Como nueva frontera del derecho al hijo, algunas voces de la política y de la prensa han lanzado una campaña a favor de regular la “maternidad subrogada” en España. Ya que la práctica de los “vientres de alquiler” está lastrada por la mercantilización, es preciso lavarle la cara, empezando por un cambio de nombre, que suene más aséptico.
Además, se dice que con la regulación esta gestación será “altruista y con estrictos controles”, según asegura un editorial de «El País», medio que se ha convertido en el abanderado de esta causa. Según la táctica habitual, no se debate sobre el núcleo del asunto, es decir, si puede ser ético instrumentalizar el cuerpo de una mujer como incubadora natural para la gestación de un hijo de terceros, ni las repercusiones que esto puede tener en el hijo cuando conozca su origen. Se desvía la atención hacia el aspecto monetario del asunto: la maternidad subrogada quedaría justificada siempre que no se hiciera por dinero ni explotara a mujeres pobres.
El editorial empieza por condenar el “turismo reproductivo” de parejas que van a países donde la práctica es legal, lo cual facilita un “lucrativo negocio de intermediación” y “el abuso y explotación de mujeres pobres”. Uno puede pensar que esto bastaría para descalificar esta práctica, tanto en países pobres como en ricos, igual que condenamos el trabajo infantil, el tráfico de órganos o el turismo sexual. Aunque no hubiera dinero de por medio, nos parecería mal.
Pero, como se trata de bendecir legalmente esta práctica, el diario aboga por “la regulación de la maternidad subrogada por motivos estrictamente altruistas”. Pero ¿esto es posible?
Si hemos de juzgar por la experiencia de los países en los que es legal, en todos los sitios la maternidad subrogada ha dado lugar a un «baby business», a través de agencias y clínicas que ponen en contacto a clientes y vientres de alquiler. Sin dinero, no hay gestación.
La realidad es tan palmaria que, después de condenar la mercantilización, hay que reintroducirla por la puerta de atrás. “Otra cosa es, dice, que, como ocurre en el caso [de la donación] de los óvulos, se pueda compensar a la mujer que dona su capacidad de gestar por los tratamientos y molestias”. Pero la compensación por las molestias y los riesgos es lo que justifica cualquier alquiler, ya sea por el uso de un piso o por una prestación sexual. Llamarlo compensación en vez de precio no hace que la práctica sea más altruista.
Así se explica que los vientres de alquiler se recluten entre mujeres necesitadas de dinero de países pobres. No se sabe de altruistas europeas ricas que se presten a hacer de madres subrogadas para una pareja de campesinos indios pobres.
«El País» quiere “evitar que mujeres pobres se vean obligadas a gestar un hijo para otros por la única razón de que son pobres”. Pero la experiencia indica que el motivo económico es lo que mueve esta “donación”. Y los abusos a que ha dado lugar han obligado a que países pobres donde es legal (India, Camboya, Tailandia…) la prohíban para clientes extranjeros o la estén limitando.
¿Por qué en España habría de ser distinto? Si tenemos en cuenta lo que ocurre con la “donación” de óvulos, que «El País» cita como ejemplo, se trata también de un altruismo de pago. Aunque la ley prohíbe su carácter lucrativo, admite compensar por las molestias y desplazamientos, lo que, a precios de mercado, supone que las clínicas españolas pagan unos 1.000 euros por extracción.
Aunque las clínicas no reconozcan este factor lucrativo en sus mensajes para captar donantes, en reportajes periodísticos se menciona con claridad. Como reconocía el director médico de una de estas clínicas, “antes existía un verdadero problema para conseguir donantes de óvulos en España”; pero la crisis económica no solo ha solucionado el problema, “sino que además tenemos hasta lista de espera” de mujeres que quieren donar, sobre todo madres solteras y estudiantes. Se ve que la crisis estimula el altruismo.
También aquí se comprueba que en estos temas los “estrictos controles” no suelen tener mucho éxito en la práctica. Por ejemplo, la ley española sobre reproducción asistida establece la creación de un Registro de donantes, para que no se supere un límite de seis hijos generados con óvulos de la misma donante. Pero el registro –previsto ya en la primera ley de 1988– nunca se ha creado, y las clínicas se limitan a dar por bueno lo que declare la donante.
Si no somos capaces de controlar ni las donaciones de gametos en nuestro país, difícilmente podríamos vigilar cómo se produce la maternidad subrogada en el extranjero. Sin embargo, «El País» es tan iluso como para proponer que “una vez regulada, solo deberían reconocerse las gestaciones realizadas en el extranjero que cumplan los mismos requisitos”.
Quizá los defensores de la legalización de la maternidad subrogada quieren acabar con el “turismo reproductivo” para favorecer el sector nacional de clínicas de reproducción asistida que quieren ampliar su negocio. Pero olvidémonos del altruismo. Si van a utilizar el cuerpo de mujeres necesitadas de dinero, al menos que las paguen bien.
