Permitir que el ciudadano tenga acceso a informaciones disponibles en las Administraciones públicas se considera un derecho en los países democráticos. En virtud del “derecho a saber”, rige el principio de la publicidad de la información, de modo que el secreto y las denegaciones de acceso deben ser limitadas y debidamente motivadas. Así, frente al ocultismo de tiempos pasados, los avances en la trasparencia informativa van poniendo más datos a disposición del público.
Por eso llama más la atención que en Ontario (Canadá) se haya dado un paso atrás, en un tema muy concreto: las estadísticas e informaciones sobre el aborto. Desde este año, los ciudadanos no pueden solicitar a las instituciones públicas datos sobre este asunto. Todas estas informaciones son ahora secretas, ya que han sido excluidas de aquellas que las Administraciones han de facilitar.
El cambio en la ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad se hizo a la chita callando, sin ningún debate parlamentario ni publicidad. Solo ante la denegación de una petición de datos, se descubrió el cambio realizado. La enmienda había sido introducida a través de otra ley, que trata de la responsabilidad financiera de las organizaciones públicas, de modo que pasó inadvertida. Un cambio oculto introducido por la puerta de atrás, como si fuera un aborto clandestino (en inglés llamados backstreet abortion).
Hay que tener en cuenta que Canadá es uno de los pocos países en que no hay una regulación sobre el aborto, sin ninguna limitación de plazos ni de supuestos. En 1988 el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales las leyes vigentes sobre el aborto, y desde entonces no hay un marco legal sobre este asunto. Todo vale.
Ahora va a valer también en la provincia de Ontario el ocultamiento de los datos. Las últimas estadísticas conocidas de 2010 mostraban que en Ontario se habían realizado casi 44.000 abortos, lo que equivalía a unos 31 abortos por cada 100 nacidos vivos. Otras estadísticas de 2007 revelaban fenómenos preocupantes: el 52% de las mujeres que abortaban habían tenido uno o más abortos previos; la quinta parte de las jóvenes de 15-19 años habían abortado. Quizá eran datos que “podían herir la sensibilidad”.
Pero es que todo lo que se refiere a las estadísticas del aborto en Canadá está lleno de agujeros. No hay ninguna legislación que obligue a las clínicas privadas a comunicar los datos al Ministerio de Sanidad, a diferencia de los hospitales. La provincia de Québec no ha facilitado ningún dato sobre abortos en 2010, lo cual ha permitido al movimiento pro-vida felicitar irónicamente a Québec “por ser la primera provincia de Canadá en erradicar el aborto”. También en la British Columbia, los legisladores han excluido el aborto de la información accesible al público, aunque con menos limitaciones que en Ontario. En suma, no hay modo de saber con exactitud las tendencias sobre el aborto en el país.
El caso de Canadá pone de relieve un doble rasero en la trasparencia sobre el fenómeno del aborto. Cuando se trata de legalizarlo, se hacen hipótesis que sobreestiman de modo inverosímil el número de abortos clandestinos, y se denuncia la hipocresía de una sociedad que no quiere saber lo que está pasando. En cambio, en un país como Canadá, donde el aborto es plenamente legal y podría saberse con certeza la magnitud del fenómeno, se hace todo lo posible para ocultar esa información al público. Así se le priva también de los datos que necesita para formarse una opinión y expresarla. Con el aborto parece primar el consentimiento desinformado.
Es bueno enterarse hasta qué punto prima la cultura de la muerte en Canadá, asunto que es probable que no quede circunscrito a ese país, sino que, como reguero de pólvora se contagie por aquello de la globalización. Hay que tomar en cuenta esta llamada de alerta, que no sólo denuncia una práctica criminal aprobada sin reservas, sino que promueve el secreto, la falta de información, con lo que el derecho a saber, es lesionado impunemente ocultando la magnitud del problema.
Creo que se la causa de tanto secretismo: los abortos extremadamente tardios de 7,8 o incluso 9 meses. Una cuestión que la industria del aborto desea ocultar.