Bendita privatización

Mesa llena de expedientesTómese una lista de espera en la Administración en la que hay casi medio millón de solicitantes, que aguardan en algunos casos desde hace años.  Adóptese un plan de choque para solucionarlo. Y, pasados siete meses, el 66% se los expedientes se han tramitado y el resto van resolviéndose a buen ritmo. ¿Un milagro de la burocracia?  No, un efecto de la privatización.

Estamos hablando del monumental atasco de los expedientes de nacionalidad que acumulaba el Ministerio de Justicia hasta el año pasado. Por raro que pueda parecer, incluso en estos tiempos de crisis varios centenares de miles de extranjeros afincados en España aspiran a obtener la nacionalidad española (quizá sin perder la propia, en el caso de latinoamericanos). En cado caso hay que hacer un expediente en el Ministerio de Justicia para ver si el solicitante cumple los requisitos, justificados con documentos. Desbordado por las peticiones, que aumentaban al ritmo de 10.000 nuevas al mes, el Ministerio retrasaba cada vez más la respuesta, para desesperación de los interesados.

Por fin, el Ministerio de Justicia suscribió el pasado 25 de junio un convenio con el Colegio de Registradores, para que estos se encargaran de la tramitación y verificación de los requisitos y enviaran una propuesta de concesión o denegación de la nacionalidad, que finalmente sería resuelta por el Ministerio.

Hoy en día, según datos que figuran en la web de los Registradores, se han resuelto ya 315.032 expedientes de un total de 478.233, es decir, dos de cada tres, y se espera acabar con el atasco a lo largo de 2013. A lo mejor es porque con la caída de la venta de viviendas tenían menos trabajo, pero la realidad es que los 1.000 registradores en ejercicio  han demostrado una gran eficacia.

Y además, según dicen, sin cobrar un euro del Ministerio por su trabajo. Aseguran que se lo han tomado como una labor social. Es verdad que los registradores de la propiedad  no son una ONG ni han hecho voto de pobreza. Desde hace tiempo aspiran a ocuparse de las tareas del Registro Civil,  que hoy realizan funcionarios del Ministerio de Justicia. Y con esta colaboración en los expedientes de nacionalidad, hacen méritos y demuestran que pueden y saben hacerlo.

En este caso no ha habido –por el momento– gritos contra la “privatización del servicio público”. Aún no se ha oído: “¡El Registro no se vende!”, ni ha habido una “marea” (¿rojigualda?), para protestar contra esta cesión a la iniciativa privada de algo tan “público” como lo relacionado con la obtención de  la nacionalidad. Quizá porque los funcionarios se han quitado así un buen trabajo de encima.

No solo la privatización del trabajo ha redundado en una mayor rapidez. También da la impresión de que los registradores han sido más meticulosos a la hora de examinar los expedientes: han propuesto conceder la nacionalidad en el 83% de los casos y denegarla en el 17%, porcentaje este último cinco veces superior a los datos previos del Ministerio.

Y, sin duda, los principales beneficiarios han sido los solicitantes que aguardaban desde hace mucho tiempo a que se resolviera su petición. Seguro que no les ha importado que su expediente haya sido tramitado por manos privadas en vez de públicas.

La idea de que solo las estructuras públicas sirven de verdad al público demuestra una vez más ser una creencia sin fundamento. El verdadero servicio público es el que resuelve los problemas del ciudadano con eficacia y fácil acceso, lo preste quien lo preste.

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5 Respuestas a Bendita privatización

  1. Juan Luis dijo:

    Es que no es del todo una privatización, ni del todo la mejora es por causa del buen trabajo de los registradores. No hace mucho que al ministerio no le daba la gana nacionalizar a nadie, y nacionalizaban cuando no había otro remedio. Hay que ver, no lo sé, si los funcionarios se dedicaban a eso en exclusiva y cuántos eran, o qué contratos tienen los trabajadores que ahora se dediquen a eso. Por otro lado, un registrador no es una empresa privada, sino un señor que ha sacado una oposición, de hecho la más difícil que hay, y ejerce una labor pública con licencia del estado cobrando al particular por arancel. Notarios y registradores no cuestan nada al estado, pero muchísimo a los usuarios, no nos olvidemos, mientras su responsabilidad, en eso no son ajenos los funcionarios, primos hermanos, es muy limitada. Vamos, que no está mal que a los registradores se les dé este negocio, ni que los usuarios paguen, al menos un aparte del gasto del servicio que se les ofrece, lo que no se puede es confundirlo con una privatización porque no lo es. Todo presupuesto hay que hacerlo con un lápiz rojo cerca, el de una privatización hay que comenzar con uno verde, el de la empresa concesionaria que si no saca un beneficio, y un beneficio importante, no licitará, a partir de ahí, teniendo en cuenta que los funcionarios españoles por lo general no está bien pagados y que los servicios que dan, en algunos casos como la sanidad, son de muy alto valor, si alguien me pretende convencer que la privatización abarata costes no lo hará salvo que me traiga una contabilidad seria bien auditada y cómo han cumplido con su servicio, porque con las radiales ya vemos que eso de que la empresa privada se gestiona mejor, las que no quiebran sí, pero a veces la que quiebra es la concesionaria de un servicio o un bien público.

  2. Ana de P dijo:

    El problema no es privatización sí/no, sino ánimo de lucro en la Sanidad. Si de lo que el estado paga a una empresa para que asegure mi sanidad (precio cerrado, siempre), tiene que dividir entre mi salud y su beneficio, necesito estar muy segura de su ética para saber que no va a escatimar recursos en mi salud, y eso ya ha quedado demostrado que no es así en centros concertados madrileños (selección de pacientes rentables o no, impedimentos para traslados justificados por causa médica porque “el dinero sigue al paciente” y no queremos que se vaya al hospital público, traslado a la pública de las complicaciones no rentables, etcétera, etcétera. Yo he trabajado en privadas que hacían lista de espera de la pública y hasta usaban electrodos distintos en unos pacientes y otros: los baratos y malos para los de la pública. Y si pretendías dejarle un día más en UCI por criterio médico tenías un problema con la dirección.

    Nadie ha dicho que no haya bolsas de ineficiencia en la sanidad pública, los médicos hemos presentado propuestas que la administración ha ignorado. Queremos una buena gestión pública. Que la inmensa mayoría de personal sanitario (yo nunca he visto nada semejante), los colegios de médicos y las asociaciones profesionales de diverso signo y las sociedades científicas están como un bloque enfrente de la reforma, debería hacer reflexionar a los gestores. O al menos aportar datos de que lo que pretenden es mejor que reformar la gestión pública, datos que llevamos pidiendo desde hace casi 5 meses. ¿No los tienen o no les conviene darlos? No lo sabemos.

  3. Jesús Villar dijo:

    Me parece interesante el artículo y no está falto de razón, en parte. Sin embargo me gustaría puntualizar que los funcionarios no somos en muchos casos los que tenemos la culpa del mal funcionamiento de la propia Administración, en bastantes casos es de quien dirige la acción del gobierno (estatal, autonómico, local o institucional).
    Tal vez algo de culpa tienen quienes ocupan puestos de prominencia y de libre designación sin ser especialistas en las materias por las que son nombrados, también, de determinados políticos (no todos) que lo que parece que lo que quieren es alimentar su propia razón, la tengan o no, en vez de la solución de los problemas reales de los ciudadanos y la mejora del bien común. En el caso del artículo que nos ocupa seguramente es verdad, no conozco ese caso concreto de la Administración de Justicia…
    Particularmente creo que es bueno que se puedan externalizar determinados servicios, pero CUIDADO que servicios, que pueden acabar en manos no tan “blancas” como la de los registradores de la propiedad, ni tan “limpias”… y ser utilizados de manera poco clara, porqué, no lo olvidemos, el Estado da muchos servicios que no son rentables a las empresas… y, las empresas no van a querer realizar trabajos de los que no puedan sacar provecho.

  4. José Miguel Viu Torres dijo:

    El atasco en la tramitación de los expedientes civiles, venía provocada no por los Registros Civiles, sino por el Ministerio de Justicia, en concreto por la Dirección Gral. de los Registros y el Notariado, que cuando ya estaba tramitado el expediente y se remitia a esa dirección el expediente, debía solicitar de la Dirección General un informe a la Policia Nacional sobre antecentes y posteriormente resolvia. Pues bien, ese tramite se dilataba como una año y medio.

    El pasado 25 de junio de 2012 el Ministerio firmó un convenio con el Colegio de Registradores para tramitar parte del expediente, pero solo se limitan a digitalizar el expediente y los documentos, y verificar que esta toda la documentación porque la calificación del grado de integración en la sociedad española del solicitante, (que requiere al menos una entrevista e informes) la sigue haciendo el Magistrado encargado del Registro Civil. Este nuevo trabajo del registro civil se ha concretado en una instrucción de 2 de octubre de 2012 de la Dirección Gral. de los Registros Ciivles y del Notariado que aclara y concreta los documentos a aportar en cada supuesto.

    Si bien, el reparto a las mil oficinas del registro, de orden de 400 expedientes, de todos los que estaban acumulados en los sotanos de la C/ Jacinto Benavente se ha hecho mál sin guardar el orden de reparto, así que hoy estan resueltos los expedientes de 2012 pero los del 2010 siguen esperando.

    Cuando el Ministro Gallardon accede al cargo nombra de Director General de los Registro y del Notariado a un Registrador de la Propiedad D. Joaquín José Rdríguez Hernandez y curiosamente a partir de que se encomienda parte de la tramitación de los expedientes de nacionalidad a los registradores de la propiedad se empieza a resolver rapidamente los expedientes en esa dirección general, se digitalizan y se aclara la documentación requerida …. vamos que así cualquiera hace meritos.

  5. ramon mendiburu belzunegui dijo:

    Los registradores también son funcionarios públicos, de modo que no se da privatización alguna.

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