Evasores y exiliados fiscales

Los Papeles de Panamá han desatado las furias contra los que trasladan su fortuna a paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Pero ¿son evasores o exiliados fiscales? Según algunos comentarios de estos días, aunque los clientes del despacho de Panamá no hubieran hecho nada ilegal, su comportamiento sería “poco ético”. Entonces, ¿no es ético procurar pagar los menos impuestos posibles legalmente?

Si así fuera, habría que condenar a todos los asesores fiscales que se dedican precisamente a aprovechar las rendijas de la ley para que su cliente pague menos. Y, en última instancia, de un modo u otro, todos nos apuntamos a la interpretación más favorable a nuestros intereses, al menos hasta que choca con la del Fisco.

Ahora que la evasión fiscal se ha convertido en el único pecado público, cabe preguntarse si cualquier impuesto está justificado por el hecho de haber sido democráticamente aprobado. ¿Tiene la mayoría parlamentaria un cheque en blanco para cobrar impuestos a la minoría, incluso hasta niveles confiscatorios?

No es el caso de España. Pero cuando al inicio de su presidencia, François Hollande quiso gravar hasta con un 75% las ganancias de más de un millón de euros, un buen grupo de ricos franceses anunció su intención de exiliarse fiscalmente. El actor Gérard Depardieu fue el más crítico frente a este expolio y declaró que trasladaría su domicilio fiscal a Bélgica y hasta obtuvo la ciudadanía rusa. Bernard Arnault, director de LVMH y el hombre más rico de Francia, pidió la nacionalidad belga, aunque dijo que seguiría pagando impuestos en Francia. Y han sido muchos los líderes económicos, deportistas y artistas que han descubierto una inclinación irresistible por Suiza como nación adoptiva. Al final, el Tribunal Constitucional anuló este impuesto por razones técnicas, y la sangre no llegó al río.

Depardieu no es el único artista enfrentado con el Fisco. En 1976, Ingmar Bergman fue acusado por el Fisco sueco de evasión de impuestos (acusación que luego se demostró falsa). El rebote de Bergman le llevó a dar un portazo a lo que entonces se consideraba el “paraíso sueco” (este, de corte socialdemócrata) y a exiliarse en Alemania hasta 1982.

En el mundo globalizado de hoy, con capitales sin fronteras, la soberanía fiscal de los países es limitada. Un Estado no puede imponer unos impuestos tan altos que ahuyenten al inversor o al profesional. Cada vez más, quien tiene la posibilidad de mover su capital o sus competencias, se pensará en qué país le interesa tener su actividad y tributar. Es lo que hacen también las multinacionales tecnológicas como Amazon, Apple o Google, que venden en todas partes pero concentran sus obligaciones fiscales en países de baja tributación como Irlanda o Luxemburgo.

La presión fiscal (impuestos directos e indirectos más cotizaciones sociales) respecto al PIB alcanza una media del 34% en la OCDE. Pero hay modelos diferentes. En los extremos está el modelo de menos impuestos con menos servicios públicos –al estilo de EE.UU., Japón o Irlanda–, donde la presión fiscal está en torno al 25-28%. En el otro extremo, los países nórdicos o Francia, con una presión fiscal superior al 45% que da derecho a amplios servicios. España se encuentra en la franja intermedia, con una presión fiscal del 33,2%. Luego está el modelo de los que creen que se pueden tener servicios de primera haciéndoselos pagar solo a los ricos, una creencia típica de partidos laicos que creen en los milagros.

En definitiva, se trata de ver si uno prefiere pagar menos impuestos y esperar poco del Estado, o dejar que sea el Estado el que decida en qué te conviene emplear la mitad de tus ingresos financiando obligatoriamente los servicios públicos. Pero no pensemos solo en escuelas y hospitales; la financiación pública puede ir también a proyectos faraónicos como los que han proliferado en España en época de vacas gordas, con museos vacíos, AVE para no ser menos que el vecino y autopista hasta el último pueblo.

Frente a esta voracidad impositiva, los paraísos fiscales ofrecen sobre todo el atractivo de la opacidad. Para exigirles un intercambio automático de información, se dice que la opacidad puede servir para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Bien, pero entonces también nos debería parecer lógico que el FBI pidiera a Apple que permitiera el acceso al sistema de seguridad del iPhone, para resolver casos de terrorismo, o que la ANS americana espiara los correos electrónicos. Pero en estos casos nos parece que es más importante salvaguardar el derecho a la privacidad.

En el terreno de la fiscalidad, parece que la privacidad cuenta cada vez menos. No solo hay que confesarse con Hacienda para decir cuánto dinero has ganado, con quién y en qué circunstancias; también es cada vez más corriente que los políticos y cargos públicos –como ha hecho ahora Cameron– decidan o sean obligados a hacer pública su declaración de la renta. El caso extremo es el de países como Noruega, Suecia o Finlandia, donde la declaración de la renta de todos los ciudadanos está disponible en Internet para escrutinio público. Se supone que esta transparencia crea una presión para la sinceridad fiscal, igual que antes la posible reprobación social vigilaba que la vida afectiva y sexual de todos respondiera a los estándares admitidos.

Hoy somos todos transparentes ante el Gran Hermano del Fisco.