias falsas, asunto especialmente polémico entre defensores y críticos de la ley. Los defensores aseguran que las denuncias falsas no se producen en un número “significativamente superior” a otro tipo de delitos. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado, desde 2009, el número de sentencias condenatorias por denuncias falsas ha sido 96, lo que supone un 0,1% del total. Bien, pero si el fenómeno de la falsedad de las denuncias lo medimos solo por las que dan origen a sentencias condenatorias, pueden quedarse en el tintero otras –¿muchas?, ¿pocas?– que no llegan a ser perseguidas. Lo que no podemos es decir a la vez que el maltrato de la mujer es un fenómeno mucho más extendido de lo que reflejan las sentencias, y en cambio que la falsedad se mide solo por las sentencias condenatorias.

No hay que perder de vista que en esta materia, a diferencia de otro tipo de delitos, la denuncia da ya de por sí unas ventajas. Si una mujer denuncia a su pareja por estafa, solo podrá obtener algo si los tribunales acaban dándole la razón. Si le denuncia por violencia de género (que puede ser solo psicológica), puede obtener de inmediato una serie de ventajas, desde echarle de la vivienda familiar a tener preferencia para la custodia de los hijos u obtener ayudas para mujeres maltratadas. Así que hay más alicientes para denuncias falsas.

Sin llegar a ser falsas, también hay denuncias infundadas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, de las 49.165 sentencias dictadas en 2017, el 67,4% fueron condenatorias y el 32,6% absolutorias. Este porcentaje de dos condenas por una absolución se repite en los últimos tres años. Es satisfactorio que las mujeres que realmente han sido víctimas obtengan reparación y protección. Pero cuando se hace el balance de la ley no parece tenerse en cuenta el maltrato a que han sido sometidos los hombres víctimas de denuncias falsas o infundadas, y que hasta que son absueltos pueden perder la vivienda familiar, la custodia de los hijos, a veces la libertad, pasan por la comisaría y los juzgados, y ven destrozada su reputación.

Algo que hay que pedir a toda ley con repercusiones penales es que el delito esté claramente tipificado. No debe de ser así con esta ley, cuando un tercio de los denunciados son absueltos. Y no estamos hablando de unos pocos, sino de más de 16.000 al año. Da la impresión de que en no pocos casos estamos convirtiendo en materia penal discusiones y riñas familiares, que no conllevan violencia.

Puestos a mejorar la protección de la mujer, es oportuno tener en cuenta el distinto porcentaje de víctimas de violencia de género, según el tipo de relación con el denunciado. A partir de los datos del informe 2016 del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, se desprende que la violencia es más habitual fuera del matrimonio. En el periodo 2014-2016, las víctimas fueron cónyuges (23,3%), excónyuges (6,4%) o en proceso de separación (1,6%); en cambio, el 68,6% de las víctimas no estaban casadas: eran pareja de hecho (23,1%), expareja de hecho (22,9%), exnovia (13,4%) o novia (9,2%). A partir de estos datos podríamos concluir que lo que más protege a una mujer en una relación de pareja es estar casada, lo que desmiente la visión del matrimonio como un obstáculo a la libertad y seguridad de la mujer. Esto no depende de la ley de violencia de género, pero es un dato sociológico que arroja luz sobre la prevención del maltrato.

Sin duda, la ley de violencia de género fue una ley bienintencionada, pero lastrada también por una visión ideológica que ahora considera escandaloso todo cuestionamiento. Pero, precisamente porque aborda un problema grave, hay que sacar experiencia de su aplicación y ver lo que hay que cambiar.

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4 Respuestas a La desigualdad no se negocia

  1. Sonsoles dijo:

    De lo más sensato, equilibrado y lúcido que he leído u oído estos días con respecto al tema. La alarma que se está generando en determinados ambientes es impresionante. Efectivamente, se establece como premisa indiscutible que si cuestionas cualquier aspecto de la ley de Violencia de Género es que estás a favor del machismo o que te son indiferente los delitos cometidos contra las mujeres.

  2. FRANCISCO JOSÉ SEGURA NOYA dijo:

    Artículo equilibrado y con contenido objetivo. Gracias

  3. José María dijo:

    Clarísimas las indicaciones de Ignacio Arechága

  4. José Sancho dijo:

    La l.v.g. no es un artículo de fe. Como otras leyes puede ser mejorada por las vías correspondientes.
    Hay leyes, como las referidas al aborto, que merecerían ser revisadas, por la injusticia «criminal»? al que tendría que nacer.

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